EscucharDesde los años ochenta Costa Rica desarrolla programas para una mejora regulatoria o simplificación de trámites en el gobierno central, las municipalidades y las entidades autónomas, pero hoy solo 155 de 2.000 procesos registrados se han logrado agilizar.
Esa cantidad de procesos fueron inscritos por parte de las entidades públicas en el Catálogo Nacional de Trámites, el cual maneja el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), rector en materia de mejora regulatoria.
Así lo determinó un estudio exploratorio acerca del tema de mejora regulatoria, incluido en el más reciente informe del Programa Estado de la Nación.
Esa conclusión preliminar corrobora las dificultades que tiene Costa Rica en este campo cuando es evaluado en mediciones internacionales como el Doing Business, elaborada por el Banco Mundial. En el informe del 2017, por ejemplo, el país se ubicó en el puesto 125 de 190 naciones en cuanto a la facilidad para abrir un negocio.
De igual manera sucede en el Índice de Competitividad Global 2017-2018, donde el país aparece en la posición 104, de un total de 137 naciones, en cuanto a la cantidad de procedimientos para comenzar un negocio; y de 102 en relación con la cantidad de días para iniciar un negocio, por citar otro ejemplo.
LEA MÁS: Costa Rica se estancó en el índice de Doing Business 2017
El análisis del Estado de la Nación advirtió de que varios gobiernos abordaron este problema desde la década de los años ochenta. Además, la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, puesta en vigencia en el 2002, y sus posteriores reformas, creó los instrumentos para impulsar ese proceso bajo la rectoría de la Dirección de Mejora Regulatoria del MEIC.
En esa ley se nombró a este ministerio como ente rector en ese campo. Luego, en la actual administración, en el 2014, se solicitó a cada institución del Gobierno Central nombrar a un oficial de mejora regulatoria y a definir cuáles trámites se simplificarían.
La ministra del MEIC, Geannina Dinarte, reconoció que se trata de un tema complejo, en el cual hay que crear conciencia en las instituciones y en las municipalidades; que requiere muchas veces de cambios legales y de inversiones que deben seguir todo el proceso de la institucionalidad pública.
Sin embargo, aseguró que en los últimos años se han dado notables avances, aunque parezcan pequeños, entre la gran cantidad de trámites. La cantidad de procesos simplificados ya subió a 209, manifestó la funcionaria.
Señaló, entre los retos, la ampliación del uso de las plataformas con trámites digitales, lo cual pasa porque mayor cantidad de personas utilice la firma digital, así como que ineludiblemente las Municipalidades deben integrarse a los planes.
El presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), Franco A. Pacheco, enfatizó en que el primer paso para avanzar mejor sería modificar la ley para que entidades autónomas y municipios también estén obligados a acatar los planes del gobierno. De esa manera, dijo, el MEIC tendría una verdadera rectoría.
Estado de la Nación abordó de manera exploratoria este tema de mejora regulatoria en el último informe, concretamente en el capítulo 3: "oportunidades, estabilidad y solvencia económicas".
LEA MÁS: Gobierno se compromete a simplificar 195 trámites en el 2015
Aunque el informe reconoce algunos avances en la simplificación de trámites, destaca ciertos programas específicos (Regístrelo, del Ministerio de Salud; Creaempresa, del Registro Nacional y Administración de Proyectos de Construcción, del Colegio de Ingenieros) y resalta casos en las regiones Brunca, Pacífico Central y Chorotega, sugiere que el avance es moderado.
“Regístrelo” pretendía reducir significativamente el tiempo para la obtención de un permiso sanitario de funcionamiento, pero en realidad solo se bajó de cuatro meses a entre dos y tres meses, señala el informe.
Para el caso de “Creaempresa”, se reconoce que se eliminó la obligación de tramitar personalmente la constitución de sociedades, pero todos los demás actos, como la inscripción de propiedades muebles e inmuebles e hipotecas, aún deben efectuarse en el Registro Nacional. Además, esos trámites están sujetos a la discrecionalidad del funcionario registrador.
Mientras tanto, la plataforma APC ha permitido integrar en un solo trámite la inspección de distintas entidades. Sin embargo, una vez que se presenta la documentación ante las municipalidades, la obtención del permiso de construcción es incierta, advierte el Estado de la nación.
Resultados preocupantes
El análisis exploratorio recuerda que desde el 2010 el MEIC ha estado elaborando el Catálogo Nacional de Trámites. En esta instancia se han inscrito unos 2.000 trámites, de los cuales solo 155 se han logrado simplificar. "Ambas cifras se estiman pequeñas en relación con el universo de trámites que existen en el país", considera el informe.
El catálogo es alimentado por cada institución, la cual debe inscribir los trámites existentes.
Pamela Jiménez-Fontana, investigadora del capítulo económico del Estado de la Nación, explicó que el tema es de gran interés por la incidencia que tiene en el desarrollo de la inversión privada y en el crecimiento económico.
Aclaró que el abordaje de este informe fue apenas exploratorio y que no se tienen datos totales, por lo cual es difícil llegar a conclusiones. Adelantó que ya están trabajando con el MEIC para tener un análisis completo en el próximo informe de ese programa.
La primera aproximación al tema resume, especialmente, medidas adoptadas en los dos últimos gobiernos, en los cuales, según Jiménez, se aceleró el interés por revisar los trámites y tomar medidas en mejora regulatoria.
En general, Jiménez explicó que para el fomento del crecimiento económico y el desarrollo de la inversión, el país necesita ser competitivo y, para ello, que los trámites estén relacionados, estén sistematizados, accesibles y transparentes, de tal manera que no obedezcan a criterios subjetivos.
Para Pacheco, el problema es que así como se eliminan o simplifican algunos trámites se crean otros. Eso, aseguró, promueve la informalidad en el país, tanto que se estima que un 45% de la población económicamente activa (PEA) está en esa condición.
