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El Programa Mi Primer Empleo ya arrancó y, desde octubre pasado, hay personas trabajando por medio de esta modalidad. Sin embargo, todavía no está claro el mecanismo con el cual se va a cancelar a las empresas a partir de abril del 2016.
Este programa paga un incentivo de ¢1.456.000 a las empresas por cada trabajador que contraten y que tenga una de tres características: que sea menor de 35 años, mujeres de cualquier edad y personas con alguna discapacidad.
El pago se hace en dos partes: la primera, seis meses después de que el trabajador se inició en el puesto, y la segunda, cuando cumpla un año de laborar.
Como los primeros contratos se realizaron en octubre, los pagos deberán comenzar a realizarse en abril próximo.
Según información proporcionada por el Ministerio de Trabajo, institución que lidera la iniciativa, hasta ahora 201 empresas han firmado convenios para participar, y hay 1.615 contrataciones realizadas o en proceso.
La meta del Poder Ejecutivo es incorporar en el plan a 10.000 personas anuales, durante un periodo de tres años.
Representantes de varias de las empresas que participan dijeron a La Nación estar satisfechas con el programa.
Datos al último trimestre del 2015 de la Encuesta Continua de Empleo, señalan que el 72% de las personas desempleadas, unas 156.000, son muchachos que tienen entre 15 y 35 años.
Además, de acuerdo con el Censo Nacional del 2011, en Costa Rica había 297.050 personas entre 15 y 65 años con algún tipo de discapacidad. De ellas, 54% (162.022) carece de empleo, aun cuando tiene aptitudes para laborar.
En cuanto a este grupo, el Ministerio de Trabajo dijo que en abril se incorporarán a la iniciativa aproximadamente 20 personas en esta situación, que son parte de Coopesuperación R. L.
En las mujeres, el desempleo es del 12,5%, en comparación con un 7,8% en los hombres.
¿Transferencias o fideicomiso? El costo total de ese proyecto ronda los ¢43.680 millones.
Por el momento, la vía para pagar es por medio de transferencias del Ministerio de Trabajo, pero la entidad lo que pretende utilizar es el Fideicomiso 02-99 del Ministerio de Trabajo, el Banco Popular y Pronamype (Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa y la Movilidad Social). Este opera desde setiembre de 1999 con dineros del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
Este programa se utiliza para otorgar crédito y capacitación a personas en condición de pobreza, para que puedan generar su propio negocio. Por eso es que se usan únicamente los fondos de Fodesaf, el cual invierte entre ¢1.500 millones y ¢2.000 millones al año, según explicó Sandra Chacón, asesora legal del ministro de Trabajo, Víctor Morales.
Lo que pretende la entidad es que los aportes que hagan las instituciones al programa se manejen como una subcuenta de este fideicomiso y se les pague a las empresas por medio de él.
El Instituto Nacional de Seguros era una de las entidades que iba a aportar ¢10.000 millones al programa, pero la Superintendencia General de Seguros frenó el desembolso debido a cuestionamientos legales.
Por ahora, se cuenta con ¢100 millones del Ministerio de Trabajo y ¢480 millones del Instituto Nacional de las Mujeres, lo cual cubriría los pagos de este año. Además, hay ¢2.000 millones de aportes del Fodesaf, el Patronato Nacional de la Infancia y el Instituto de Desarrollo Rural
El Ministerio de Trabajo presentó una adenda al contrato de fideicomiso original, el 22 de setiembre del 2015, a la Contraloría, seis días después de publicar el programa en La Gaceta . No obstante, el órgano contralor ha solicitado más información y aclaración sobre algunos puntos.
Por ejemplo, por qué se considera que la figura del fideicomiso es la más pertinente o cuál es la proporción que aportará cada institución; además, el mecanismo por usar para separar las poblaciones que busca atender el programa en cuanto a los fondos disponibles y cómo se está llevando adelante el programa si a la fecha no se ha refrendado el contrato de fideicomiso, entre otras.
Así consta en los documentos que forman parte del expediente del fideicomiso 02-99, en la Contraloría General de la República.
Chacón señaló que mientras la Contraloría evalúa el fideicomiso, se puede comenzar a pagar a las empresas con transferencias del Ministerio de Trabajo.
Añadió que si no se aprobara el fideicomiso, aun así, el Ministerio estaría en capacidad de gestionar los recursos por medio de su Dirección Financiera.
