Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) acordó la posibilidad de que Costa Rica tenga acceso a un total de $756 millones de financiamiento, luego de superar la revisión de metas fiscales pactadas en los dos préstamos que el país mantiene con el organismo internacional.
En específico, se trata del quinto giro por $271 millones del Servicio Ampliado del FMI (SAF), aprobado en marzo del 2021; y el segundo desembolso por $485 millones del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad, autorizado en noviembre del 2022.
Ding Ding, jefe de la Misión del organismo internacional, manifestó que el giro de los recursos estará disponible para Costa Rica a partir de diciembre, después de la aprobación definitiva del Directorio Ejecutivo del FMI.
El vocero del Fondo reconoció que si el Banco Central de Costa Rica (BCCR) no logra crear el indicador sobre riesgo climático, acordado en el financiamiento del Servicio de Resiliencia, la meta del programa podría variar o incluso podría no darse el próximo desembolso.
Sin embargo, enfatizó que dependerá de las conversaciones que se tenga con el país y de la resolución de la Sala IV, de la cual serán respetuosos, sobre el acceso a datos de deudores sin anonimizar.
“Si esto pasara (no entregar el indicador) tendremos que ajustar las condiciones y habría que reconsiderar, es una posibilidad. Otra opción sería decir que la medida es necesaria y como claramente no puede ejecutar se puede perder el desembolso relacionado”, dijo el líder la misión del FMI.
Ding dejó claro que el desembolso ligado al indicador de riesgo climático es de $60 millones. El compromiso del BCCR es entregar el repositorio de la nueva estadística en febrero del próximo año.
Mejora en resultados
Los representantes del Fondo estuvieron de visita en el país entre el 17 y 28 de octubre con el objetivo de mantener reuniones y revisar el cumplimiento de las metas de los dos financiamientos suscritos con Costa Rica.
Además, se dedicaron a hacer la evaluación para la Consulta del Artículo IV, que es un análisis anual de la evolución de la economía nacional, de proyecciones macroeconómicas y recomendaciones de mejoras.
Precisamente, el organismo multilateral resaltó los avances de Costa Rica en materia económica.
El elemento más relevante fue que elevó la proyección de crecimiento de la producción al 5% para este año, impulsado por el dinamismo de las exportaciones y la recuperación de la demanda interna. Para el 2024, la proyección es del 3,5% de crecimiento del producto interno bruto (PIB).
Ding destacó el rápido descenso de la inflación, lo cual permitiría al Banco Central volver a una posición neutral en su política monetaria hacia mediados de 2024.
El ente emisor elevó su tasa de política monetaria (TPM) hasta el 9% para combatir la alta inflación durante el 2022. En marzo empezó un proceso de reducción y actualmente el indicador está en 6,25%.
“Conforme la inflación cedió, el BCCR redujo adecuadamente la tasa de interés de política monetaria y debe seguir normalizando su política para garantizar que la inflación converja decididamente hacia la meta (del 3%)”, explicó Ding.
El jefe de la Misión del Fondo también destacó que el sistema financiero costarricense es resiliente a choques adversos, sus indicadores de capital y liquidez son holgados y las provisiones son adecuadas. Pero su alta dolarización genera vulnerabilidades.
Para el FMI sí es necesaria la aprobación de una reforma en la regulación bancaria para llevar igualdad de condiciones de competencia. En específico, Ding dijo que se debería eliminar la garantía pública en los depósitos de los bancos estatales.
La legislación actual brinda el respaldo del Gobierno al Banco Nacional y al Banco de Costa Rica (BCR), en un eventual escenario de riesgo financiero.
El FMI también propuso reformar las cargas parafiscales del Nacional y el BCR para convertirlas en una única transferencia hacia el Gobierno.
Además de que no debería exigirse a los bancos privados aportar parte de sus depósitos de corto plazo al Sistema de Banca para el Desarrollo.
Riesgos fiscales
El organismo multilateral advirtió al país sobre su preocupación de aprobación de leyes, como la rebaja del marchamo, y la presentación de proyectos legales que buscan reducir la recaudación tributaria del Gobierno.
El jefe de la Misión del Fondo enfatizó que preservar el cumplimiento de la regla fiscal es clave, pues esta herramienta es la principal responsable de la contención del gasto gubernamental y de las metas pactadas.
Por ejemplo, el Gobierno Central registró un superávit primario acumulado hasta setiembre de 1,7% del PIB y, para el próximo año, sería de 1,85% de la producción.
“La previsión del personal técnico de un superávit primario a medio plazo del 2 por ciento del PIB reduciría la deuda a aproximadamente el 50% del PIB hacia el 2035″, dijo Ding.
Sin embargo, criticó que algunas exclusiones de instituciones a la regla fiscal tienen una justificación poco clara y debilitan su objetivo de contención del gasto público.
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, afirmó que erosionar la base de impuestos generará una disminución en la recaudación tributaria.
“La reducción del impuesto a la propiedad de los vehículos le costó al país ¢50.000 millones (...) la reducción de impuestos tiene una trampa, porque reduce la capacidad del Estado de atender a los más vulnerables”, afirmó el jerarca.
El jefe de la Misión del FMI destacó que conforme el Poder Ejecutivo disminuya su nivel de endeudamiento habrá cierto margen para para aumentar la inversión pública y el gasto en asistencia social.