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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prevé que la mejora en las finanzas públicas de Costa Rica continúe. Sin embargo, advierte de que el bloqueo económico a las medidas fiscales podría tener repercusiones negativas en los mercados financieros y el tipo de cambio.
Así lo indica la Organización en su informe sobre perspectivas económicas, publicado este 1°. de diciembre, en el cual estima un crecimiento de la producción para Costa Rica del 3,9% en el 2022, y 2,9% para el 2023.
“Se prevé que la mejora de las finanzas públicas continúe gracias a la contención del gasto público, en consonancia con la regla fiscal, e ingresos más elevados favorecidos por la mayor actividad económica”, indica la OCDE.
“Sin embargo, un bloqueo político que retrasara la aprobación de las medidas fiscales adicionales de apoyo a los planes fiscales del gobierno obstaculizaría estas mejoras y comprometería la sostenibilidad de la deuda pública, con posibles repercusiones negativas en los mercados financieros y el tipo de cambio”, advirtió el organismo del cual Costa Rica forma parte desde el 25 de mayo.
En su informe, publicado este 1°. de diciembre, la organización de 38 naciones –que mueven el 60% del comercio mundial– estima un crecimiento de la producción para Costa Rica del 3,9% en el 2022, y 2,9% para el 2023.
La organización aclaró que las proyecciones suponen la aprobación tanto de la reforma de empleo público como de medidas adicionales que aumentan los ingresos fiscales.
Añadió que el alto grado de dolarización de la economía costarricense la expone a riesgos asociados a movimientos bruscos en el tipo de cambio, que podrían derivarse de un endurecimiento inesperado de las condiciones financieras mundiales.
Los planes fiscales que impulsa actualmente el Gobierno son los proyectos incluidos en el acuerdo con el FMI, que contemplan, además de la Ley Marco de Empleo Público, la renta global, reducción de beneficios fiscales (dictaminado negativo la semana pasada por la Comisión de Asuntos Jurídicos), el llamado impuesto a las casas de lujo, y el aporte solidario y temporal sobre la utilidad de las empresas públicas. Además, el impuesto a la lotería.
El economista de la OCDE, Alberto González Pandiella, con experiencia internacional por más de 15 años, detalló a La Nación el informe:
–¿Ustedes prevén que la mejora fiscal que ha logrado Costa Rica se pueda sostener?
–Creemos que ha habido una mejora, eso muestran las estadísticas y lo valoramos muy positivamente.
“Se está viendo que las reformas fiscales que Costa Rica ha venido implementando en los últimos años, en el 2018, están dando frutos y la regla fiscal funciona, cumple con su cometido, pero al mismo tiempo el Gobierno se marcó un plan fiscal que era alcanzar un superávit fiscal de 1% (de la producción) en el 2023 y poner entonces la deuda en tendencia decreciente.
“Creemos que ese es un buen plan desde un punto de vista fiscal, pero desde un punto de vista más amplio porque crea espacio para incrementar la inversión pública, para fortalecer programas sociales”.
Para cumplir con él sí creemos que son necesarias medidas adicionales que ya están planeadas, pero que están pendientes de poner en marcha”.
–Los planes fiscales del Gobierno son básicamente los que están incluidos en el proyecto con el Fondo. Quería aclarar que esos son a los que se están refiriendo y, segundo, ¿nos puede explicar las repercusiones negativas en los mercados financieros y en el tipo de cambio si hay un bloqueo político a las medidas fiscales?
–Nosotros, en nuestras proyecciones, en nuestro escenario central, hemos supuesto que finalmente se aprueba la Ley de Empleo Público y también esos cambios tributarios adicionales que están dentro del plan fiscal del Gobierno y que forman parte del acuerdo con el Fondo (Monetario Internacional). Pero señalamos como un riesgo muy importante que no se consiga avanzar en esas medidas adicionales.
“Con esas medidas adicionales la deuda alcanzaría su máximo en el 2023 (…) y el tope de la deuda que alcanzaría sería del 75% (respecto a la producción), un nivel relativamente elevado.
”Sin esas medidas adicionales estas dinámicas serían todavía menos favorables y entonces habría riesgo de que se incrementara la prima de riesgo, sobre todo de que hubiera un incremento en las tasas de interés locales.
”Esto tendría un efecto por un lado fiscal, se incrementaría el coste de financiar la deuda, lo cual agravaría más la situación fiscal, pero también repercutiría en los costes de acceso a crédito para pymes (pequeñas y medianas empresas) y para las familias, lo cual haría que la recuperación se debilitara y tendría un efecto negativo en la confianza, lo cual repercutiría en el consumo y la inversión”.
–¿Y el tipo de cambio?
–A su vez, se podrían generar tensiones en el tipo de cambio, se podrían generar depreciaciones que podrían ser abruptas y eso tendría un impacto importante en la inflación.
–¿Ustedes consideran que los frutos que está dando la Ley de Fortalecimiento no son suficientes para poder doblar la curva de la deuda pública?
–Nosotros creemos que la ley del 2018 está dando sus frutos para lo que fue diseñada, en el sentido que son medidas que se aprobaron en el 2018 y se pusieron en marcha.
”Pero la situación fiscal de Costa Rica se complicó después de diciembre del 2018. Se complicó en el 2019 antes de la pandemia y aún más durante la pandemia, y en ese sentido, en aquel momento cuando se diseñó, el ajuste gradual del gasto público conseguiría poner la deuda en una tendencia decreciente; pero hoy en día hace falta algo más para llegar a esa misma historia”.
–La OCDE ha insistido en trasladar parte de la carga fiscal de las cotizaciones a la seguridad social a los impuestos sobre los bienes inmuebles para impulsar el empleo formal. Hay otras propuestas en Costa Rica para aumentar el impuesto de renta a las empresas a cambio de reducir las cargas sociales. ¿Cómo evalúa esa posibilidad?
–Desde una comparativa internacional vemos que los impuestos donde Costa Rica recauda relativamente poco son el impuesto a la propiedad y el IVA (impuesto al valor agregado).
”Ahí es donde vemos más espacio para trasladar la carga fiscal. En ambos casos se puede hacer el traslado de manera que (la carga) sea progresiva y que incluso contribuya a reducir la desigualdad y la pobreza. En el impuesto a la propiedad se pueden establecer mínimos exentos y tasas impositivas más elevadas para las propiedades de más valor. En cuanto al IVA, se puede acompañar de transferencias monetarias directas a las familias más vulnerables”.
–Las proyecciones de crecimiento para Costa Rica indican que podrían ser de un 3,9% para el 2022 y 2,9% para el 2023. ¿Cuáles son los riesgos de dichas proyecciones?
–El principal riesgo siguen siendo nuevos rebrotes de la covid-19. Estamos viendo nuevos rebrotes en muchos países europeos, y algunos están reinstaurando algunas restricciones. La mejor forma de mitigar este riesgo es acelerar la vacunación. Costa Rica ha progresado mucho en su vacunación en las últimas semanas y hay que continuar con los esfuerzos.
”Las estadísticas muestran una mejora de las cuentas públicas, pero elementos claves del plan fiscal que se había trazado siguen sujetos a mucha incertidumbre sobre su puesta en marcha. Esto deja a Costa Rica vulnerable a posibles episodios de volatilidad financiera que pudieran afectar a economías emergentes”.
–Estiman que la tasa de desempleo continuará alta y que todavía en el 2023 no se alcanzaría el nivel de desempleo que había antes de la pandemia, pese al crecimiento estimado en la producción. ¿Por qué?
–La reactivación del empleo llega tradicionalmente con un rezago respecto a la recuperación de la actividad económica. El sector turismo, que es un sector con un gran peso en el empleo, se irá recuperando pero de manera muy gradual.
”A medida que mejora la economía también vuelven más individuos a la búsqueda de empleo, y eso mitiga en parte la reducción de la tasa de desempleo”.
