EscucharLa Oficina del Consumidor Financiero (OCF) presentó, el martes 5 de setiembre, una acción de inconstitucionalidad contra las interpretaciones hechas por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) de su propia Ley Orgánica y de la Ley del Sistema de Estadística Nacional.
La acción también se presentó contra el acuerdo 6093-2022 de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR), en el cual se realizó la petición de información de los deudores del sistema financiero nacional ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
En un comunicado de prensa, la OCF informó de que presentó la acción de inconstitucionalidad contra la interpretación de los artículos 14, inciso d; el 40; y el 132, inciso c, de la Ley Orgánica del Banco Central que realiza la autoridad monetaria para solicitar la información.
Estos artículos e incisos particulares son mencionados en el acuerdo 6093-2022 como parte de los argumentos que utilizó el Banco Central para justificar la petición de información a Sugef. Estos hacen referencia a la necesidad de la autoridad de publicar resúmenes estadísticos sobre la situación económica del país, abarcando información sobre producción, precios, moneda, crédito y otros aspectos.
Asimismo, se señala la obligación de colaboración de entidades y órganos públicos, incluyendo la aportación de datos y la realización de informes y estudios requeridos por el Banco Central, así como las competencias de la Junta Directiva para solicitar información crediticia con el acuerdo de al menos cinco de sus miembros.
Por otro lado, los artículos de la Ley del Sistema de Estadística Nacional son el 16, párrafo 1°, así como el 65 y 68, los cuales establecen las obligaciones de proporcionar información estadística y las sanciones para quienes no cumplan con estas disposiciones.
“La OCF estima que está legitimada para actuar en nombre del consumidor financiero. No solo porque lo hemos venido haciendo en múltiples situaciones, sino porque en toda esta discusión sentimos que todas las partes están organizadas, haciendo valer sus argumentos”, manifestó Danilo Montero, director de la OCF.
En la acción, la OCF cuestionó que para generar estadísticas, el BCCR pretenda acceder a datos personales de carácter restringido e, incluso, considerados sensibles de las personas a las que se les otorga un crédito en el sistema financiero nacional.
“Se deben de entender que la información estadística se construye a partir de datos agregados, que es un conjunto de información recopilada con base al promedio o resumen de un grupo de datos individuales o personales que no permite la identificación de personas físicas”, manifestó la OCF en el documento, del cual tiene copia La Nación.
Aunque reconoció la importancia de generar estadísticas por parte del BCCR, la oficina expresó su preocupación por la necesidad de individualizar y cruzar esta información con datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la Dirección General de Tributación.
Esta oficina es una instancia de carácter privado, creada en 2014, que tiene como objetivo brindar apoyo y asesoría a consumidores de productos bancarios y financieros en el marco de un convenio con entidades financieras afiliadas, así como la promoción de la educación financiera.
Cabe destacar que recientemente, la Sala IV aceptó dar curso a la acción de inconstitucionalidad presentada por la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) contra la solicitud del Banco Central a la Sugef para obtener información crediticia de los deudores sin anonimizarla.
La Nación solicitó, a las 11:50 a. m. de este jueves, una reacción del Banco Central sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por la OCF. El departamento de prensa confirmó la recepción de las consultas, pero al cierre de edición no hubo una respuesta.
