EscucharEl presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció el inicio de conversaciones con diversos sectores del país para reformar el sistema público de pensiones, amenazado por un déficit que pone en peligro el pago a los jubilados.
Según el mandatario, al diálogo, que iniciará el próximo lunes, podrán acudir grupos empresariales, sindicatos y organizaciones civiles, que deberán llevar sus propuestas para reformar el sistema de pensiones y sustentarlo económicamente.
Según los expertos, en 2025 la Caja del Seguro Social, entidad pública encargada de las pensiones, acumulará un déficit superior a los $1.000 millones, lo que podría provocar que más de 300.000 jubilados no puedan cobrar su pensión por falta de fondos.
“Vamos a definir qué haremos para adelante y de dónde saldrán los recursos. Avanzar hacia una Caja del Seguro Social robusta, fortalecida y viable será el norte”, manifestó Mulino.
“No será este presidente quien permitirá que colapse la Caja del Seguro Social”, agregó sin dar cifras sobre la situación del seguro social.
De esas conversaciones, el gobierno panameño pretende elaborar un proyecto de ley que será discutido en el Congreso en sesiones extraordinarias en noviembre y diciembre.
Para el año 2030, el déficit del sistema de pensiones podría duplicarse si no se toman medidas, advierten diversas fuentes.
“Seguir apadrinando el deterioro del servicio de salud y permitir que quienes con su sacrificio de décadas de trabajo se queden sin jubilación no es una opción para mí”, afirmó Mulino.
“No podemos permitir que ningún ciudadano no reciba su jubilación, eso no es negociable”, declaró en la víspera el ministro panameño de Economía, Felipe Chapman.
El presidente panameño ha manifestado en reiteradas ocasiones, tras tomar posesión de su cargo el pasado 1 de julio, que uno de los principales objetivos de su gobierno es reformar el deficitario sistema público de pensiones.
Las reformas podrían contemplar posponer la edad de jubilación (actualmente los hombres se jubilan a los 62 años y las mujeres a los 57) y un mayor aporte de los trabajadores, opciones que son rechazadas por los sindicatos.
