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Costa Rica y República Dominicana han mantenido buenas relaciones comerciales durante los últimos años. De hecho, ambos conforman Tratados de Libre Comercio, como es el caso del TLC entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR).
A pesar de esto, ambos países mantienen abierto un proceso de solución de diferencias ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), debido a las medidas antidumping –contra la competencia desleal– que aplicó el país caribeño sobre la importación de barras de acero provenientes de Costa Rica.
Esas medidas pueden afectar los intereses comerciales del país, en un mercado que tiene un gran potencial de crecimiento. Por eso, La Nación le explica cómo se dio este conflicto comercial y en qué etapa se encuentra.
Medidas antidumping
En primer lugar, para entender la relevancia del proceso es necesario saber en qué consiste una medida antidumping, como la que aplicó República Dominicana sobre la importación de las barras de acero costarricenses.
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Según la OMC, cuando una empresa exporta un producto a un precio inferior al que normalmente se maneja en el país de destino, se dice que se hace dumping. Por eso, los gobiernos pueden adoptar medidas con el objetivo de proteger a sus ramas de producción nacionales, conocidas como medidas antidumping.
Para poder adoptar esas medidas, los países deben demostrar que existe dumping, calcular su magnitud (cuánto más bajo es el precio de exportación en comparación con el precio en el mercado del país del exportador), y demostrar que está causando daño o que existe una amenaza daño (nexo de causalidad).
El caso de República Dominicana
El 30 de julio del 2018, en respuesta a una solicitud que hizo la empresa dominicana Gerdau Metaldom, la Comisión de Defensa Comercial (CDC) de ese país realizó una investigación antidumping a las barras o varillas de acero corrugadas o deformadas por refuerzo de concreto que exporta Arcelor Mittal desde Costa Rica.
Como resultado, en una resolución del 27 de diciembre del 2019, la CDC estableció un arancel del 15% a la importación de estos productos.
En dicha resolución, la medida se dictó por un periodo de cinco años, a partir del 6 de enero del 2020 y hasta el 6 de enero del 2025.
El alegato de Costa Rica
La Nación consultó al Ministerio de Comercio Exterior (Comex) por más detalles del proceso y los motivos que llevaron a la institución a proceder ante la OMC. Por medio de su oficina de prensa, el ministerio respondió que no se pueden referir al proceso ni dar detalles de este, debido a que el caso aún no está resuelto.
Andrés Valenciano, exministro de Comercio Exterior entre 2020 y 2022, explicó que fueron varios los motivos por los que se procedió ante la OMC por este caso.
Valenciano mencionó la afectación a los exportadores costarricenses, la defensa de los intereses comerciales y el hecho que la medida va en contra de las reglas de la OMC y los tratados de libre comercio.
Según indica el resumen del caso en la página web de la OMC, Costa Rica alegó que la medida fue tomada por el país caribeño aún bajo la ausencia de dumping y de daño.
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Lucrecia Brenes, consultora en comercio internacional y asesora legal de Arcelor Mittal en el caso, explicó que la parte que representa demostró que no existía una práctica de dumping, y que las exportaciones costarricense no causaron daño.
Explicó que, en aquel momento, la economía dominicana atravesaba un proceso de recesión económica, y se logró demostrar que el daño que afectaba a la industria fue causado por dicha recesión, además de que las exportaciones costarricenses no representaban ni el 10% del consumo dominicano en este producto.
Brenes mencionó que durante el proceso, República Dominicana dio un giro a sus alegatos, porque cambió su versión a que no existía un daño, sino una amenaza de daño basados en presunciones bastante ficticias; aunque añadió que Costa Rica logró demostrar que esa amenaza tampoco existe.
¿En qué etapa está el proceso?
El pasado 7 de octubre del 2022, el presidente del grupo especial establecido para solucionar el caso envió un comunicado a las partes involucradas explicando que no prevé dar traslado del informe definitivo antes del primer trimestre del 2023.
Según el documento, el grupo especial no está en condiciones de facilitar una fecha estimada de distribución del informe, debido a “la complejidad del caso y a las solicitudes de las partes de un plazo adicional para preparar sus comunicaciones”.
Esta etapa del proceso se da después de la celebración de consultas, una etapa que permite que las partes aclaren los hechos del asunto y las alegaciones del reclamante, con la intención de establecer las bases de una solución o para llegar a un arreglo anticipado.
En cualquier etapa, las partes pueden alcanzar una solución anticipada. Andrés Valenciano mencionó que no ha visto una voluntad expresa del país caribeño de eliminar el impuesto, que sería la única solución amigable para Costa Rica, pero explicó que el escenario no se debe descartar.
Lucrecia Brenes amplió que ve poco probable una solución temprana y amigable, pues el proceso se encuentra muy avanzado y ambas partes han invertido una cantidad considerable de recursos.
De momento, ambos países se encuentran a la espera de que el grupo especial de traslado del informe definitivo, que podría estar seguido por la apelación de la parte que no quede conforme con la resolución.
El mercado de las barras de acero
Según los datos de exportaciones de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), las exportaciones de este producto en 2021 a todo el mundo superaron los $159 millones. De esas ventas, más de $51 millones tuvieron como destino la República Dominicana, aproximadamente una tercera parte.
Entre enero y noviembre del 2022, las ventas se estimaron en $96 millones, esto sin considerar los meses de abril a junio por el hackeo a los sistemas del Ministerio de Hacienda. Si consideramos el mismo periodo en 2021, la venta fue de $100 millones, $4 millones más que el último año
A pesar de la leve reducción en el valor de las exportaciones, la caída del sector a 2022 es más preocupante si se analizan los volúmenes, que pasaron de 122.133 toneladas en 2021 a 100.028 en 2022.
Esta afectación no se debe a la medida antidumping que impuso República Dominicana, pues las exportaciones de barras de acero a ese país más bien aumentaron en 2022.
República Dominicana mantiene un arancel de importación del 20% a las barras de acero a los otros países con los que no mantiene tratados comerciales, y ha establecido medidas antidumping a los principales exportadores a nivel mundial, como China y Turquía.
Lucrecia Brenes, quien también es economista, concluyó explicando que República Dominicana ofrecía oportunidades muy interesantes para los exportadores costarricenses, pues podían vender a este mercado bajo los tratados de libre comercio, mientras los demás países tenían que ingresar a un mercado muy protegido.
