EscucharRóger Madrigal López, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), apresuró a los miembros de la Junta Directiva de la entidad a aprobar la exigencia de datos de deudores sin anonimizar a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
En la sesión 6093-2022, del 23 de noviembre del 2022, el jerarca enfatizó la necesidad de alcanzar pronto el acuerdo pues había que cumplir un compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el 28 de febrero del 2023, es decir, en tres meses.
“Entonces, los que estemos de acuerdo, por favor, levantemos la mano. Antes de eso, firmeza, se requiere firmeza. Sí, por el tiempo, porque estamos contra el reloj. Entonces, por favor. Los seis miembros manifiestan su anuencia a solicitar la información y le damos firmeza, por favor, ¿estamos de acuerdo?”, recalcó Madrigal, según el acta de la cual tiene copia La Nación.
Seguidamente, remató: “Todos (...) con seis miembros presentes. Seis miembros a favor. Queda en firme la solicitud a Sugef”.
Dos días después, el 25 de noviembre, la entidad monetaria efectuó la petición formal de información individualizada de deudores a Rocío Aguilar Montoya, jerarca de la Superintendencia.
El 29 de noviembre Aguilar respondió a la exigencia con una negativa, al aducir que es información confidencial. Públicamente, el caso se conoció el 17 de agosto pasado, cuando Sugef reveló que la superintendenta fue denunciada penalmente por el Central por no entregar los datos integrales, sin anonimizar, de todos los deudores bancarios.
Este diario consultó a Madrigal, el lunes 25 de setiembre, por qué urgió a los miembros de la Junta a aprobar la petición de información a la Sugef. Sin embargo, al cierre de este artículo no hubo respuesta.
Contradicciones
El caso también tiene contradicciones. Antes de la votación, a la Junta Directiva del Banco Central se le explicó que Sugef y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) estaban dispuestos a dar la información. Sin embargo, Sugef y Conassif lo niegan.
También se les dijo que la información requerida es un compromiso con el Fondo Monetario Internacional, pero, el FMI informó a La Nación que “no dicta” cómo recopilar información para cumplir acuerdos.
El 23 de noviembre, en la Junta Directiva donde se tomó el acuerdo de exigir información a Sugef, participó Hazel Valverde Richmond, gerenta del Banco Central. Ella explicó que Sugef y Conassif estuvieron de acuerdo en compartir información de deudores.
Recalcó que los datos eran necesarios para construir nuevas estadísticas vinculadas a riesgos climáticos, pues es un compromiso con el FMI.
“Tuvimos una reunión con la Presidencia del Banco (Central) y la Presidencia del Conassif y doña María del Rocío (Aguilar), para conversar sobre el tema, donde ellos nos manifestaron su anuencia, su interés de colaborar con el proceso”, dijo la funcionaria a la Directiva.
Sin embargo, el FMI respondió a este diario que no dicta las formas en que se recopila la información para cumplir con los acuerdos de generación de estadísticas dentro de sus programas, y que los datos a los que acceden las entidades deben de respetar los marcos legales del país.
Valverde también explicó a la Junta que la información requerida a la Sugef era la de crédito individualizado para lograr la identificación de cada préstamo por zona geográfica. Empero, la Sugef refutó a la gerenta del Central.
La Oficina de Prensa de la Superintendencia informó a La Nación que ni la Sugef ni el Conassif manifestaron en algún momento su anuencia a compartir datos con los números de identidad de las personas.
Además, negó que Alberto Dent, presidente del Conassif, y Róger Madrigal, jerarca del BCCR, hayan participado en la reunión virtual en la cual se discutió el tema del acceso a la información de datos de deudores.
Dicha cita se efectuó el 9 de noviembre del año pasado, y estuvieron la gerenta del Banco Central, la superintendenta de Sugef y asesoras jurídicas de ambas entidades.
Después de la reunión, el compromiso fue que se enviaría un borrador de acuerdo que se analizaría en la Directiva del Banco, con el detalle de información a solicitar, y se enviaría a la Superintendencia.
“El acuerdo fue aprobado el miércoles 23 de noviembre, por la Junta Directiva del Banco Central, antes de que la Sugef concluyera el análisis del borrador, debido a que el mismo fue compartido con muy poco tiempo de anticipación, la noche del viernes 18 de noviembre, y es hasta el lunes 21 de noviembre que la Sugef conoce el borrador, dos días hábiles antes de que la Junta Directiva lo aprobara”, detalló la Superintendencia.
La respuesta de Sugef, en la cual se negó a entregar información de clientes bancarios sin anonimizar, se remitió al BCCR el 29 de noviembre.
El presidente Central dio otra versión durante su comparecencia en la Comisión Control del Ingreso y el Gasto Público de la Asamblea Legislativa, el 21 de setiembre pasado. Allí, Róger Madrigal declaró que a la Sugef se le dio la opción de referirse al acuerdo, pero no se recibió a tiempo la respuesta.
“El 18 de noviembre se envía el borrador de acuerdo a la asesoría jurídica de la Sugef y nunca recibimos respuesta. Se le hace ver que la meta (para cumplir con el FMI) se tiene para el 28 de febrero del 2023, el tiempo avanza y que necesitamos proceder”, dijo Madrigal a los diputados.
El presidente de la entidad monetaria confirmó que el 25 de noviembre del año pasado fue cuando se notificó a Rocío Aguilar Montoya del acuerdo en firme de la Junta Directiva.
Advertencia por incumplimiento
Durante la sesión de la Junta Directiva del 23 noviembre del 2022, tanto el presidente de la entidad, como la gerenta informaron a los directivos sobre el efecto a la Superintendencia por no entregar la información.
“Someto a su votación el borrador de acuerdo que consta de dos partes, una es la solicitud de la información (...) con localización geográfica y la segunda parte, de las consecuencias que tiene el que la Sugef no comparta esa información con el Banco una vez que el Banco la ha solicitado”, explicó Madrigal López.
En específico, se trata de una falta muy grave a los deberes del cargo establecida según la Ley del Sistema Nacional de Estadística.
Precisamente, en abril de este año, la jerarca de la Superintendencia fue denunciada ante el Ministerio Público por la gerenta del Banco Central, Hazel Valverde Richmond, por el presunto delito de desobediencia a la autoridad debido a su renuencia a entregar los datos sin anonimizar.
La Oficina de Prensa de la Sugef precisó a La Nación que en ninguna de las reuniones que Aguilar Montoya tuvo con funcionarios del BCCR se informó sobre sanciones ni sobre la posibilidad de una denuncia penal por el incumplimiento en el suministro de información.
La jerarca no fue la única denunciada. En julio, a Bernardo Alfaro Araya, gerente general del Banco Nacional, también se le llevó ante la Fiscalía General de la República.
Pese a que la Sugef se negó a entregar la información, el Banco Central la pidió a cuatro grandes bancos, de los cuales, tres le entregaron los datos de clientes sin anonimizar: Bac Credomatic, Banco de Costa Rica y Banco Popular.
Solo el Banco Nacional no lo ha hecho. “Le dijimos al BCCR que impera el secreto bancario en tanto no cumplan el protocolo debido: un acuerdo de la Junta Directiva que levante la confidencialidad de esa información”, respondió el gerente Bernardo Alfaro.
La misma explicación dio la Sugef para indicar por qué no dio la información al Central: “La asesoría jurídica de la Sugef ha considerado que la solicitud es contraria a los artículos 132 y 133 de la Ley N°7558, que declaran la confidencialidad de la información, documentos y operaciones de las entidades supervisadas a que tiene acceso la superintendencia y que almacena en sus bases de datos y sistemas; y en los que se prohíbe al superintendente, intendente, funcionarios y miembros del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero( Conassif), suministrar información a terceros”.
