Róger Madrigal López, presidente de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR), confirmó que la institución no retirará las denuncias penales contra Rocío Aguilar Montoya, jerarca de la Sugef, y Bernardo Alfaro Araya, gerente general del Banco Nacional, por negarse a entregar datos sin anonimizar de deudores.
Así lo aseguró Madrigal López en su segunda comparecencia en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, de la Asamblea Legislativa, efectuada este jueves 5 de octubre.
“La falta de desobediencia (al no entregar la información solicitada) es una acción pública y el Banco no la puede retirar. El Banco necesita la información para la generación de estadística y no la podemos detener, la generación de estadística macroecnómica”, afirmó el presidente de emisor a los diputados.
Él se refirió al tema después de que el diputado de Nueva República, Fabricio Alvarado Muñoz, consultó por qué no retiran los procesos presentados ante el Ministerio Público contra la jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), en abril pasado, y el gerente del Banco Nacional, en julio.
Adicionalmente, en un intercambio con el diputado verdiblanco, Francisco Nicolás Alvarado, el jerarca del BCCR afirmó que estaban en la obligación de denunciar porque así lo dicta la Ley del Sistema de Estadística Nacional, cuando una persona o institución se niega a entregar información.
Sin embargo, Nicolás Alvarado cuestionó que esa misma legislación establece que, ante la negativa de brindar los datos solicitados, se debe efectuar, en primera instancia, una prevención.
“¿Ustedes hicieron esa prevención don Róger?”, preguntó el legislador. A lo cual el jerarca del Banco Central dijo: “Son dos cosas distintas. Una es la acción administrativa y, la otra cosa, es informar a la Fiscalía para proceder con la denuncia”.
La respuesta molestó al liberacionista quien consideró que la institución monetaria nunca tuvo la intención de efectuar la prevención.
“Se fueron directamente a la Fiscalía a hacer la denuncia porque, a mi entender, ustedes buscan presionar a la superintendente (Rocío Aguilar Montoya) para que los dejen tener acceso a la información”, consideró Nicolás Aguilar.
El jerarca del ente emisor brindó explicaciones por segunda ocasión a los diputados de la comisión legislativa.
En la primera comparecencia, efectuada el 21 de setiembre anterior, los legisladores acordaron abrir una investigación al Banco Central por la exigencia de información crediticia, sin anonimizar, de personas y empresas a la Sugef y cuatro bancos sistémicos.
Las entidades sistémicas son aquellas que tienen la capacidad de generar inestabilidad en el sistema financiero en caso de entrar en problemas financieros.
En el país, esas entidades son el Banco Nacional, BAC Credomatic, el Banco Popular y Banco de Costa Rica. Solo el Nacional se negó a entregar los datos de sus clientes, el resto sí lo hizo.
Lo que solicitó el FMI
Por otra parte, durante su comparecencia, el presidente del BCCR reconoció que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no dictó la obligación de usar datos con la identificación de los deudores para la construcción del indicador de riesgos climáticos en el sistema financiero.
“El microdato (información de deudores sin anonimizar) no hemos dicho que lo pidió el Fondo. Con ellos, y la Sugef, se habló de cómo construiríamos el indicador (...) vimos la información que teníamos y cómo se podía construir”, afirmó el jerarca.
Madrigal López insistió, tal como lo hizo en su primera comparecencia, que los datos solicitados a la Superintendencia y los bancos no son sensibles y que responden a la necesidad de cumplir con un acuerdo del FMI.
El indicador de riesgo climático y el repositorio de información deben entregarse al Fondo el 28 de febrero del 2024.
El pasado 26 de setiembre, Santiago Acosta Ormaechea, representante residente del FMI en Costa Rica, aclaró a La Nación que el organismo no dicta cómo recopilar información para cumplir acuerdos.
La Junta Directiva confirmó, en su comparecencia en el Congreso el 27 de setiembre anterior, que el organismo multilateral no había solicitado datos sin anonimizar para crear el repositorio.
Nuevas audiencias
Los legisladores de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público acordaron, este jueves, la convocatoria de nuevos comparecientes para referirse al tema de la solicitud de información por parte del BCCR.
Alberto Dent Zeledón, presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), será una de las personas que deberá acudir al Congreso. Al igual que Mario Gómez y Ronulfo Jiménez, asesor legal y económico respectivamente, de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).
Los legisladores también aprobaron convocar a Bernardo Alfaro Araya, gerente general del Banco Nacional, y a Iván Vicenti, procurador general de la República.
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