La primera ministra británica, Liz Truss, destituyó a su ministro de Finanzas y gran aliado Kwasi Kwarteng, e insistió en aplicar, apenas modificado, el plan económico en el origen de una tormenta política que amenaza su propia continuidad.
“Tenemos que actuar ahora para tranquilizar a los mercados”, afirmó la líder conservadora, muy tensa, en una rueda de prensa de menos de 10 minutos en Londres, este viernes 14 de octubre.
Para ello, la jefa de gobierno, que asumió el cargo hace poco más de un mes, aceptó capitular una vez más y anunció que incrementará el impuesto de sociedades, una medida del gobierno anterior que ella estaba decidida a suprimir.
Sin embargo, se declaró absolutamente determinada a llevar adelante el resto de su plan de reducciones fiscales, para conseguir un crecimiento más fuerte, un Reino Unido más próspero y salir de la tormenta.
En un mercado extremadamente volátil, la inestabilidad política pesó de nuevo sobre la libra esterlina, que se depreció un 1,20% frente al dólar, hasta $1,118 por unidad.
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Los mercados financieros británicos se han visto sacudidos por gran nerviosismo desde que, el 23 de septiembre, Truss y Kwarteng presentaron un paquete de medidas que prevé importantes ayudas públicas y recortes de impuestos, pero nada para financiarlo.
Como resultado, las tasas de interés de la deuda pública británica se dispararon a niveles récord, lo que obligó al Banco de Inglaterra a intervenir comprando bonos a largo plazo.
El banco central –entidad independiente del gobierno– buscaba frenar así la subida de los intereses, pero fracasó y cuando anunció que no prolongaría las compras más allá de este viernes creó aún más caos en los mercados.
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En este tenso contexto, Kwarteng, un ultraliberal de 47 años nacido en Londres de padres inmigrantes ghaneses, fue empujado a dejar su cargo para intentar salvar el de Truss.
“La primera ministra me ha pedido que me haga a un lado como su ministro de Finanzas. He aceptado”, escribió en una carta publicada en Twitter tras regresar urgentemente de Washington, donde se encontraba para asistir a las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.
Crisis de confianza
Kwarteng fue inmediatamente remplazado por el exministro de Relaciones Exteriores y de Salud, Jeremy Hunt.
Una de las figuras más serias, aunque poco carismático, entre los candidatos que en julio compitieron por el liderazgo conservador. Hunt, de 55 años, goza de popularidad entre una parte de los diputados conservadores.
Según la prensa británica, numerosos miembros del Partido Conservador están intentando ya destituir a Truss, ante las desastrosas encuestas que auguran una aplastante derrota de la derecha en unas próximas legislativas.
Estas están previstas en enero de 2025 a más tardar, pero la tormenta política y económica provocada por sus polémicas reducciones de impuestos parece hacer imposible que la líder conservadora se mantenga en el poder hasta entonces.
Truss, de 47 años, llegó a Downing Street el 6 de septiembre. Sucedió en las riendas de la formación y del ejecutivo al controvertido Boris Johnson, obligado por sus propias filas a dimitir a raíz de una multiplicación de escándalos que dieron al traste con su popularidad.
Pero solo un mes después, la nueva líder conservadora se había puesto en contra a los mercados, los votantes y a destacadas personalidades de su propio partido.
Bajo la presión de la formación, Truss y Kwarteng ya tuvieron que capitular a principios de octubre sobre una de sus más polémicas medidas.
Se trataba de la abolición del tramo máximo impositivo, del 45%, para la rentas superiores a 150.000 libras ($170.000) anuales, acusada de favorecer a los ricos cuando muchos británicos se hunden en la pobreza lastrados por una inflación que roza ya el 10% y debería seguir aumentando.
Buscando también tranquilizar, Kwarteng accedió después a adelantar al 31 de octubre la publicación de sus previsiones presupuestarias, en lugar del 23 de noviembre inicialmente anunciado. Pero no fue suficiente.
La presentación correrá ahora a cargo de Hunt. Y Truss deberá demostrar si el cambio de titular en la cartera de Finanzas basta para contener la crisis de confianza.