EscucharLa Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) ordenó al Banco Central de Costa Rica (BCCR) suspender cualquier solicitud de información que incluya datos de personas sin anonimizar, y a la vez instruyó a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), a no entregar esta información al ente emisor.
Así se establece en la resolución N.° 697-2023, del pasado 28 de agosto, en la cual se declaró con lugar medidas cautelares solicitadas por la Asociación para la Defensa de los Intereses y Derechos de Consumidores y Usuarios del Sector Financiero, Industrial, Energético, Inmobiliario y de la Administración en Costa Rica (Asodidcu).
En el fallo de cinco páginas se explica que la Agencia de Protección de Datos puede emitir acciones cautelares para salvaguardar los derechos de las personas.
“Se podría hablar de un posible daño inminente y de difícil reparación si la información que se pueda tener acceso (por parte del Banco Central) contiene datos personales (...) se hace ineludible el establecimiento de la medida cautelar en razón de los eventuales daños y perjuicios que se podría provocar a los habitantes”, argumentó la Prodhab, en su resolución.
En relación con dicha orden, el Banco Central respondió escuetamente a las consultas de este medio: “Informamos de que el documento de la Prodhab está en valoración por parte de las áreas competentes y, de momento, no nos vamos a referir al asunto”.
Para Asodidcu, las medidas cautelares otorgadas por la Prodhab son un paso importante para proteger los derechos de los consumidores financieros frente a la solicitud del BCCR que, en su criterio, violenta la privacidad de las personas.
“Dicha información se refiere a personas identificadas mediante números de cédula, que revela su condición socioeconómica, lo que se cataloga como información sensible, según la Ley Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales”, indicó Asodidcu, en un comunicado de prensa.
La asociación de consumidores presentó la denuncia contra el acuerdo de la Junta Directiva del BCCR, de noviembre del 2022, en la cual ordenó darle acceso a la información integral de todas las operaciones de crédito que los intermediarios financieros supervisados le remiten, incluyendo necesariamente el número de identificación (cédula física, jurídica, Dimex, u otros).
La información, según el acuerdo de 6093-2022, daba ocho días hábiles a la Sugef para brindar la información solicitada.
La Superintendencia no entregó los datos e informó al BCCR que hasta que la Procuraduría General de la República (PGR) resolviera una consulta hecha por Rocío Aguilar, jerarca de la entidad, brindaría una respuesta.
Sin embargo, el 21 de abril pasado, antes de que la PGR brindara su dictamen, Aguilar fue denunciada por el supuesto delito de desobediencia a la autoridad. La querella fue interpuesta ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por la gerenta del Banco Central, Hazel Valverde Richmond.
