EscucharLa Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) interpuso una demanda contra el Estado en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, reclamando el incumplimiento de la asignación presupuestaria de ¢388 millones, aprobada por la Asamblea Legislativa dentro del plan de gastos 2024.
En la demanda, Coprocom solicita que se declare, mediante sentencia, que el Poder Ejecutivo debe trasladar el monto asignado en la Ley N°. 10427, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario para el Ejercicio Económico 2024, y que se ordene al Ministerio de Hacienda cesar la conducta administrativa omisiva de no cumplir con las leyes de presupuesto, respetando así las asignaciones de fondos para la Coprocom.
La demanda, registrada bajo el expediente 24-001091-1027-CA, fue confirmada a La Nación por Guillermo Rojas, presidente de Coprocom, quien la presentó el 7 de febrero pasado ante el Tribunal.
Consultado al respecto, Iván Vincenti, procurador General de la República, dijo que el proceso se encuentra en la audiencia escrita de réplica sobre un artículo del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA) y además el Estado presentó una excepción de incompetencia que está pendiente de resolverse. Por su parte, el jerarca de Hacienda, Nogui Acosta, indicó que no han sido notificados, razón por la cual no puede referirse al asunto.
LEA MÁS: Comisión de la competencia elabora estudios de mercado en medicamentos y azúcar
La situación presupuestaria de Coprocom fue informada a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), instancia que ha impulsado el fortalecimiento de este órgano supervisor. El reporte se hizo durante la rendición del tercer informe de seguimiento en materia de competencia posadhesión, que tuvo lugar en París, el pasado 14 de junio. Costa Rica se adhirió a la organización en mayo de 2021.
En esa reunión, Rojas informó sobre la demanda interpuesta contra el Estado. El jerarca consideró que al no otorgarse el desembolso se está violando una norma presupuestaria. “Se trata de un veto de facto que el Ministerio de Hacienda realizó”, refirió.
La Ley N.° 9736, conocida como Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, establece un presupuesto anual para Coprocom de al menos 5.309,05 salarios base, equivalente a ¢2.453,8 millones. El presupuesto aprobado para este año fue ¢735 millones, posteriormente la Asamblea Legislativa aprobó un aumento de ¢388 millones.
Coprocom es un órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), con independencia técnica, administrativa, presupuestaria y funcional, de acuerdo con la Ley N.° 9736.
LEA MÁS: Promotora de la competencia denuncia intento del MEIC de aumentar injerencia política
El presupuesto establecido inicialmente para Coprocom en 2024 es de ¢835 millones, incluidos ¢100 millones otorgados por el MEIC, como parte de la asignación que obtuvo esta cartera por parte del Consejo de Gobierno. Con el incremento aprobado en noviembre por los legisladores, el plan de ingresos y gastos de la entidad se ubicaría en ¢1.223 millones.
Rojas indicó que para 2025, el presupuesto de la entidad tendrá “apenas” un aumento de ¢165 millones, que sumados a los ¢835 millones de este año, equivaldrá al 40% del monto referido en la Ley.
El personal de Coprocom es de 15 personas. Rojas indicó que recién se concluyó un concurso público para contratar a siete personas a partir del 1.º de julio. La ampliación de las plazas fue posible con el desembolso de ¢100 millones realizado por el MEIC, explicó.
En la demanda, introducida por Rojas, Coprocom señala que la falta de asignación presupuestaria significa un enorme riesgo para el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país ante la OCDE y la efectiva implementación de la Ley N.° 9736 para promover y garantizar que las actividades comerciales y empresariales en el país se realicen dentro de un marco de sana competencia.
Otra de las consecuencias citadas por Coprocom es el debilitamiento de su institucionalidad, independencia y efectividad en el combate de las prácticas monopolísticas, lo que impacta negativamente en la eficiencia de los mercados, la productividad del país y el poder adquisitivo de los consumidores.
