El proyecto de ley que presentará el Gobierno, este mes de enero, a la Asamblea Legislativa para establecer la renta global, propone una escala única progresiva para los ingresos de las personas físicas, tanto asalariados como independientes, de 10% al 27,5%.
Lo anterior se desprende de algunos rasgos generales del plan que compartió el ministro de Hacienda, Elian Villegas.
El concepto de renta global que se pretende suma o globaliza las rentas y aplica una sola tarifa.
Costa Rica tiene actualmente un sistema cedular donde cada tipo de renta, por ejemplo, el salario, los intereses de los depósitos, los ingresos por actividades independientes y los alquileres tienen cada uno una tarifa.
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Implementar este sistema fue uno de los acuerdos de la Mesa de Diálogo Multisectorial que convocó el Gobierno y forma parte también de la propuesta que se discute con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a partir de este 11 de enero.
“Se grava la renta global de la persona liquidando las distintas fuentes de renta pero gravando con una escala unificada a nivel de la persona física, la globalidad de los ingresos provenientes del trabajo y de actividad lucrativa, con una escala progresiva que va del 10% al 27,5%”, explicó el ministro.
Actualmente, la tarifa máxima que se aplica a estos dos grupos es de 25%, por lo que 27,5% es una tarifa mayor, pero habría que esperar la definición de los tramos de ingresos con su respectiva tarifa para ver las diferencias en relación con los montos pagados en la actualidad, explicó Priscilla Piedra, socia de impuestos de Deloitte y exdirectora general de Hacienda.
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Adrián Torrealba, socio de Facio & Cañas y exdirector general de Tributación, explicó que actualmente los tramos de asalariados y personas físicas con actividades lucrativas son muy diferentes y será interesante ver cómo se van a empatar.
Por ejemplo, al asalariado le cobran la tarifa máxima del 25% sobre el exceso de ¢51.900.000 anuales en el periodo fiscal 2020 y a la persona física con actividad lucrativa sobre el exceso de ¢18.631.000 anuales, así que buscar un punto intermedio entre estos dos grupos implicará bajarle a unos o subirle a otros.
Ahora bien, las personas físicas con actividad lucrativa pueden deducir los gastos necesarios para producir sus ingresos o pueden acogerse a una deducción única, sin necesidad de comprobantes, del 25% de los ingresos brutos de la actividad.
“Los gastos para producir la renta de los asalariados los asume el patrono por lo que su salario es lo que se lleva a la casa así como la renta neta es lo que el independiente se lleva a la casa. Por eso son comparables”, comentó Torrealba.
En el caso del asalariado se le aplica un crédito fiscal que se le deduce del pago de renta que para el periodo fiscal 2020 fue de ¢18.840 anual por hijo y ¢28.320 anual por cónyuge.
También, según Torrealba, queda por resolver el tratamiento desigual de las contribuciones a la seguridad social entre ambos grupos, en la cual los independientes cotizan casi el doble de los asalariados (18% contra 10%).
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Ingresos por alquileres y otras rentas del capital
En el caso de las rentas del capital, aclaró el ministro Villegas, se gravan de manera cedular, con una tarifa del 15%, cuando no están vinculadas con la realización de una actividad lucrativa, como se hace hoy, y si están vinculadas siguen el tratamiento de la renta vinculada a la actividad, por ser parte de ella.
Las rentas del capital se dividen en dos. Existen las del capital inmobiliario, por ejemplo, las que provienen de alquileres; y las del capital mobiliario, como los excedentes de cooperativas y asociaciones solidaristas y toda clase de beneficios similares a dividendos, según cita el Ministerio de Hacienda en su página web.
¿Por qué este tipo de renta se mantiene como cedular? “Eso es una tendencia mundial de todos los países que han tenido renta global desde los nórdicos, que ya en los años 90 agarraron las rentas pasivas del capital y les pusieron una base aparte, de 30%. España lo hizo también al 18%; lo tiene Uruguay. Eso es lo que se llama el impuesto de renta dual”, explicó Torrealba.
Piedra indicó que en la Mesa de Diálogo hubo apoyo a la renta global, pero condicionada, en varios puntos: uno fue que las rentas pasivas (como las rentas del capital) no quedaran integradas y mantener la renta territorial (solo se gravan las rentas generadas en el territorio costarricense).
Para las sociedades, el impuesto considera una tarifa única a 27,5% y se mantiene la escala para las pequeñas empresas, indicó el ministro, quien indicó que el proyecto se enviará a la Asamblea Legislativa antes de que termine este mes de enero.