EscucharLuego que el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) decidió romper de manera unilateral el convenio de atracción de inversión extranjera con la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), la Dirección Jurídica de la Promotora del Comercio Exterior (Procomer) indicó a su Junta Directiva que debía hacer lo mismo, indicó Rigoberto Vega, uno de los representantes del sector empresarial en la instancia.
“Una vez que Comex decidió rescindir el convenio con Cinde, el director jurídico de Procomer, ante consultas formuladas por los directores, nos indicó expresamente que Procomer también debía rescindir dicho contrato”, indicó Vega a La Nación.
Vega, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), es uno de los cinco representantes del sector empresarial en la Junta Directiva de Procomer, instancia que decidió seguir los pasos del Comex en la suspensión del convenio establecido en 2010.
Según el organigrama de Procomer, la Dirección Legal depende de la Gerencia de Operaciones y mantiene vínculo directo con la subgerencia de la entidad.
El 3 de mayo, el jerarca del Comex, Manuel Tovar, dijo en conferencia de prensa que las funciones de atracción de inversiones le corresponden por ley a Procomer y que la decisión “fue apoyada y sustentada por las diferentes cámaras empresariales como las de Exportadores, Industrias, Agricultura y Comercio”.
“Nadie ha votado en contra de esta decisión, ha sido bien entendida y apoyada”, dijo.
Sin embargo, no todas las cámaras estuvieron de acuerdo expresamente en rescindir el convenio. Mediante un comunicado de prensa, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) informó que se abstuvo de votar a favor de la ruptura, debido a que el Ejecutivo no presentó “una propuesta seria y concreta sobre cómo asumiría Procomer las funciones que hoy desempeña Cinde”.
En la votación, el representante de la Uccaep fue Alfredo Volio. Tampoco votaron a favor de la ruptura dos de los cinco representantes del Gobierno. Se trata de Micaela Mazzei e Isaías González.
Vega señaló que, “con independencia de quien haga la labor de atracción de inversiones, se nos garantizó que seguirá siendo un tema prioritario y que la atracción de inversiones fuera de la GAM (Gran Área Metropolitana) estará como eje fundamental”.
Adujo que el país tiene una deuda histórica con la agricultura, que se ubica fundamentalmente en la ruralidad y las costas, “siendo el mayor empleador en esos lugares”.
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Rigoberto Vega indicó que la Cámara de Agricultura reconoce la labor y el aporte que ha hecho Cinde al país durante todos estos años, “pero también resaltamos la importancia que tiene Procomer” y el buen papel que ha jugado en el desarrollo nacional.
La Junta Directiva
Procomer fue creado en 1996 mediante la Ley 7638, la misma que creó el Comex, y es calificada como entidad pública de carácter no estatal.
La Junta Directiva la conforman nueve miembros. Es presidida por el ministro del Comex, además de tres personas nombradas por el Consejo de Gobierno durante el plazo coincidente del periodo constitucional del Presidente la República.
El foro lo completan cuatro representantes empresariales: los presidentes (o en su ausencia los vicepresidentes) de las cámaras de Industrias, Comercio, Exportadores y Agricultura, así como un representante de los pequeños y medianos exportadores nombrado por el Consejo de Gobierno en base a una terna presentada por la Uccaep.
Actualmente, la instancia la conforman 10 personas, según la información publicada en el sitio web de Procomer: Manuel Tovar, jerarca del Comex; Indiana Trejos, viceministra del Comex; Micaela Mazzei, Isaías González y Víctor Umaña, representantes del Poder Ejecutivo; Enrique Egloff, representante de la Cámara de Industrias; Siany Villalobos, representante de la Cámara de Exportadores; Arturo Rosabal, de la Cámara de Comercio; Rigoberto Vega de CNAA y Alfredo Volio, de los pequeños y medianos exportadores.
¿Cómo se financia?
Según la Ley, Procomer financiará sus operaciones con el aporte inicial del Estado, resultado de la liquidación de la Corporación de la Zona Franca de Exportación y del Centro para la Promoción de las Exportaciones y de las Inversiones, además de aportes de los sectores exportadores e importadores, establecidos por ley.
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Entre estos están hasta un máximo de $3 por cada declaración aduanera de exportación e importación, el pago de un derecho por el uso del régimen de zona franca, por parte de las empresas que se acojan a éste con un límite máximo equivalente a $0,50 por cada metro cuadrado de techo industrial para las empresas procesadoras de exportación. Las demás empresas acogidas al régimen pagan, como máximo, el equivalente 0,50% del volumen de las ventas mensuales.
Otra fuente de ingresos que define la ley es el producto de créditos, donaciones o legados, que sean autorizados por la Junta Directiva.
