EscucharSe inicia marzo y crece la expectativa sobre la próxima visita de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Costa Rica. El organismo debe venir a revisar los compromisos del Gobierno adquiridos en el marco de los programas de Servicio de Facilidad Ampliada (SAF) y del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS).
En su visita anterior, en noviembre reciente, el Fondo autorizó el tercer giro de $270 millones del SAF que aprobó el 1.º de marzo del 2021, por $1.778 millones; y también avaló que el país sea la primera nación del mundo en recibir un crédito por $725 millones del nuevo SRS. De esta próxima evaluación también depende el cuarto desembolso del SAF.
No hay fecha precisa y tampoco se ha logrado corroborar. La respuesta del Banco Central de Costa Rica (BCCR), por medio de su oficina de prensa fue que de acuerdo al presidente de la entidad y gobernador del país ante el FMI, Róger Madrigal, todavía no se tiene fecha definida para la visita de la misión del FMI. “Esta fecha la establece el Fondo y todavía no se ha informado al país sobre cuándo ocurriría el encuentro”, indicaron.
Tampoco se ha obtenido respuesta del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, pese a las gestiones que viene realizando La Nación desde hace una semana con él y por medio de su oficina de prensa.
Rodrigo Cubero, expresidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), y quien firmó el programa con el FMI en el 2021, espera que la misión ocurra antes de que termine este mes de marzo. Tanto la primera como la segunda revisión de metas coincidieron, precisamente, en marzo del 2022.
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Consultado sobre la agenda que estaría revisando el organismo financiero internacional, indicó que la misión pondrá énfasis en el tema fiscal y mencionó la mejora en las perspectivas fiscales que ha mostrado el Gobierno lo que ha llevado a una reducción significativa en la prima por riesgo país en los mercados internacionales.
Esta recuperación de la fortaleza fiscal de Costa Rica también permitió la reciente mejora en la clasificación de riesgo por parte de las agencias Standard & Poor’s (23 de febrero) y Fitch Ratings, este 2 de marzo.
Con esto coincide Gloriana Ivankovich, economista y directora ejecutiva de la Academia de Centroamérica. “La situación de las finanzas públicas del país ha mejorado (menor déficit fiscal y menor relación de deuda respecto al PIB) y, hasta el momento, el país ha cumplido las metas fiscales”, indicó.
Recomendó que pese esto, todavía debe fortalecerse la gestión de la deuda y consolidar la sostenibilidad.
La regla fiscal
Además de los resultados financieros del país, existe otro tema que ocupa la atención del FMI. El economista Rodrigo Cubero aseguró que organismo se ha mostrado preocupado por las intenciones del Gobierno de realizar ajustes a la regla fiscal.
Esta herramienta para controlar el gasto del Gobierno quedó establecida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635), la cual indica, en su capítulo de responsabilidad fiscal, que cuando la deuda pública supere el 60% de la producción nacional, el gasto total (tanto corriente como de capital) no podrá crecer más allá del 65% del crecimiento promedio del PIB nominal de los últimos cuatro años. En diciembre del 2022 esta relación cerró en 63,8%.
En las últimas semanas, el Gobierno ha promovido un reforma que propone excluir de la regla fiscal a instituciones públicas que tienen ingresos propios, y a los entes públicos no estatales, pero, a la vez, excluiría el gasto de capital (obras y equipamiento) y el pago de intereses de la deuda pública.
“El FMI ha expresado preocupación sobre las reformas propuestas por las autoridades a la regla fiscal, le parecen excesivas o peligrosas para la integridad de la regla y su espíritu de poder contener el gasto en un contexto donde la relación deuda a PIB sigue muy alta”, indicó Cubero.
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Reveló que el organismo internacional ha propuesto algunas mejoras marginales en la operación de esta disposición pero que respetan su espíritu original, que es la contención estricta del gasto en un contexto que el nivel de deuda a PIB se mantiene por encima del 60%.
Cubero criticó que se diluya la regla fiscal. Dijo no estar de acuerdo en que se excluya el pago de intereses ni el gasto de capital porque debería respetarse la obligación contractual del Gobierno de enfrentar sus obligaciones de deuda.
Tampoco que se reduzca el gasto de capital, es decir, en la inversión pública. “Porque es esencial para mantener el crecimiento económico y además dar el mantenimiento básico a la infraestructura del país”, señaló.
Explicó que el objetivo no es que se debiliten estos componentes, sino que se mantenga el cumplimiento estricto de las obligaciones contractuales en materia de gastos por intereses y se proteja el nivel de gastos de capital. “Pero que se reduzcan los otros componentes del gasto para poder darle espacio a los gastos por intereses y los gastos por capital”, agregó.
La Ley de Empleo Público
Por su parte, Ivankovich, recordó que la implementación de la Ley de Empleo Público y la aplicación de la regla fiscal son parte de los compromisos adquiridos en el acuerdo con el FMI, por lo cual, su no implementación o flexibilización, respectivamente, podrían implicar que no se apruebe el próximo desembolso.
“La implementación de la Ley de Empleo Público que tiene tanto un fin de mejorar, de manera estructural, la eficiencia y eficacia del sector público, como una mejora en las finanzas públicas, principalmente en el largo plazo, se ha postergado y están discutiendo su posposición”, comentó la economista.
Este martes, el titular de Hacienda, dijo que postergar la entrada en vigencia de la reforma a empleo público, prevista para este 10 de marzo, a como lo proponen un grupo de diputados, pondría en entredicho el compromiso del país y se minaría su credibilidad.
Esta Ley fue aprobada en marzo de 2022. Cubero explicó que la entrada en vigencia de esta ley quedó sujeta a que se reglamentara en el plazo de un año.
“El FMI estará muy interesado en ver qué viene en ese reglamento y en particular cuál es el nivel que se va a establecer para el salario global del sector público porque de eso va a depender cuánta contención haya en el costo total de la planilla”, refirió el expresidente del BCCR.
Aseguró que la regla fiscal hay que cumplirla “sí o sí”, pero la Ley marco de Empleo Público puede facilitar esto porque ayudaría al esfuerzo de contención en uno de los principales disparadores del gasto público en Costa Rica.
En tanto Ivankovich enfatizó que el no cumplimiento del acuerdo con el FMI podría no solo implicar no recibir el próximo desembolso por parte del organismo, sino también, podría implicar un riesgo reputación para el país.
“Podría comprometer el acceso al Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad (por alrededor de $700 millones), acordado por el equipo del FMI y las autoridades costarricenses”, apuntó.
