EscucharLa reciente reelección de Alberto Dent como presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) puso de manifiesto una seguidilla de desacuerdos entre el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y la entidad reguladora, así como con las cuatro superintendencias que fiscalizan el mercado.
Róger Madrigal, jerarca del BCCR, fue quien dejó en evidencia las discrepancias cuando emitió su voto negativo para extender el nombramiento de Dent en el cargo de presidente del órgano, por un año más.
“Considera el Banco que debe existir una adecuada armonía y una visión compartida entre ambos entes por el bien del sistema financiero y de la economía costarricense, en general, lo cual no ha sido posible en los últimos años, por tal razón, el voto del Banco Central es negativo”, manifestó el funcionario, según consta en el acta 1822-2023, del pasado 2 de octubre, de la cual tiene copia La Nación.
Él fue el único miembro de los siete que integran el directorio de Conassif que se opuso a la reelección; el resto de directivos sí la apoyaron. Al final el periodo de Dent se extendió por mayoría hasta el 16 de octubre del 2024.
Madrigal y Dent confirmaron, por separado, las divergencias de criterio entre el ente emisor y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
En específico, mencionaron la entrega de datos de deudores sin anonimizar, la participación de las operadoras de pensiones (OPC) en el mercado cambiario, la operación de las fintech en el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe) y la independencia administrativa de las superintendencias.
“Como se puede observar son varios los temas, desde la negativa de proveer al BCCR la información solicitada por éste con el fin de cumplir con sus deberes legales (solicitud de información con fines estadísticos) (...) hasta implicaciones en el mercado cambiario y la promoción de la eficiencia en el sistema financiero con el funcionamiento de proveedores de servicios de pagos”, recalcó el presidente del emisor.
El Consejo es la entidad encargada de la regulación del sistema financiero nacional. Bajo su tutela tiene la dirección de las superintendencias de pensiones, seguros, valores y de entidades financieras. Todas están adscritas al BCCR, pero cuentan con independencia administrativa y organizativa.
Respuesta a críticas
Alberto Dent reconoció a La Nación las diferencias entre el BCCR y el Conassif, las cuales catalogó como normales en los procesos de discusión de un órgano colegiado. Sin embargo, enfatizó que no influyeron de manera negativa en la producción de normativa regulatoria.
El jerarca consideró que el voto negativo a su reelección es una reacción a la censura hecha por el Consejo a raíz de la denuncia penal presentada por el Banco Central contra Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
El ente emisor acudió al Ministerio Público, en abril pasado, después de que la funcionaria se negara a entregar los datos sin anonimizar de todos los deudores del sistema financiero.
“Tengo la sospecha de que parte de lo que está sucediendo tiene que ver con la denuncia que le plantearon a doña Rocío (Aguilar) y asumo que por la crítica hecha por nosotros en la junta directiva (del Conassif) a esa decisión”, afirmó Dent.
La Nación le consultó si la posición de Madrigal fue la manera de cobrarle la crítica.
A lo cual respondió: “La votación fue unánime, excepto por la de él (Róger Madrigal). Tal vez fue un reproche directo a mí por la forma en manejar las cosas porque no hubo propuestas de ningún otro candidato (a la presidencia del Consejo) por parte de ellos”.
Alberto Dent fue designado como miembro del Consejo, en 2019, por un periodo de cinco años. Es la segunda vez que es parte de dicho órgano dado que fue director entre 2006 y 2011.
Él aceptó que nunca había experimentado un ambiente de tanta confrontación entre el BCCR y el Conassif.
Las discrepancias
Entre el 2022 y este año, el Banco Central chocó con el Conassif y las superintendencias en cuatro temas que terminaron en consulta en la Procuraduría General de la República (PGR) a raíz de la falta de acuerdo.
Actualmente, la Procuraduría estudia si la apertura de cuentas IBAN por parte de empresas fintech, para brindar servicios de pago por medio de Sinpe, se considera una captación de recursos.
El ente emisor argumenta que no lo es, contrario a la posición del Consejo y la Sugef.
El BCCR también pidió un criterio sobre la posibilidad de regular la compra de dólares de las operadoras de pensiones (OPC) en el mercado cambiario.
La entidad busca contar con más injerencia en la compra de divisas de las OPC por el efecto provocado en el tipo de cambio.
En marzo del año pasado, el ente emisor prohibió a las operadoras comprar dólares en ventanilla de los bancos y hacerlo solo en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex), administrado por el BCCR.
La injerencia del BCCR en la operación administrativa de las superintendencias también causó discrepancias.
“Nosotros interpretamos que la ley le dio total independencia administrativa a las superintendencias. La opinión del Banco Central es que estamos sujetos a la aprobación (de los presupuestos) del Banco Central”, recalcó el presidente del Conassif.
Dent añadió, entre las diferencias, el cobro que hace el BCCR por los servicios tecnológicos brindados.
El único tema resuelto por la PGR es si Sugef puede entregar al ente emisor datos sin anonimizar de deudores para la elaboración de estadísticas.
La Procuraduría respondió, en julio anterior, pero cada entidad interpretó la decisión de manera diferente. El Central consideró que sí debe entregar la información; y la Superintendencia que no.
“El criterio (de la PGR), que por ley es de carácter vinculante, sigue sin ser atendido por la Sugef y el Conassif avala este incumplimiento”, criticó Madrigal.
