EscucharLa Sala IV admitió para estudio a la acción de inconstitucionalidad de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) contra la solicitud del Banco Central de obtener la información crediticia de los deudores sin anonimizar.
La resolución del Tribunal Constitucional se emitió este jueves 31 de agosto, y en ella se explica que no podrá tomar ninguna decisión en este caso, hasta que la Sala se pronuncie sobre los alegatos de la ABC.
La Asociación Bancaria acudió a la Sala Constitucional para cuestionar la orden de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) para acceder a toda la información crediticia contenida en las bases de datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), sin ningún tipo de restricción.
La ABC cuestiona la intención del Banco Central porque alega que los datos de Sugef contienen información de interés privado, sensible, confidencial y cubierta por el secreto bancario.
La organización bancaria considera que el ente emisor hace una interpretación errónea de su Ley Orgánica al argumentar que le habilita para acceder a las bases de datos en poder de Sugef.
La petición de la Asociación a los magistrados fue que interpreten si los fundamentos del BCCR chocan con la Constitución Política.
“La ABC recibe con agrado la decisión de este Tribunal de admitir esta acción. Al acoger para su estudio la acción, la Sala reconoce que esta situación es muy importante para el país y sus ciudadanos por cuanto están en juego los derechos a la autodeterminación informativa y la privacidad”, dijo Mario Gómez, asesor jurídico de la ABC.
Gómez recalcó que con la acción se busca que haya un equilibrio adecuado entre la supervisión regulatoria y la protección de la información confidencial de la ciudadanía.
La Nación solicitó al BCCR una reacción sobre la decisión de la Sala IV de admitir para estudio la acción presentada por la Asociación Bancaria, pero todavía no hay respuesta.
El Tribunal Constitucional dio 15 días hábiles al Banco Central y la Sugef para que brinden su posición sobre la acción de la ABC.
También se dio audiencia a la Procuraduría General de la República, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Sobre este mismo caso, en la mañana de este viernes, el Ministerio Público allanó la Secretaría de Actas del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), ubicada en las oficinas centrales del Banco Central de Costa Rica.
Según la información brindada por las autoridades al Consejo, la acción se relaciona con la denuncia penal interpuesta por la gerente general del BCCR, Hazel Valverde Richmond, en contra de la superintendente de Sugef, Rocío Aguilar Montoya, bajo el expediente 23-000107-1218-PE.
Medida cautelar de Prodhab
Adicionalmente, el Banco Central informó, este viernes, mediante un comunicado de prensa, que sus bases de datos son domésticas y no requieren estar inscritas ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab).
El criterio de la autoridad monetario ocurre dos días después de que la Prodhab emitió una medida cautelar donde ordena suspender cualquier solicitud de información que incluya datos de personas sin anonimizar, y a la vez instruyó a la Sugef, a no entregar esta información al emisor.
Este diario consultó al BCCR si resspetará o no la medida cautelar y si considera que las disposiciones de la Agencia de Protección de Datos son de acatamiento para la entidad; pero aún no hay respuesta.
El BCCR insistió en su comunicado que sus bases de datos deben registrarse en la Prodhab si tienen fines de difusión o comercialización; pero ese no es el caso del Banco porque su información es de uso doméstico, es decir, que no se distribuye, y solo se usa para generación de estadísticas.
“El Reglamento de la Ley 8968 (Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales), relacionado con la inscripción de bases de datos ante la Prodhab, establece que las bases de datos internas o domésticas no están sujetas a inscripción”, sostuvo la autoridad monetaria.
Además, la institución sostuvo, en su comunicado, que no requiere de consentimiento informado para la transferencia de datos de Sugef, Caja Costarricense de Seguro Social y Tributación, pues así lo dicta el reglamento de la legislación sobre protección de datos de personas.
El BCCR agregó que las entidades públicas están obligadas por ley a brindar datos y colaboración para fines estadísticos.
