Sala IV rechaza recurso de ABC contra el BCCR por solicitud de datos sin anonimizar

En el recurso, introducido el 29 de agosto pasado, la ABC planteaba su disconformidad por la decisión de la Junta Directiva del BCCR de solicitar a la Superintendencia General de Instituciones Financieras (Sugef), el acceso a la información integral de todas las operaciones de crédito que los intermediarios financieros supervisados le remiten, incluyendo el número de identificación.

En esa misma gestión, la organización bancaria presentó también una acción de inconstitucionalidad relativa a este mismo caso. La ABC señaló que el acuerdo del BCCR violenta los derechos fundamentales a la autodeterminación informativa, a la intimidad y confidencialidad.

Los seis magistrados de la Sala Constitucional rechazaron el recurso de amparo señalando que son posible de admitir para estudio, solamente aquellos reclamos en que haya indicios o elementos suficientes para presumir, la existencia de tales amenazas o quebrantos directos y groseros de un derecho fundamental, según detalla la Resolución Nº 2023023707, emitida este 26 de setiembre.

Magistrado vota en contra

El magistrado Paul Rueda Leal emitió un voto salvado (contra el rechazo del recurso), señalando que la ABC pretende la tutela de los derechos de los usuarios bancarios, frente al alegato expresado de que el Banco Central requirió a la Sugef información confidencial de aquellos.

Agregó que respecto a la situación de los usuarios de servicios bancarios es preciso subrayar que la trascendencia de tales servicios en el mundo moderno ha llevado a la Sala a considerarlos de “interés general”.

En su argumentación, el magistrado Rueda estimó necesario ordenar la suspensión del acto impugnado durante el trámite de este proceso, dado que de otra manera podría materializarse el daño acusado. “Se debe recordar que el recurso de amparo procede tanto contra la violación de derechos fundamentales como respecto de su amenaza cierta e inminente”, refirió.

La Nación consultó al BCCR sobre sus comentarios respecto a esta resolución y se está a la espera de respuesta.

Por su parte, la ABC señaló que la Resolución de la Sala IV no es un pronunciamiento sobre el fondo del asunto sino que el tribunal es del criterio que se requiere de un caso concreto, que lo debe presentar una persona física, que ya se encuentra admitido y en estudio, señaló Mario Gómez Pacheco, asesor jurídico de la gremial bancaria, en un comunicado de prensa.

Indicó que ese recurso de amparo, presentado por un ciudadano y la acción de inconstitucionalidad siguen siendo tramitados por la Sala IV.

“La Asociación Bancaria Costarricense, como representante de la industria bancaria en el país, ha mantenido una firme convicción en la importancia de preservar la confidencialidad de los datos de nuestros clientes y la integridad de nuestro sistema financiero. El recurso de amparo presentado fue un paso en esa dirección, buscando garantizar la protección de los derechos de los usuarios”, concluyó Gómez.

Ucaep prepara su propia acción de inconstitucionalidad

Por su parte, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) presentó, el martes 26 de setiembre, una coadyuvancia en apoyo a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la ABC.

Los empresarios respaldaron la acción presentada por el gremio bancario argumentando que la petición de información de deudores sin anonimizar por parte del BCCR vulnera el derecho a la autodeterminación informativa.

Adicionalmente, la Uccaep anunció su intención de presentar su propia acción de inconstitucionalidad ante dicho tribunal, para profundizar en las preocupaciones manifestadas por los propietarios de la información frente a las solicitudes de datos por parte de la autoridad monetaria.

En un comunicado, los empresarios subrayaron que en el documento presentado a los magistrados, se destacó que el Banco Central busca acceder a la información “integral de todas las operaciones de crédito que los intermediarios financieros supervisados le remiten a la Sugef, incluyendo necesariamente el número de identificación”.

La organización privada sostiene que esta solicitud implica el acceso a información confidencial de las personas, como los montos y fuentes de endeudamiento, que no deberían ser de conocimiento público, dado que constituyen datos de interés privado y sensibles, ya que revelan la condición socioeconómica de las personas.