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Los pagos de salarios e incentivos siguen ganando terreno dentro del plan de gastos total del sector público.
De acuerdo con el análisis de los presupuestos del sector público para el 2016 que publicó la Contraloría General de la República, las remuneraciones pasaron de representar un 24,2% del gasto total en el 2010, a un 26,3% en el presupuesto del 2016.
Aunque el dato del 2016 es presupuestado, las remuneraciones es uno de los rubros que más se realiza; se ejecutan en un 95%, detalla la Contraloría.
En monto absoluto presupuestado en remuneraciones para el 2016 son ¢5,8 millones de millones: 4,5% más que el presupuesto inicial del 2015 y 5% más que el definitivo de ese mismo año, y superior a la inflación esperada para este año, de entre 2% y 4%.
El aumento en el gasto en remuneraciones del Gobierno Central es el que explica en buena medida el incremento de este rubro dentro del total y también el que presenta el mayor crecimiento para el 2016.
El gasto en remuneraciones del Gobierno Central pasó de 26% del gasto en el 2007 a 31% en el presupuesto inicial del 2016.
“En este grupo el gasto en remuneraciones está impulsado por la dinámica del Ministerio de Educación, el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad Pública; estos tres títulos absorben el 81% de las remuneraciones del Gobierno Central”, detalla la Contraloría.
Para el 2016, el gasto en remuneraciones del Gobierno Central aumenta en 7,2%; por encima del resto de grupos de instituciones.
“En 2010 las remuneraciones básicas eran el principal rubro de gasto para todos los sectores, con excepción de las IDNE (Instituciones Descentralizadas no Empresariales) y los Órganos Desconcentrados; en 2016 el panorama es el opuesto, los incentivos salariales son la principal subpartida para todos los grupos, con excepción de los Gobiernos Locales y las Instituciones Públicas Financieras”, dice el texto.
En promedio, por cada ¢1 de remuneraciones básicas se presupuestan, para el 2016, ¢1,1 en incentivos salariales.
“El sector público destina más recursos en las compensaciones adicionales al salario que al salario base, lo que constituye una distorsión”, señala el órgano.
¿Existe una salida? El ministro de Hacienda, y primer vicepresidente de la República, Helio Fallas, comentó que el Gobierno presentó un proyecto para limitar los gastos en salarios.
“La Administración Solís Rivera ya tomó la decisión de efectuar cambios en el sistema de evaluación del desempeño de los funcionarios públicos y en el reconocimiento de pluses salariales ligados con la antigüedad, con el fin de fijar límites al aumento del gasto en el pago de salarios”, señaló el jerarca.
Fallas se refiere al proyecto de Ley de Promoción del Buen Desempeño de los Servidores Públicos para una Gestión Pública de Calidad.
También en la Asamblea Legislativa está el proyecto de Ley para el Ordenamiento de las Retribuciones al Salario Base, de la diputada liberacionista Sandra Piszk y hay otros planes relacionados con el empleo público.
No obstante, según la Contraloría, estos proyectos no han tenido un avance importante.
La diputada Piszk considera que no hay voluntad para que caminen.
“Por mucho que se diga que hay voluntad política para avanzar en eso, no encuentro suficiente apoyo por parte de los distintos partidos políticos, es un tema muy controversial al que mucha gente le tiene temor”, dijo Piszk.
El analista Jorge Vargas, coordinador del Programa Estado de la Nación, explicó que en el país unos quieren primero los proyectos de gasto y otros los de ingreso para enfrentar el problema fiscal, pero nadie confía en nadie y así no se va a prosperar.
“Aquí es dando y dando, el tema no es la secuencialidad, no puede ser uno después de otro, porque nadie confía que al que va de segundo le vayan a honrar la palabra, aquí el tema es la simultaneidad de la negociación”, expresó.
Por eso, señaló, para desatar el nudo sugiere una negociación por rondas, donde se apruebe simultáneamente un proyecto de ingreso, uno de gasto y uno de gobernanza y luego hacer otra ronda con otro de cada uno. Los de gasto, añadió, tendrán que incluir el empleo público.
