El sector de la construcción urgió al Poder Ejecutivo a adoptar una serie de medidas que ayuden a la reactivación de la industria, dado que estima que con mejores condiciones, en el 2020 podrían alcanzar un crecimiento moderado.
La Cámara Costarricense de la Construcción considera que se debe aplicar la gradualidad o progresividad del Impuesto al Valor Agregado (IVA), acordada con las autoridades antes de la aprobación de la reforma fiscal, para los servicios en obras (profesionales, contratistas y electricistas, entre otros).
Otras medidas que considera urgentes es facilitar el acceso al crédito para vivienda a la clase media, aplicar las mejoras regulatorias (especialmente en la Secretaría Técnica Ambiental y el Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento) y en la gestión de obras públicas, y garantizar la disponibilidad de agua potable.
Adicionalmente, demandaron al Ejecutivo una directriz presidencial para frenar lo que denominaron la “participación ilegal y desleal” del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en consultorías, diseño y construcción de obras públicas, durante una conferencia de prensa, la mañana de este 14 de enero.
“El 2019 fue un año muy malo. Pese a eso, las empresas estamos listas para que el Gobierno acompañe en la reactivación del sector. No hemos visto hechos concretos para que eso se dé”, recalcó Esteban Acón, presidente de la Cámara.
Acón indicó que en el año anterior el sector decreció 8% y que se perdieron 11.000 empleos. Agregó que si bien el Banco Central de Costa Rica (BCCR) estima que el sector decrecería 4% en el 2020, la Cámara proyecta que se podría crecer 1% si se dan las condiciones exigidas.
Gradualidad
La Cámara insistió que desde tres años antes de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, con la que se implementó el IVA, se acordó que los servicios pagarían 4% hasta setiembre del 2020, 8% hasta setiembre del 2021 y 13% a partir de setiembre de 2022.
El gremio empresarial acusó a Hacienda de haber interpretado que todos los servicios pagarían 13% en los proyectos de construcción aprobados a partir del 30 de octubre del 2019. Esto habría incrementado los costos de los proyectos en 10%.
“El costo de los servicios es el 40% de una obra”, destacó Randall Murillo, director ejecutivo de la Cámara.
Para remediar la situación se tramita un proyecto de adición de un transitorio a la Ley donde la gradualidad o progresividad quedaría explícita.
Según la Cámara, antes de setiembre anterior se tramitaron una mayor cantidad de proyectos, lo que implicó un incremento medidos en metros cuadrados (véase gráfico), debido a la interpretación de Hacienda de aplicar el 13% a todos los servicios en obras de construcción.
Sin embargo, eso no significa que todos los desarrollos están en ejecución, pues en muchos casos los inversionistas decidieron esperar para ver mejores condiciones del mercado y, en especial, cuáles señales positivas emitía el Ejecutivo.
Financiamiento
La otra medida que el sector considera clave es ampliar los techos del valor de las viviendas a ¢100 millones para brindar condiciones favorables en el financiamiento, y para hogares con ingresos superiores a los ¢1,6 millones mensuales.
El actual techo (de ¢65 millones) sería el costo que el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) establece para un proyecto social.
Murillo explicó que la falta de acceso a financiamiento para la clase media impide empatar la oferta y la demanda habitacional existente, lo que se ejemplificaría con la lenta colocación de viviendas en proyectos verticales.
Sin embargo, Rodrigo Cuberto, presidente del Banco Central, anticipó que en el 2020 el consumo generado por el financiamiento estaría limitado por el alto endeudamiento de los hogares.
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Carlos Trejos, vicepresidente de la Cámara, alertó sobre los problemas de disponibilidad de agua potable e incluso demandó la intervención del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA).
Los representantes del sector explicaron que los problemas que han enfrentado algunos proyectos habitacionales son causados por circunstancias específicas de los desarrollos e insistieron que son aislados, pues representan el 2% del total.
La Cámara insistió en que las autoridades pueden aplicar en forma inmediata buena parte de las medidas. “Lo que se necesita es confianza y la confianza se dará con las señales que dé el Gobierno”, recalcó Murillo.
Pliego de medidas |
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Acciones que el sector construcción considera claves: |
IVA progresivo: aprobación del proyecto de Ley 21.637 “Adición de un transitorio V Bis a la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, para aplicar gradualidad o progresividad a servicios en el sector. |
Crédito para clase media: disminución de tasas de interés y de costos financieros (comisiones, servicios notariales y otros), así como ampliación de beneficios y condiciones que se otorgan a viviendas de interés social para créditos de hasta ¢100 millones. |
Mejora regulatoria: aplicar cambios reales en Setena y Senara mediante la promulgación del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental y del manual respectivo ya redactados. |
Eliminar abuso: emitir directriz presidencial y aprobar proyecto 21.014 “Ley de lucha contra el uso abusivo de la contratación administrativa entre entes de derecho público”, que limita uso de excepciones del artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa. |
Disponibilidad de agua: intervención de AYA para lograr adecuada planificación y control que asegure finalización de los proyectos en marcha y especialmente de la quinta etapa del acueducto metropolitano. |
Gestión de obra pública: fortalecer la planificación de mediano y largo plazo para garantizar la construcción oportuna de las obras y atender el rezago en infraestructura del país. |
Gasto público: impulsar reforma del empleo público para aumentar eficiencia del gasto estatal y asegurar el cumplimiento de la regla fiscal sin excepciones. |
Fuente: Cámara Costarricense de la Construcción |