EscucharEl solidarismo costarricense acepta una supervisión financiera "proporcional" a sus actividades, lo cual significa la puesta en marcha de controles pero diferentes a los de la banca, pues las asociaciones no realizan intermediación abierta (captan ahorro y prestan).
De esa manera reaccionó el movimiento solidarista a la iniciativa de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) de establecer algún sistema de control a ese sector, tal como lo manda la ley. La idea también se impulsa ante la creciente importancia de ese sector en la economía, pues administran una cartera de créditos de $2.000 millones.
Guido Alberto Monge, vicepresidente ejecutivo del Movimiento Solidarista Costarricense, advirtió de que aceptan la supervisión mientras se reconozca que el solidarismo es un conglomerado muy diferente, al no realizar intermediación financiera abierta.
El superintendente de Sugef, Javier Cascante, consideró que la supervisión tiene que ser proporcional a las características jurídicas y operativas que tienen cada uno de los sujetos.
En tanto, Marco Hernández, director general de Entidades Financieras en la Sugef, indicó a los solidaristas, en el congreso del sector realizado el 2 de noviembre, que se dividirá a las asociaciones en tres niveles, cada uno de los cuales tendrá una supervisión distinta.
Pese al mandato legal de velar por el buen funcionamiento de las asociaciones, un acuerdo del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), de 1995, pospuso la definición y puesta en vigencia de la supervisión.
Desde entonces, las asociaciones solidaristas gozan de exención total de supervisión.
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La iniciativa de Sugef está en este momento en análisis del Conassif. De aprobarse en esa instancia, la Sugef quedaría habilitada para realizar los controles.
Costo del programa
Hernández fue cuestionado acerca del costo de esta supervisión y su impacto en las finanzas de las asociaciones, pero dijo que aún no se tiene un dato al respecto. Aseguró que la Sugef tratará de que sea el menor costo posible, aunque reconoció que tendrá algún impacto.
La clasificación de las asociaciones solidaristas en tres grupos, agregó Hernández, se hará bajo dos parámetros: el volumen de activos y su relación con el sistema financiero, tanto en créditos como a inversiones.
En el primer grupo estarán las asociaciones más grandes y con más relación con el sistema financiero. Estas tendrán que aportar información mensual a la Sugef y tendrán una visita de los inspectores al menos una vez al año.
El segundo grupo estará constituido por entidades con un nivel de activos importante, pero sobre las cuales hay nivel menor de supervisión. Se les pedirá información trimestral y tendrán un seguimiento a la información financiera.
En el tercer grupo estarán la mayoría de asociaciones, según Hernández. Son pequeñas y poseen poca relevancia en el sistema financiero y la economía del país.
A estas se les pedirá solo reportes y estadísticas de manera trimestral, especialmente con el fin de llevar una radiografía del sector y para cumplir con el mandato del Banco Central de mantener una reserva de liquidez.
Unas 1.450 asociaciones solidaristas están en actividad en el país, de acuerdo con los registros del Movimiento, basados en las inscripciones ante el Ministerio de Trabajo. Las asociaciones agrupan a trabajadores, quienes por ley aportan recursos como ahorro, igual que los patronos dan su aporte correspondiente a la cesantía.
Datos al cierre del 2016 indican que esas agrupaciones tenían una cartera de $2.000 millones en créditos y que su patrimonio ascendía a $6.425 millones. Representaban a 340.000 trabajadores afiliados.
Monge explicó que se pretende un equilibrio entre la autorregulación que ya tiene el sector y los parámetros de una gestión integral de riesgo. Recordó que por su propia iniciativa el sector solidarista ya impulsó controles y mejorías en gobierno corporativo, por lo cual no sería complicado el paso a los controles de Sugef.
Además, Hernández adelantó que será un proceso gradual y adecuado a las condiciones de las asociaciones solidaristas.
Mientra, Monge comentó que tradicionalmente la regulación establecía metas y las aplicaba, mientras que en este caso busca información para determinar el riesgo.
