La agencia Standard & Poor’s (S&P) modificó la perspectiva de la calificación crediticia de Costa Rica, de negativa a estable, a raíz de la reciente aprobación de la ley de empleo público y por la aprobación de la revisión efectuada por el Fondo Monetario Internacional (FMI). La agencia estadounidense afirmó la nota en “B”.
Con este criterio, las tres calificadoras que analizan la deuda de Costa Rica (Moody’s, Fitch y S&P) han afirmado la nota del Gobierno y mejorado la perspectiva de calificación, desde finales del 2021.
La primera en hacerlo fue Moody’s, que en diciembre pasado confirmó la nota en B2 y dejó la perspectiva en “estable”, basada en la reducción del déficit fiscal del Gobierno y la recuperación de la economía del país. El 11 de marzo anterior Fitch hizo lo mismo y destacó la recuperación fiscal, la fuerte actividad económica y el tope al gasto público con la regla fiscal.
La nota de riesgo “B” de S&P implica que el emisor, en este caso Costa Rica, es más vulnerable a condiciones económicas, financieras y del negocio adversas, pero actualmente tiene capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras.
“La perspectiva estable refleja nuestra expectativa de que, sin importar quién gane las elecciones presidenciales continuará el apoyo político para un progreso moderado en la consolidación fiscal, lo que facilitaría el acceso a financiamiento externo”, aseguró S&P, en un comunicado difundido este jueves 17 de marzo.
Sin embargo, la agencia estadounidense subrayó que a Costa Rica le cuesta avanzar políticamente para aplicar las reformas para consolidar la sostenibilidad fiscal. Por ejemplo, la Facilidad de Fondo Extendido (EFF) aprobada por el FMI, por $1.780 millones, se tardó ocho meses en la aprobación en el Congreso.
En el caso de la ley de empleo público, destaca que se aprobó en primer debate a mediados del 2021, pero se envió a revisión constitucional a la Sala IV en dos ocasiones hasta su aprobación final, el pasado 8 de marzo. A pesar de esto, la calificadora sí destacó el apoyo contundente al plan, en la votación durante el segundo debate, con 39 votos a favor de los 57 totales.
“El apoyo político al acuerdo con el FMI sigue siendo sólido, incluso si algunos aspectos del programa se renegocian potencialmente después de que el nuevo presidente asuma el cargo en mayo”, afirmó S&P.
Elian Villegas, ministro de Hacienda, comentó que la calificadora menciona la necesidad del avance de los proyectos pactados con el Fondo para que se pueda generar un ascenso en la nota de riesgo del país, lo cual aumentaría la confianza de los inversionistas y brindaría mejores condiciones para el financiamiento local y externo.
“Significa que las bases sobre las que se ha venido llevando el proceso de consolidación fiscal son las correctas, que nuestro acuerdo con el FMI está bien encaminado y que los grandes números de la economía costarricense son favorables a los intereses del país”, dijo Villegas.
El jerarca sostuvo que los comunicados de Fitch, Moody’s y S&P implican que ven un menor riesgo en invertir en Costa Rica, comparado con un tiempo atrás.
Por último, S&P proyecta que la economía costarricense tendrá un crecimiento promedio de 4,3% anual entre el 2022 y 2024. El impulso vendrá por el turismo, las exportaciones de empresas de zona franca y la llegada de nuevas compañías al país debido al nearshoring.
En cuanto a las finanzas públicas, la agencia prevé que la contención del gasto y la aprobación de proyectos fiscales provoquen una baja del déficit fiscal y del endeudamiento del Gobierno, como porcentaje de la producción.