EscucharLa Superintendencia de Pensiones (Supén) propondrá un drástico ajuste al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) en la mesa de diálogo para reformar al principal fondo de jubilaciones de Costa Rica, con el objetivo de hacer cambios integrales y “no parches” para enfrentar el problema de sostenibilidad del sistema administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Rocío Aguilar Montoya, jerarca de la Supén, explicó a La Nación que la iniciativa plantea elevar los ingresos al sistema, reducir los beneficios y limitar los aumentos en las jubilaciones para elevar la razón de solvencia al 80%, desde el 60% que se prevé se alcance con los cambios que comienzan a implementarse el 11 de enero del 2024.
La razón de solvencia es la capacidad que tiene un fondo de jubilaciones para pagar las pensiones futuras. Por ejemplo, según la Caja, este indicador es actualmente del 60%, es decir, que el régimen no tiene la capacidad para hacerle frente al 40% de las promesas de pensión a los afiliados actuales. El escenario de equilibrio es cuando este índice sea del 100%.
“Tenemos un caldo de cultivo terrible, si no se acelera la toma de decisiones en la Caja, vamos a enfrentar un problema serio en el muy corto plazo”, advirtió Aguilar.
La propuesta también incorpora la creación de la pensión básica universal para dar a todos los adultos mayores un ingreso en su vejez.
La iniciativa de la Superintendencia requerirá de cambios en las reglas del fondo, así como reformas legales que deben aprobarse en la Asamblea Legislativa.
LEA MÁS: Rocío Aguilar sobre cambios al IVM: ‘Hay que hacer una reforma integral, no parches’
La entidad fiscalizadora no propuso ningún cambio en la fórmula de cálculo de las pensiones que la Junta Directiva de la Caja aprobó, en agosto del 2021. Ese cambio que entra en vigor el 11 de enero de 2024 eliminará la pensión anticipada para los hombres y reducirá el monto de las nuevas jubilaciones entre un 3% y un 12%.
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones, dijo que la Junta Directiva de la CCSS acordó, el 9 de noviembre, esperar a la finalización del nuevo estudio actuarial del IVM para definir el proceso de convocatoria a los sectores sociales con el objetivo de discutir las reformas integrales al fondo de pensiones.
Al final, el órgano colegiado decidió hacer la convocatoria directamente después de conocer los resultados del estudio actuarial al régimen. En el proceso se prevé que haya representantes del Gobierno, empresarios, sindicatos, la Supén y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La Supén llevará sus iniciativas al debate nacional que la CCSS pretende iniciar el próximo año para realizar un nuevo ajuste en las pensiones del IVM. Este es el principal fondo de jubilaciones del país para el cual cotizan 1,7 millones de trabajadores, 79.000 patronos. En total, hay 354.510 jubilados.
El último estudio actuarial al régimen, hecho por la Caja en el 2018, determinó que el sistema tendría problemas de solvencia a partir del 2021 y agotaría la reserva en el 2037. Además de que tenía un déficit actuarial de ¢100 billones, monto equivalente a poco más de tres veces la producción en ese momento.
Elevar ingresos del IVM
1. La propuesta de la Supén pretende aumentar el número de cuotas a 360 (30 años) para jubilarse por vejez lo cual implicaría permanecer por cinco años adicionales más en el régimen, comparado con los 300 aportes (25 años) actuales mínimos para retirarse del fondo.
En el plan no vincula la cantidad de cotizaciones a una edad mínima de retiro, pero Aguilar aceptó que subir los aportes claramente significa pensionarse a una mayor edad. El Reglamento del Seguro Invalidez, Vejez y Muerte dicta que la edad de retiro del sistema es de 65 años con 300 cuotas.
2. La otra medida es incrementar la cotización tripartita al 15%, desde el 11,16%. Hoy los patronos contribuyen el equivalente al 5,25% del sueldo de cada empleado; el trabajador, el 4,33%, y el Estado, el 1,57%.
Estos dos ajustes provocarían un alza de más del 40% en los ingresos del sistema, según las estimaciones de la Supén. Ambos cambios requieren de la aprobación de la Junta Directiva de la CCSS.
En 2022, la cotización al IVM fue de ¢1.370.723 millones, según los estados financieros del régimen. Si se cumple la previsión de la entidad, los ingresos adicionales anuales rondarían los ¢548.200 millones.
3. El tercer elemento del lado de los ingresos, es el financiamiento de la pensión básica universal mediante un incremento del impuesto sobre el valor agregado (IVA) del 13% al 15%, lo cual brindaría una recaudación adicional de 0,74% del producto interno bruto (PIB), lo cual ascendería a ¢349.000 millones.
La pensión básica universal es una jubilación que recibirían todos los adultos mayores para garantizarse un ingreso mínimo en la vejez, independientemente, si cotizaron o no a un régimen básico.
Los recursos para el nuevo beneficio tendrían que aprobarlos los diputados en el Congreso. La jerarca de la Supén resaltó que es necesaria la reforma fiscal con un objetivo de protección social con el fin de bajar las cargas salariales a los patronos y fomentar la formalidad.
El plan propone que la pensión básica universal se fusione con el Régimen No Contributivo (RNC) que brinda una jubilación de ¢80.000 a 145.371 personas pobres, y también con la pensión mínima del IVM.
Aguilar apoya el proyecto de ley de Rodrigo Arias que propuso una redistribución del aporte estatal a los regímenes básicos (IVM, Magisterio Nacional y Poder Judicial), usar la contribución del 15% del aporte de las ganancias de las empresas públicas y el 0,5% del aporte patronal al Banco Popular hacia el nuevo beneficio de jubilación.
Reducir beneficios
Del lado del gasto del régimen, la Superintendencia presentará una reducción en los beneficios para los jubilados.
La primera reforma es que la cuantía de la pensión sea equivalente al 45% de la base mínima contributiva (BMC) al IVM, lo cual establecería la cuantía en ¢138.000 mensuales. El monto actual es de ¢153.192 al mes.
Otra de las medidas será que los jubilados del IVM efectúen el aporte del 5% al Seguro de Salud, que actualmente es subsidiado por el régimen. El año pasado, el sistema pagó ¢187.113 millones por la atención médica recibida en los hospitales, clínicas y Ebáis de la CCSS.
Aguilar dijo que esta iniciativa implicaría equiparar las condiciones con el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC), del Magisterio Nacional; y el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.
La última medida que se presentará es el límite a la revalorización de las pensiones cuando el indicador de solvencia sea menor al 70%. En ese momento, el ajuste al monto de las pensiones se hará por debajo de la inflación, lo cual se conoce como mecanismo de autobalance.
Este principio es el mismo que se usa en el RCC y permite la sostenibilidad del fondo de pensiones de los maestros. Aunque en el pasado recibió críticas porque puede empobrecer a los pensionados debido a que no ajusta la jubilación al costo de vida en el largo plazo.
La superintendente reconoció que la integridad de las propuestas es polémica, pero logrará el objetivo de incrementar la solvencia al IVM.
