EscucharEl Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) propusieron relajar las reglas de fiscalización a 15 cooperativas de ahorro y crédito del país, y solo mantener la rigurosidad a siete entidades del sector.
El objetivo de flexibilizar la supervisión a estas instituciones es reducir la carga operativa y los costos relativamente más altos para las entidades de menor tamaño y complejidad. Así se detalla en el oficio CNS-1795/10, enviado a consulta el pasado 25 de abril.
Para definir cuáles de las 21 entidades tendrán una revisión diferenciada, la Sugef planteó que serán aquellas con un activo total neto administrado menor a ¢80.000 millones. Hasta marzo pasado, 15 de estas entidades estaban por debajo de dicho umbral, según datos publicados por la Superintendencia.
En contraste, Coopenae, Coopeservidores, Coopealianza, Coope Ande N° 1, Coocique, Coopecaja y Coopemep serán las únicas que se mantendrían con la fiscalización regular debido a que superan el monto propuesto, tienen un mayor tamaño y la mayor complejidad del negocio.
Las cooperativas de ahorro y crédito tienen un papel muy relevante en el negocio financiero de Costa Rica. Hasta marzo anterior, reportaron un activo total de ¢4.275.080 millones, es decir, el equivalente al 11% del total de los recursos del Sistema Financiero Nacional.
Además, contaban con 596.187 clientes que tenían depositados ¢2.644.024 millones en diferentes instrumentos de ahorro, al primer trimestre de este año, es decir, un 24% más frente a los ¢2.117.757 millones del 2019, según la Sugef.
Del lado crediticio también son jugadores relevantes. A marzo anterior, 257.921 deudores contaban con 559.255 préstamos cuyo saldo ascendió a ¢2.909.644 millones, pero cinco años atrás, el monto era de ¢2.569.278 millones, lo cual significó un incremento del 13% en dicho periodo.
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Fundamento del cambio
La decisión de procurar reglas de fiscalización proporcionales a las cooperativas de menor tamaño se justificó porque son instituciones cuyas líneas de negocio son poco complejas —principalmente créditos de consumo—, sectoriales y enfocadas a zonas geográficas o actividades productivas específicas.
En específico, se planteó eximir las instituciones con menos de ¢80.000 millones en activos totales netos del Reglamento sobre Gobierno Corporativo y el de Administración Integral de Riesgos.
Alberto Dent, presidente del Conassif, explicó que la actual normativa tiene mandatos de supervisión inmanejables para las cooperativas de menor tamaño.
Por esa razón, el reglamento enviado a consulta crea algunas libertades, pero no son absolutas, reconoció. Dent citó que deben cumplir con cánones de calidad como la idoneidad de los funcionarios administrativos, pero no así en los miembros de las juntas directivas.
“Se hacen algunas excepciones basadas en consideraciones de tipo práctico y de costo para las cooperativas de menor tamaño. Las flexibilizaciones propuestas consideramos que no son de gran trascendencia, pero representan un ahorro de costo para ellos”, aseguró.
El jerarca del Consejo manifestó que, aunque se les brindan nuevos parámetros de operación proporcionales al tamaño, se les eleva el estándar de suficiencia patrimonial.
Actualmente, un nivel del 10% es considerado como normal, pero las cooperativas de menor tamaño deberán llevarlo como mínimo al 16%, a partir de diciembre del 2024, para seguir bien calificadas. Hoy solo una de las 15 entidades que entrarían en la supervisión proporcional está por debajo del 16% en este indicador.
La suficiencia patrimonial es un indicador que provee información sobre la fortaleza del capital de cada entidad supervisada por la Sugef, y su capacidad para responder por los riesgos generales de la actividad que realizan; es decir, sirve para medir la fortaleza de la solvencia y la estabilidad financiera de los participantes.
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Adicionalmente, la Superintendencia establecerá un modelo de liquidez diferenciado para estas entidades, el cual implicaría elevar el nivel actual, pero aún no está definido el nuevo parámetro.
Propuesta novedosa
Javier Cascante, exjerarca de Sugef, catalogó la propuesta del Conassif y Sugef como novedosa al establecer un marco de calificación diferente para un grupo de cooperativas, sin tomar en cuenta la gestión de riesgo y el gobierno corporativo, los cuales sí son relevantes para resto del sector financiero.
“No hay suficiencia patrimonial que compense, de acuerdo a mi experiencia, una mala gestión de riesgos”, subrayó Cascante.
El especialista destacó que la identificación de una mala administración del riesgo dependerá de la capacidad de la Sugef de detectarlo o de la buena gestión de la institución supervisada de mitigarlo.
Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia, destacó que con la regulación proporcional estas entidades continuarán bajo la fiscalización de la Sugef, pero deberán reflejar su administración del riesgo de una manera diferente.
“Estas entidades siguen obligadas a contar con un marco de gobierno corporativo, órganos de dirección y gerencia idóneos, así como una función de riesgos sólida (...). El Consejo de Administración y la Gerencia mantienen el requerimiento de aprobar y comunicar ampliamente hacia lo interno de la entidad su declaración de apetito de riesgo”, afirmó Aguilar.
Además, deben continuar entregando la información financiera que cada mes remiten a la Superintendencia.
No es la primera vez que el Connasif y la Sugef plantean una fiscalización proporcional. En diciembre de 2017, ambas instituciones iniciaron un proceso para supervisar las asociaciones solidaristas en el país.
Para enero del 2019, ambas entidades acordaron que solo cinco grandes solidaristas quedarían bajo la vigilancia de la Superintendencia y 1.488 asociaciones y 40 cooperativas quedarían exentas de revisión.
Sin embargo, en julio del 2021, el Conassif descartó fiscalizar las cinco grandes solidaristas que en su momento fueron planteadas. Estas asociaciones eran las de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la del Poder Judicial, la de los bancos Nacional y de Costa Rica; y la de Walmart.
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Sector crítico
Desde el sector de cooperativas de ahorro y crédito hubo reservas sobre los posibles efectos de la norma propuesta.
Para Esteban Marín, gerente de Riesgo de Coope Ande N° 1, incorporar la supervisión proporcional va en detrimento del propio sector cooperativo.
“La afectación de mayor riesgo en el sector cooperativo, generaría un cambio de condiciones para el financiamiento de las entidades cooperativas de parte de los bancos e instituciones fondeadoras. Al ser entes de economía social, esto se traduce en una menor generación de beneficios para los asociados”, recalcó Marín.
En tanto, Adrián Rodríguez, director ejecutivo de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Costa Rica (Fedeac), destacó que el reglamento a incorporar no puede ser regresivo.
“Sugerimos a la Sugef velar porque la aplicación del Reglamento contenga los elementos de gradualidad adecuados y que las entidades financieras, que así lo deseen, puedan continuar aplicando normas actualmente en vigencia, teniendo claro, repito, que esta no es una flexibilización del marco regulatorio”, afirmó Rodríguez.
Para Adrián Álvarez, gerente general de Coopenae, la norma enviada a consulta mantiene la protección de los ahorros e intereses de los asociados y clientes.
