EscucharLos contadores públicos y sus clientes pueden seguir negociando las tarifas de los servicios profesionales, luego de que el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Primera, suspendiera la medida cautelar que impedía la eliminación de la tarifa mínima obligatoria. Así lo informó este jueves el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
Por medio de un comunicado de prensa, el MEIC señaló que el Tribunal suspendió, mediante la resolución número 302-2023-I del 4 de agosto de 2023, la medida cautelar promovida por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.
La tarifa mínima obligatoria había sido suspendida en noviembre del 2022 para los servicios profesionales en Geología, Física e Ingenieros Químicos y profesionales afines; de igual manera quedó sin efecto para el área de Nutrición desde enero pasado.
En el 2022 se emitieron 11 decretos para eliminar las tarifas mínimas obligatorias en 11 servicios profesionales, con el fin de permitir que su precio se establezca mediante un acuerdo entre las partes, según refirió el MEIC.
Varios colegios profesionales han tratado de impedir su aplicación por la vía judicial, solicitando medidas cautelares; algunas han sido rechazadas por los jueces respectivos.
Con estos decretos se pasa de un esquema de tarifas mínimas obligatorias a uno de tarifas de referencia no obligatorias, estableciendo un principio de libre contratación.
El MEIC señala que esta iniciativa se enmarca en las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en materia de prácticas internacionales de competencia.
Guillermo Rojas, comisionado de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), indicó a La Nación, que este tipo de tarifas mínimas limitan la autonomía de los profesionales, favorecen la colusión y limitan el acceso de los usuarios a estos servicios. Por esa razón, a través de un estudio reciente, se había recomendado su eliminación.
Además, estas tarifas suelen ser más elevadas, lo que encarece los bienes y servicios derivados de los requerimientos profesionales. Rojas afirmó que el marco jurídico de competencia debe aplicarse a todos los sectores de la economía sin excepción, y que no hay justificación para que en Costa Rica continúen regulaciones que ya han sido eliminadas en muchos países del mundo, principalmente en los miembros de la OCDE.
El análisis de Coprocom se realizó mediante el Estudio en Materia de Competencia y Libre Concurrencia de los Servicios Profesionales en Costa Rica, publicado en febrero de 2022.
