EscucharLa Dirección General de Tributación autorizó la entrega de la información de comprobantes electrónicos por la venta o adquisición de bienes y la prestación de servicios al Banco Central de Costa Rica (BCCR), sin anonimizar.
Mario Ramos, director de Tributación, fue quien giró la instrucción para que se brindaran los datos con la identificación del contribuyente, sea persona o empresa, según consta en el oficio DGT-520-2022, del 3 de junio del 2022.
En el documento, del cual tiene copia La Nación, el jerarca instruye a la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación, para que se concrete el suministro de la información a la autoridad monetaria.
Ramos detalló en el oficio que el BCCR requiere los datos de las facturas electrónica para elaborar los estudios de cuentas nacionales.
“En razón de lo expuesto, así como de la importancia que el BCCR cuente con la información necesaria y oportuna para preparar los estudios que por ley está obligado a emitir, le ruego proceder a suministrar la información que se requiere sin anonimizar”, indicó Ramos a dicha dirección.
Las cuentas nacionales es un compendio estadístico que agrupa 184 productos y 144 actividades económicas con la cual el BCCR calcula el producto interno bruto (PIB) de Costa Rica.
Además, contiene información de sectores económicos como el Gobierno, hogares, instituciones sin fines de lucro, sociedades financieras y sociedades no financieras.
La Nación consultó este lunes a la Dirección General de Tributación a partir de cuándo y con qué periodicidad brinda la información de facturas electrónicas al BCCR. Sin embargo, al cierre de este artículo no hubo respuesta. La oficina de comunicación de Hacienda detalló por correo electrónico y WhatsApp que apenas tengan las respuestas las remitirán.
Al Banco Central también se le consultó este lunes, en horas de la mañana, con qué fin solicitó la información de facturas electrónicas al fisco y con cuáles otras bases de datos, ya en su poder, planea cruzar los datos de los comprobantes electrónicos.
Mediante su Oficina de Prensa, el BCCR informó de que aún están validando las respuestas que se le brindarán al diario. Pero sí detalló que su ley orgánica le da la potestad de tener acceso a la información tributaria con propósitos estadísticos.
Dicha norma dicta que los funcionarios del Banco deberán acatar las mismas prohibiciones y limitaciones establecidas al personal del fisco sobre el uso de los datos tributarios de los contribuyentes.
¿Qué es el comprobante electrónico?
El comprobante electrónico es un documento, en formato XML, autorizado por el fisco en el cual se respalda la venta o adquisición de bienes y la prestación de servicios y que debe ser generado y enviado a Tributación.
El Reglamento de comprobantes electrónicos para efectos tributarios ordena que estos archivos deben contener el nombre completo, razón social o marca comercial del obligado tributario.
Además, del número de cédula, número de cédula jurídica, Documento de Identidad Migratoria para Extranjero (DIMEX) o el número de identificación tributaria. Así como la dirección completa del negocio (provincia, cantón, distrito, barrio y otras señas) y dirección de correo electrónico del contribuyente.
También incorporan el detalle de la forma de pago (tarjeta, efectivo, depósito o transferencia), el bien o servicio prestado, condiciones de la venta (contado, crédito, apartado, arrendamiento), moneda en la que se pagó y el monto del impuesto sobre el valor agregado (IVA) cancelado.
Tributación emitió, en el 2016, la primera resolución que hizo obligatoria la utilización de la factura electrónica y ordenó la masividad del instrumento a partir del 2018.
Según datos de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación, del Ministerio de Hacienda, entre enero y agosto de 2023, la institución recibió 1.077 millones de facturas electrónicas por parte de los contribuyentes.
La información publicada en el portal de Hacienda muestra que por mes, en promedio, la institución recibe 140 millones de facturas electrónicas. Mientras que desde 2019 al 2022, se tramitaron 1.400 millones de comprobantes electrónicos en el país.
La factura electrónica permite a Tributación tener una mejor trazabilidad del IVA, pues le permite, casi en tiempo real, el control tributario y la fiscalización de dicho tributo.
BCCR señala deficiencia en datos
El requerimiento del BCCR de bases de datos crediticias sin anonimizar también se solicitó, en noviembre del año pasado, a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) porque, aseguró, la información anónima contiene deficiencias, según un comunicado de prensa difundido este lunes por el Banco Central.
La Sugef se negó a entregar las bases de datos y, por tal razón, el Banco denunció penalmente, en abril anterior, a Rocío Aguilar por el supuesto delito de desobediencia a la autoridad
“El BCCR revisó la base anonimizada que contiene la información de crédito del sistema financiero nacional y detectó incoherencias, tales como créditos para actividades agrícolas de gran cuantía en el cantón central de Heredia o préstamos de generación eléctrica en el cantón de Goicoechea, por citar dos ejemplos”, argumentó la entidad en el comunicado de este lunes.
La entidad indicó que dicha situación evidencia la necesidad de mejorar la calidad de las bases de datos para poder producir mejor información estadística, pues se trata de cumplir con acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El BCCR argumentó que, en setiembre del 2022, el equipo técnico del FMI y las autoridades de Costa Rica acordaron una serie de metas en el marco de la Facilidad Ampliada de Crédito, además del interés del país de acceder a la línea de crédito denominada Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad, por $725 millones, la cual ya fue aprobada a Costa Rica.
Entre los compromisos pactados con el Fondo, según el Banco Central, están disponer de un repositorio de datos con el 35% de la cartera de crédito vigente, al 31 de diciembre del 2022, del Sistema Bancario Nacional e incrementar su cobertura.
El BCCR explicó que, una vez cuente con la información completa de deudores, el fin es combinarla con datos sobre amenazas climáticas, vulnerabilidad de las actividades económicas y geográficas ante eventos climáticos.
