EscucharLa Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) se declaró preocupada por la “información sensible” de personas, con nombre y apellido, que exige el Banco Central a bancos públicos e instituciones.
“No es de recibo justificar la solicitud de información sensible de los costarricenses para fines estadísticos sin anonimizarla y no observa la existencia de criterios técnicos para contar con esta información de forma detallada, centralizada y sin anonimizar”, advirtió la unión empresarial en un comunicado.
Uccaep informó que su representante en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) presentó una moción para solicitar un informe sobre qué información entregó la Caja al Central.
La moción también pide que se investigue qué departamento autorizó el traspaso de información, especificar los protocolos utilizados por la CCSS para proporcionar información a otras instituciones y dar el fundamento legal que respalda el envío de los datos.
El Banco Central emprendió una operación para exigir a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) la entrega de todos los datos de deudores del país, con nombres y apellidos, montos y saldos, para, según el Central, confeccionar estadísticas. La superintendenta Rocío Aguilar se negó a darla y fue denunciada penalmente.
Igualmente, el Banco Central demandó a los bancos Popular, Nacional y de Costa Rica, suministrar nombres y montos de todas las personas o empresas que hacen depósitos o ahorros. Por ahora se conoce que solo el Popular entregó esa información y que el gerente general del Nacional fue denunciado penalmente por rehusarse a darla. El BCR evalúa la solicitud.
La Dirección de Tributación, por pedido del Central, entregó también son nombres y apellidos, sin anonimizar, la información de comprobantes electrónicos por la venta o adquisición de bienes y la prestación de servicios.
Esta es la segunda ocasión en que Uccaep expresa su inquietud ante las peticiones de información por parte de la autoridad monetaria.
A mediados de agosto, Uccaep respaldó la decisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) de negarse a proporcionar datos de deudores sin anonimizar.
“Estos requerimientos, lejos de ser de índole estadístico, se caracterizan por solicitar información de las personas físicas y jurídicas sin anonimizar. Información como el perfil crediticio, el saldo de dinero de depositantes y ahorrantes, información tributaria y de facturación, datos de la condición de aseguramiento en la CCSS, entre otros”, afirmó la Uccaep por medio de un comunicado.
La Uccaep reiteró que el artículo 24 de la Constitución Política protege el derecho a la intimidad, la libertad y el secreto de las comunicaciones, y expresó su preocupación sobre la recolección, procesamiento y posible utilización de la información recopilada.
Según la Uccaep, la información detallada que el Banco Central busca obtener de diversas fuentes no es necesaria para cumplir con los objetivos estadísticos, por lo que instaron a la autoridad monetaria a poner fin a las solicitudes “contrarias a nuestra Constitución y al derecho de las personas y sus datos”.
