Las sodas y restaurantes deberán cumplir con 133 requisitos contenidos en una herramienta de evaluación, y luego someterse a escrutinio de un especialista, con el fin de obtener una certificación para el uso del gas licuado de petróleo (GLP) o de cocina, pues de otra manera se enfrentan a un posible cierre del negocio.

Las normas se pusieron en marcha, en setiembre pasado, mediante la aplicación del Reglamento General para la Regulación del Suministro de Gas Licuado de Petróleo, vigente desde mayo. Con él se ponen en orden el transporte, instalación y uso de este combustible, con el fin de proteger a las personas, tanto empleados como clientes, de las sodas y restaurantes, según el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

En un mecanismo semejante a la revisión técnica vehicular, el incumplimiento de cada uno de los 133 aspectos se califica como grave, moderado o leve. Se otorga la opción de realizar los ajustes y contratar una reinspección. Para los casos graves se dan dos semanas para atender las deficiencias.

Los negocios deben cumplir con los requisitos para poder renovar anualmente el permiso sanitario de funcionamiento y, para ello, deben contratar los servicios de certificadores autorizados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) o por el Colegio de Ingenieros Químicos. También el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica cuenta con certificadores.

Cada comercio contrata al especialista, quien puede pedir los ajustes necesarios a la instalación, para cumplir con los 133 requisitos.

El Ministerio de Salud es quien entrega por primera vez, o renueva, el permiso sanitario de funcionamiento y quien realiza las inspecciones de cumplimiento y puede cerrar los negocios.

Aunque afirman que no se oponen a las regulaciones y, en especial, a la protección de la vida, los propietarios de restaurantes se quejan de las fuertes inversiones necesarias para cumplir con la nueva reglamentación. Incluso, dicen, en Costa Rica no se venden todavía muchos de los materiales requeridos, los cuales se deben importar y no llegan en el tiempo autorizado para hacer los cambios.

Juan Pablo Arias, ingeniero que imparte los cursos de capacitación a los certificadores en el CFIA, manifestó que el tema es “grande”, porque se encuentran fuertes incumplimientos durante las inspecciones. El de mayor problema, agregó, es con la ubicación de los cilindros, pues se acostumbraba tenerlos dentro de los comercios.

La nueva legislación, recordó, exige que estén en la parte de afuera de los locales y nunca dentro de ellos. También, deben estar en condiciones condiciones adecuadas, es decir, en un encierro de cemento y con una de las cuatro paredes en un material metálico no inflamable.

Sin embargo, también se encuentran mangueras no autorizadas, escasa rotulación y campanas de conexión llenas de aceite u otros materiales, explicó Arias.

Desde la emisión del decreto, la Cámara Costarricense de Restaurantes (Cacore), lideró una iniciativa para regular la aplicación de la nueva normativa. En una carta enviada, a finales de mayo, al ministro de Coordinación con el Sector Privado, André Garnier, afirmaron que la nueva situación afecta a 18.939 restaurantes y afines, 3.500 hoteles y más de 10.000 puntos de venta de GLP en el país. Las inspecciones deben hacerse hasta en los comedores escolares.

La gestión de Cacore fue apoyada por las cámaras Nacional de Distribuidores de Gas, Nacional de Turismo (Canatur), de Industria y Comercio Costa Rica México (Cicomex), Costarricense de Hoteles (CCH), Nacional de Comerciantes Detallistas, la de Comercio de Costa Rica, así como la de Comercio, Industria y Turismo de Limón.

En aquella ocasión afirmaron que la aplicación del reglamento no se estaba dando uniformemente sino bajo el criterio de los funcionarios que realizaban la inspección.

Ante esto, el Minae adoptó la herramienta de evaluación, proveniente del Cuerpo de Bomberos, donde no solo se miden aspectos directamente relacionados con el uso del gas, sino también con la instalación eléctrica, la prevención de incendios, las rutas de evacuación e, incluso, plan de emergencias para locales con capacidad para más de 20 personas. Se ordenó su aplicación desde el 22 de agosto pasado.

El viceministro de Energía del Minae, Rolando Castro, afirmó que la herramienta de evaluación estandariza los aspectos a revisar y que, precisamente, se estableció a pedido de los interesados. Recalcó que la intención es resguardar la seguridad de quienes trabajan en los negocios, así como de los clientes y público en general.

Ricardo Morales Vargas, jefe de la Unidad de Normalización de Servicios de Salud en Ambiente Humano, del Ministerio de Salud, enfatizó: “proteger la salud y la seguridad de todas las personas es nuestra prioridad como ente rector de la salud, por ello la necesaria regulación en los sitios donde se utiliza el gas”.

“De hecho, lamentablemente es en los negocios pequeños donde se han dado históricamente los accidentes más trágicos con este material inflamable, capaz de generar explosiones e incendios. La regulación que aplicamos se basa en criterios consensuados entre instituciones (Aresep, Minae, Salud y Bomberos) que están en constante escrutinio para mejorar su aplicación. Además se sustenta en criterios utilizados internacionalmente, y basados en la norma NFPA (Asociación Nacional de Protección contra el Fuego) que oficializa el Cuerpo de Bomberos”, agregó el funcionario del Ministerio de Salud.

Explicó que cada una de las 82 áreas de salud lleva el registro de las denucias y no se cuenta con un registro centralizado.

Algunos requisitos

Aparte de las normas más conocidas, como el buen estado de los cilindros, de las válvulas de acople y de otras conexiones, la normalización exige ahora que los recipientes estén fuera de las instalaciones del local, cercados con materiales que no sean inflamables y alejarse, al menos, tres metros de estacionamientos y de calles.

La carga de los cilindros fijos (casi todos los restaurantes tienen de estos) se tiene que hacer a un máximo de 1,5 metros de distancia, para disminuir la posibilidad de un accidente. Esto también tiene que ver con la ubicación de los cilindros.

La tubería que lleva el elemento a la cocina debe ser con materiales autorizados por normas internacionales, deben existir sistemas de detección de fugas de gas y control de incendio para el sistema específico de este combustible y también para todo el local.

También exige que se presente un plano del sistema para el uso del gas, el sistema de alertas para control de fugas con alarma sonora y se debe dotar la local con extintores portátiles.

Aparte de esto, la herramienta puesta en vigencia para otorgar la certificación exige revisar el sistema eléctrico, las rutas de evacuación y otros elementos.

Comerciantes como el propietario de las pizzerías Caccio’s, Elliot Campos, reconoció la importancia de preservar la seguridad de las personas, pero aseguró que “sacar ahora un permiso sanitario de funcionamiento en Costa Rica es casi solicitar la instalación de una miniplanta atómica”.

Teresita Acosta, presidenta de Cacore, aseguró que algunos propietarios de sodas y restaurantes han decidido cerrar los negocios.

Explicó que lo hacen ante la imposibilidad de adecuarse a todos los requisitos para renovar el permisos sanitarios de funcionamiento y que, por eso, el Ministerio de Salud no los contabiliza como cierres por las inspecciones de gas. Por tal razón, Cacore no aporta cifras al respecto.

Medida se debate entre la seguridad humana y los costos

La aplicación de las normas para uso de gas en sodas y restaurantes pasa desde el extremo de prevenir la seguridad de clientes, empleados y dueños de los negocios, así como el público en general, hasta un equilibrio para evitar cierres de negocios y eventuales despidos de personal.

Elliot Campos, propietario de las pizzerías Caccio’s, aduce que vivió un calvario este año, cuando se presentó a renovar su permiso de funcionamiento para el negocio de la Calle de la Amargura, en marzo, ante el área de salud de Montes de Oca.

Luego de infinidad de trámites y apelaciones y tras invertir unos ¢550.000 en mejoras del sistema y en el pago de la inspección, en octubre pasado logró el objetivo.

En la otra acera, el ingeniero Juan Pablo Arias, encargado de capacitar a los especialistas que certifica el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) como inspectores del gas, advirtió que el incumplimiento es un problema fuerte ante una legislación que se ha venido cambiando desde el 2008 y tiene una nueva ley emitida en el 2014.

El viceministro de Energía del Ministerio del Ambiente y Energía (Minae), Rolando Castro, dijo que se han dado prórrogas y que incluso el reglamento no se emitió sino hasta mayo pasado para permitir a los empresarios una adecuación a las normas.

Además, señaló el Viceministro, cada negocio deberá contratar la inspección del experto autorizado al momento o fecha en que se venza su permito sanitario de salud. Ante la quejas, añadió, el plazo de vigencia de la certificación se extendió de uno a dos años y, además, una comisión especial está analizando ajustes a los contenidos de la herramienta o guía de inspección de acuerdo con las peticiones de los empresarios.

Arias manifestó que en este tema se debe cambiar la visión de las personas porque se mide todavía en términos económicos y no en cuanto a la seguridad de la personas. Otro aspecto dijo, es la rigurosidad con la cual los certificadores deben realizar las inspecciones.

Consultado acerca de mercados municipales, donde funcionan muchas sodas, el ingeniero señaló que hay caminos para cumplir con la normativa.

El especialista puso como ejemplo el Mercado Municipal de Cartago, donde se instaló un sistema comunitario en el techo de las instalaciones, cumpliendo así con todas las normas de seguridad y con las tuberías adecuadas para llevar el gas a cada establecimiento.