Por este concepto se hace referencia a la diferencia entre los ingresos totales del Gobierno Central respecto a sus gastos totales.
Los ingresos totales están representados, principalmente, por la recaudación de impuestos, siendo los más importantes en el año 2017, el impuesto de renta o utilidades, con un 36% del total recaudado y el impuesto de ventas con un 33%.
En términos absolutos los ingresos totales del gobierno representaron $8.400 millones durante el 2017, una suma equivalente al 14,5% del valor de la producción total anual del país (el producto interno bruto, el PIB ) y lo preocupante es que decrecieron en 1,2% respecto al 2016.
Los gastos totales están representados por los gastos ordinarios en la compra de bienes y servicios así como en los gastos de capital que representan las inversiones en obras de infraestructura, educación, salud, etc.
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Al 2017, los gastos fueron por $10.200 millones, equivalentes al 17,6% del PIB y con un crecimiento respecto al 2016 del 3%.
A la diferencia entre los ingresos y los gastos ordinarios, se le llama el déficit fiscal primario y representó un monto de $1.800 millones, con un preocupante crecimiento del 29% respecto al 2016. Además, respecto al PIB, esta diferencia equivale al 3,1%.
Si además, se le agregan los intereses por la atención de las obligaciones que ha tomado el gobierno, tanto a nivel interno como externo, para cubrir estos faltantes anuales, se tiene que dicha carga represento una suma similar de $1.800 millones, el equivalente al 3,1% del PIB.
A la suma del déficit primario más los intereses, se le denomina el déficit fiscal o déficit financiero, es decir, para el año 2017, 6,2% del PIB, unos $3.600 millones de dólares.
Sin una reforma fiscal seria, lo cual significa un aumento de los ingresos por la vía de mayores impuestos o por reducción de los gastos, o una combinación de ambos, el Banco Central estima que para el 2018, el déficit fiscal subirá a 7,1% del PIB en el 2018, y a 7,9% en el 2019.
Para las familias y las empresas esta situación significa que el Gobierno tendrá que buscar más deuda para cubrir estos faltantes crecientes y las tasas de interés en colones y en dólares, subirán, con lo cual, el costo del ajuste recaerá sobre ellos, vía mayores pagos por los préstamos que se tengan. A su vez, entre mayor sea el costo del dinero, se restringen las nuevas inversiones y los gastos de consumo, con lo que la producción crecerá menos, y menores serán las oportunidades de empleo e incluso, un mayor desempleo.
Los inversionistas internacionales y los locales, así como las agencias calificadoras del riesgo de cumplimiento de pago están a la espera que este Congreso, apoyado por los dos candidatos a la próxima Presidencia, emitan señales de seriedad sobre un plan fiscal.
La reciente aprobación de la vía rápida (artículo 208 bis) es una muestra de cambio y compromiso ante la gravedad de este tema.
Ahora, lo que el mercado está esperando es que se le de aprobación positiva en primer debate a dicho proyecto en esta misma legislatura.
La economía no espera, hará el ajuste tarde o temprano y este podría ser violento. Espero en Dios que ambos candidatos y el Congreso actual y futuro, entiendan que no podemos seguir pateando la bola para adelante, la Patria está en peligro y con independencia del color político, se debe actuar ya.