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La mañana de este miércoles 10 de mayo el Congreso aprobó en segundo debate, y final, un proyecto de ley (N°. 19.951) para combatir el lavado de dinero en el país. Los sectores bancario y empresarial celebraron el actuar legislativo.
La iniciativa es uno de los elementos señalados por el Ejecutivo como necesarios para evitar que Costa Rica ingrese en la 'lista gris' de países no cooperantes con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que promueve acciones para impedir el lavado y el financiamiento al terrorismo.
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Justamente, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) señaló que de entrar en esa lista, el encarecimiento en los créditos sería la consecuencia más inmediata y palpable para el país.
"El país institucionalmente ha realizado un gran esfuerzo por avanzar en la corrección de los temas señalados por GAFI aún pese a las acciones de grupos que se oponen de manera injustificada a la aprobación de esta ley. Es claro que aún faltan temas por resolver, pero estamos avanzando", señaló Mario Gómez, asesor Legal de la ABC.
Exhortó, además, a todos los sectores, en especial los no financieros, a que asuman el compromiso de trabajar articuladamente con las autoridades para enfrentar en el corto plazo los cambios y ajustes regulatorios que se establezcan en el proyecto aprobado.
Por su parte, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) reconoció la labor legislativa y aseguró que, con esta aprobación, Costa Rica podrá seguir adelante con la atracción de inversiones.
"Las entidades financieras tanto públicas como privadas no sufrirán un aumento en los costos por sus transferencias en el extranjero a sus bancos corresponsales fuera de nuestras fronteras, y uno de los aspectos más relevantes es que ya no bajaría la calificación de riesgo al país (al menos por esta medida)", agregó Víctor Ruiz, presidente interino de la UCCAEP.
Nuevas regulaciones. La iniciativa contiene regulaciones para actividades profesionales no financieras, como notarios, bienes raíces, casinos, vendedores de joyas, etc. Todos ellos estarán obligados a reportar actividades de sus clientes que puedan estar vinculadas con el crimen organizado o el terrorismo.
Otro de los puntos del proyecto es que el texto incorpora a la Ley N° 7.786, varias recomendaciones de la GAFI, como la supervisión de los operadores de tarjeta de crédito que no formen parte de un grupo financiero.
"Es claro que el país requiere modernizar sus leyes en temas como lucha contra la legitimación de capitales. Es por eso que estos proyectos son urgentes para garantizar la estabilidad, la legalidad y el desarrollo de nuestro país", indicó Marco Vinicio Redondo, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC).
