Durante este mes se deben atender obligaciones formales clave, entre ellas la declaración anual del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF). Esta debe presentarse a más tardar el 30 de abril.
El objetivo del RTBF es identificar a los beneficiarios finales de personas jurídicas. Esta obligación forma parte de los esfuerzos para combatir la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y revelar la capacidad económica real de los obligados tributarios.
Entre las entidades que deben presentar esta declaración figuran asociaciones solidaristas, cooperativas, fideicomisos privados y organizaciones sin fines de lucro.
También se incluyen sociedades inactivas, por ejemplo, aquellas que tienen un único bien como una casa de habitación.
El incumplimiento de esta obligación conlleva una sanción económica equivalente al 2% de los ingresos brutos del período fiscal anterior al que ocurrió la infracción. La multa tiene un mínimo de 3 salarios base (¢1.386.600,00) y un máximo de 100 salarios base (¢46.220.000,00).
Además, si persiste el incumplimiento, el Registro Nacional no podrá emitir certificaciones de personería jurídica ni inscribir documentos. En estos casos, los notarios públicos deberán indicar en sus documentos que la persona o entidad no ha cumplido con la obligación del RTBF.
Este trámite se realiza a través de la plataforma oficial del BCCR, Central Directo.
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