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Los tediosos trámites en que se debe incurrir para la apertura de una cuenta de ahorros o cuenta corriente en varios bancos alejan a los ahorrantes.
Algunas entidades solicitan certificaciones o constancias especiales, contratos de arrendamiento o incluso documentos personales de familiares.
Según personas consultadas, estos requisitos los han obligado a incurrir en costos adicionales y tiempo, que en algunos casos los ha hecho simplemente desistir de su intención de ahorrar.
Víctor, Óscar y Susana –como prefirieron ser identificados– son ejemplos, que por el exceso de trámites en bancos, decidieron mantener su dinero “bajo el colchón”.
Víctor dijo que acudió al banco BAC San José para abrir una cuenta de ahorro en dólares.
Además de los tradicionales requisitos que se solicitan (cédula de identidad, recibo de un servicio público, orden patronal y sus respectivas fotocopias), a Víctor le pidieron original y copia del contrato de alquiler de la casa donde vive.
Víctor comentó que prefirió salir de la entidad y mantener el dinero en su casa, debido a que no incurrirá en los costos que implica llevar este requisito adicional.
En el departamento de servicio al cliente del Banco de Costa Rica informaron que si una persona alquila casa, debe presentar una carta del arrendador.
En la misiva, el dueño de la vivienda debe indicar que esta es ocupada por el futuro ahorrante.
Óscar, de 18 años de edad, estudiante y que no es asalariado, intentó abrir una cuenta de ahorros también en el BAC San José, pero le solicitaron la cédula y orden patronal de su padre, así como la copia de ambos documentos.
Situación similar le sucedió a Susana en el Banco Popular, donde le solicitaron cédula y fotocopia de la persona que designó como beneficiaria ante alguna eventualidad, de lo contrario no podría culminar la apertura de la cuenta.
Los bancos Nacional, Interfin y Cuscatlán confirmaron que no solicitan requisitos adicionales a los que estipulados en la normativa de la Sugef.
Otros intermediarios justificaron los requisitos adicionales como un respaldo para corroborar la información del público y como protección ante posibles casos de lavado de dinero o eventuales fraudes realizados por terceros a los ahorrantes.
