EscucharMadrid. El acuerdo alcanzado entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur) el pasado 6 de diciembre “podría ser muy beneficioso” en términos de prevención de prácticas anticompetitivas y de regulación para el sector de las telecomunicaciones, según Telefónica.
El grupo cree además que este acuerdo aborda “aspectos clave” para su negocio, como la gestión eficiente del espectro radioeléctico para garantizar “procedimientos justos y transparentes en futuras asignaciones”.
Así lo indica la compañía a través de un texto suscrito por la jefa de Políticas Públicas de Telefónica Hispam, Ana Blanco, y el responsable de Políticas Públicas e Internet de Telefónica, Pablo Barrionuevo. En el documento la operadora repasa algunos de los aspectos más relevantes del tratado en materia de telecomunicaciones.
Telefónica es el principal operador europeo de telecomunicaciones en América Latina con presencia en nueve países de la región: Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Uruguay y Venezuela, todos ellos Estados miembro o asociados del Mercosur, salvo Venezuela (suspendida desde agosto de 2017) y México (tiene algunos acuerdos comerciales con el bloque).
La empresa, presidida por José María Álvarez-Pallete, considera que el acuerdo entre la UE y el Mercosur es “particularmente relevante para Telefónica” dado que, entre otros asuntos, el capítulo sobre servicios de telecomunicaciones tiene un “amplio alcance y proporciona certidumbre regulatoria” al asegurar la independencia de las autoridades reguladoras.
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“Las partes se comprometen a simplificar los regímenes de autorización para la prestación de los servicios, lo que puede ser muy beneficioso para un sector altamente burocratizado”, han subrayado los directivos que firman el texto.
En esa línea, Telefónica también indica que el acuerdo podría ser beneficioso al posibilitar la compartición de experiencias y resultados de nuevas regulaciones digitales, como la Ley de Mercados Digitales o la Ley de Servicios Digitales que la UE ha puesto en marcha.
También hace hincapié en que “protege fuertemente” el “derecho a regular” con el objetivo de no limitar la capacidad de las partes para prestar servicios públicos.
“Con este fin, el acuerdo incluye disposiciones relativas a la regulación del sector (concesión de licencias, gestión de recursos escasos y/o obligaciones de servicio universal), así como disposiciones para prevenir prácticas anticompetitivas”, añade.
Mecanismo de solución de controversias
Por otro lado, la operadora resaltó que el tratado establece un mecanismo de solución de controversias que recoge que, en caso de que se produzca alguna entre proveedores de redes o servicios de telecomunicaciones será la autoridad nacional de reglamentación correspondiente, a solicitud de cualquiera de las partes, quien emitirá una “decisión vinculante” para resolverla.
No obstante, Telefónica indicó que, a su juicio, hubiese sido positivo incluir un mecanismo para plantear arbitrajes de inversión a las personas de derecho privado.
“Contribuiría a atraer la inversión dotándola de una mayor certeza jurídica garantizando que los conflictos que puedan surgir se resuelvan mediante un procedimiento independiente sujeto a derecho internacional”, ha argumentado.
Otro de los beneficios del tratado al que ha hecho referencia Telefónica tiene que ver con la posibilidad de competir en “igualdad de condiciones” en materia de contratación pública.
Sobre ello, precisó que la Comisión Europea ha incidido en que se trata de una novedad para cualquier tercer país, ya que el Mercosur ha restringido anteriormente sus licitaciones públicas a empresas internas.
“En nuestra opinión, el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur ofrece una oportunidad única para contribuir al crecimiento económico de ambas regiones mediante la creación de nuevas oportunidades de mercado para bienes y servicios, la creación de puestos de trabajo y el fomento de las inversiones al dar estabilidad a las mismas y proporcionar un marco de mayor certeza jurídica”, resaltó la telefónica.
En este contexto, aboga por la ratificación del acuerdo y opina que, de lo contrario, se dejaría a la UE y al Mercosur “con menos instrumentos” para construir la confianza mutua y para “cooperar para afrontar los desafíos globales”.
“La falta de ratificación llevaría a que los países del Mercosur deriven su actividad comercial hacia otros socios comerciales con menores estándares regulatorios en materia medioambiental y laborales”, agregó.
