EscucharLos administradores del fondo de pensiones del Poder Judicial insisten en determinar la salud actuarial del régimen de una manera diferente al criterio técnico ordenado por la Superintendencia de Pensiones (Supén).
La Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (Junafo) explicó a La Nación que el sistema debe analizarse con los mismos parámetros que el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Sin embargo, la Superintendencia precisó a este diario que, hacerlo de esa manera, “podría diluir problemas estructurales al proyectar ingresos futuros que aún no existen”.
Los fondos de pensiones se analizan en Costa Rica en un escenario de población abierta y de población cerrada.
En el primer caso, se establece el supuesto de que todas las personas que se jubilan son sustituidas por nuevos trabajadores. Mientras que en población cerrada quienes se jubilan no son sustituidas por nuevos cotizantes.
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La Supén estableció que el régimen judicial debe analizarse por estas dos metodologías, pero la más relevante, para definir si es necesario hacer reformas, es con población cerrada.
“Los regímenes institucionales como el fondo del Poder Judicial se valoran con grupo cerrado, lo que permite un mayor control sobre su financiamiento. En estos casos se procura que las pensiones otorgadas estén completamente cubiertas”, precisó la Superintendencia.
A diferencia del IVM que es un sistema de seguridad social basado en principios como la universalidad y la solidaridad, subrayó la entidad fiscalizadora.
Diferentes resultados
El último estudio actuarial hecho al régimen, de marzo anterior, muestra que cuando se analiza por grupo cerrado el sistema tiene un déficit de ¢787.151 millones y la reserva se acaba en 2050.
En contraste, bajo el escenario de población abierta el hueco actuarial es de ¢116.992 millones y la reserva se extingue en 2100.
“La Junafo ha sido insistente que, por las características propias de este régimen jubilatorio, el escenario de población abierta es el que mejor se ajusta y sobre el cual se deben tomar decisiones en el largo plazo, tal y como ocurre con el régimen del IVM”, precisó la entidad.
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Además se indicó que estiman necesario continuar con la sana administración de las reservas y recomposición de su portafolio de inversiones.
Sin embargo, tras la reforma del 2018, los seis estudios actuariales hechos al sistema, entre 2019 y 2024, recomendaron ejecutar drásticas reformas legales para reducir el déficit actuarial.
Entre los principales cambios estuvieron reducir el monto sucesorio de pensión, limitar los incrementos de las pensiones de los jubilados y penalizar la pensión anticipada. Las dos últimas propuestas se plantearon en el más reciente estudio.
En todos los casos las iniciativas fueron rechazadas. “A la Junta le pareció, al momento de recibir las propuestas del estudio actuarial 2024, que las mismas van en contra del ordenamiento jurídico”, indicó el órgano por escrito.
En el estudio de marzo anterior se precisó que, si se aprobara la recomendación, se reduciría en ¢274.909 millones, desde el actual ¢787.151 millones, para ubicarse en ¢512.242 millones, además de que el indicador de solvencia se elevaría al 81,97%.
La política de solvencia del Fondo de Pensiones del Poder Judicial establece que el 80% es el porcentaje óptimo en la tolerancia de riesgo del sistema.
