EscucharCosta Rica declaró la industria de los semiconductores de interés público hace un año mediante un decreto ejecutivo. Con esta medida, el gobierno de Rodrigo Chaves enfocó esfuerzos y recursos en el desarrollo del sector, motivado por los fondos generados a través de la Ley de Chips y Ciencia o Chips Act, promulgada en Estados Unidos bajo la administración de Joe Biden. Su sucesor, Donald Trump, solicitó este martes al Congreso su derogación, lo que tendría efectos directos en el país.
Trump presentó la solicitud durante su primer discurso ante el Congreso en su segundo mandato (el primero fue 2017-2021), casi un mes después de que el Departamento de Estado hizo pública su alianza con Costa Rica para desarrollar la industria de semiconductores.
La derogación de la Ley de Chips afectaría la capacitación de talento humano en Costa Rica, según la Promotora de Comercio Exterior (Procomer). “Los fondos que el país esperaba recibir a través de esta ley, estaban destinados a capacitación y formación de talento”, explicó Laura López, gerente general de la entidad.
Vanessa Gibson, directora de Clima de Inversión de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), expresó su preocupación ante la solicitud de Trump.
“Los fondos que utilizaría Costa Rica para su estrategia de microprocesadores provenían directamente de esta fuente. Tendremos que esperar la resolución final del Congreso. Por ahora, al menos, sí representará un atraso para el desarrollo de lo planteado por el país. Nuevamente corresponde esperar y monitorear”, señaló Gibson.
López destacó que, hasta la fecha, se avanzó en la articulación con los Colegios Técnicos Profesionales (CTP), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y las universidades para consolidar la formación del recurso humano. Además, se trabaja en la implementación de un fideicomiso de fondos destinados a la capacitación de profesionales en el sector.
Un estudio realizado por la Fundación Crusa señala que la industria de semiconductores en Costa Rica requiere fortalecer la oferta de docentes especializados en la formación que exige el sector.
Por su parte, el Programa Estado de la Nación (PEN), identificó un crecimiento en la formación de talento calificado en el país, aunque advirtió que aún falta especialización para generar mayor valor agregado.
Procomer seguirá atrayendo empresas extranjeras del sector, priorizando aquellas en áreas clave de la cadena de suministro, como ensamblaje, pruebas, empaque, diseño y proveedores estratégicos, donde Costa Rica tiene ventaja competitiva, afirmó López.
En julio de 2023, Estados Unidos oficializó una alianza con Costa Rica con el objetivo de diversificar y fortalecer el ecosistema de semiconductores en el país. Esta cooperación se estableció gracias al Fondo Internacional de Innovación y Seguridad Tecnológica (Fondo ITSI), creado por la Ley de Chips y Ciencia, firmada por Biden en agosto de 2022.
Actualmente, 11 empresas extranjeras del sector operan en el país, según Procomer: Intel, Qorvo, Natural Instruments, Teradyne, BriskHeat, Hewlett Packard Enterprise, Siemens, R&D Altanova, Smiths, Zollner y Bosch.
Comex minimiza impacto
Manuel Tovar, jerarca del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), indicó que el gobierno diseñó la Hoja de Ruta para el sector de Semiconductores (HRS) en coordinación entre más de 20 instituciones, para fortalecer las capacidades del país y el clima de inversión y su implementación es independiente a las decisiones de política pública y cooperación de otros países, como los Estados Unidos.
“La cooperación que se ha ofrecido generosamente por medio de la Ley de Chip es una línea de trabajo adicional y complementaria a nuestra estrategia país”, indicó Tovar, a la vez que añadió que Costa Rica ha sido un pionero en el sector de la industria de semiconductores desde hace tres décadas.
En noviembre pasado, Biden adjudicó $7.900 millones a Intel bajo la Ley de Chips. La empresa, con sede en California, se estableció en Costa Rica en 1997.
Centro de Excelencia en agenda
En junio de 2022, Biden oficializó la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica (APEP). Uno de sus resultados fue la instalación de un Centro de Excelencia en Costa Rica, especializado en programas de capacitación para la industria de la tecnología digital, incluidos los semiconductores. Inicialmente, el centro operaría de manera virtual. En mayo pasado, la iniciativa ya contaba con $47 millones para su proceso de organización.
La APEP está integrada por Estados Unidos, Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay.
Erick Carvajal, doctor en semiconductores y microelectrónica por la Universidad Texas A&M, consideró que aún es temprano para definir los efectos de la posible eliminación de la Ley de Chips.
“Es probable que impacte los esfuerzos de atracción de inversión extranjera directa. Sin embargo, me parece que la hoja de ruta establecida por el gobierno debe continuar ejecutándose, pues este es un sector que el país debe desarrollar, ya sea con fondos de la Ley de Chips o sin ellos”, afirmó.
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El economista Víctor Umaña explicó que la Ley de Chips busca relocalizar la fabricación de semiconductores en Estados Unidos, ya que actualmente la producción se concentra en Asia. Costa Rica se ha beneficiado con fondos para capacitar talento humano en las empresas que operan bajo este marco legal. No obstante, Umaña consideró que, si la ley es derogada, Trump buscará mecanismos para que estas compañías continúen operando.
Costa Rica debe continuar en esta industria
Por su parte, Roberto Molina, doctor en ingeniería con énfasis en semiconductores, explicó que el país seguirá beneficiándose de los fondos ligados a la Ley de Chips, los cuales actualmente están pausados, ya que su derogación dependerá de la decisión del Congreso estadounidense.
“Las declaraciones de Trump le restan valor a la ley, pero el valor de los semiconductores no baja. No se dejarán de comprar celulares, vehículos ni de gestionar la tecnología 5G. Costa Rica debe mantener su interés en este sector, pues cuenta con más de 25 años de experiencia y ese posicionamiento no se logró gracias a la Ley de Chips, sino al trabajo continuo del país”, expresó Molina, docente e investigador del Instituto Tecnológico de Costa Rica.
