EscucharAyer entraron en vigor nuevas normas que actualizan el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) de la Unión Europea con los países en desarrollo.
Mediante el SPG, en el cual también está incluida Costa Rica, Europa da preferencias a las naciones en desarrollo para vender productos en su mercado.
El sistema que entró a regir ayer, según las autoridades comunitarias, "será más simple, más fácil de aplicar y más eficiente", y amplía el número de productos cubiertos por la normativa vigente hasta ahora, incrementa sus márgenes de preferencias comerciales o ambas cosas a la vez.
Esta reforma pone de manifiesto el interés por los países en desarrollo que los 15 se han fijado en su agenda, ya que se trata de la oferta comercial "más generosa" para los países pobres puesta en marcha hasta ahora en la Unión, declaró el comisario europeo de Comercio, Pascal Lamy, a través de un comunicado.
Lamy añadió: "Queremos ver un mayor uso de nuestro sistema unilateral de preferencias, por parte de los países en desarrollo, incluido el de los fuertes incentivos previstos en conformidad con las normas laborales de base".
Todo, salvo armas
El nuevo SPG incorpora la iniciativa conocida como "todo salvo las armas", una propuesta del Ejecutivo comunitario para favorecer el acceso sin contingentes al territorio de la UE de todos los productos, excepto el armamento, de los 49 Países Menos Avanzados (PMA) del mundo.
Asimismo, proporciona las mayores preferencias comerciales previstas hasta ahora en un sistema como este ya que prevé "el libre acceso de todos los productos no sensibles" y garantiza una reducción de 3,5 puntos de porcentaje en los derechos arancelarios del resto de productos incluidos en el Sistema.
Esta última medida no se aplica, sin embargo, a los productos textiles y las prendas de vestir, que se beneficiarán de un 20% de reducción, añade el comunicado difundido por el Ejecutivo comunitario.
En cuanto al régimen especial de apoyo a la sustitución de los cultivos de drogas, se prorroga durante otros tres años hasta el final del ciclo actual, en el 2004, aunque "ahora hay una definición más clara de sus objetivos".
El régimen será completado con un proceso de control y de valoración de lo conseguido en cada país beneficiario, pero no solo desde el punto de vista de la lucha contra la producción y el tráfico de drogas, sino también de cumplimiento de normas básicas de trabajo y de protección del medio ambiente.
La referencia a normas básicas implica que los beneficiarios deberán aplicar "realmente" todas las convenciones de la Organización Mundial del Trabajo.
