A duras penas, Mayela Brenes Calvo logra reunir ¢25.000 mensuales para atender su casa, en la que convive con su marido enfermo y con un hijo de 15 años.
Su ingreso es apenas de ¢833 diarios para los tres.
Además, a los ¢25.000 le debe restar ¢5.000 mensuales del pago de electricidad y otros ¢5.000 mensuales para pagar el agua.
Eso significa que le quedan apenas ¢15.000 para alimentación y limpieza, es decir, ¢500 diarios para los tres.
Brenes logra su ingreso de una pensión por ¢18.000 al mes que el régimen no contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social entrega a su esposo German Araya Carmona. Además, cuida a un niño para agregar otros ¢7.000 mensuales a su escaso ingreso.
No puede trabajar porque debe atender a su esposo, afectado por una enfermedad en el cerebro.
Esta familia recibe respiros cuando los hermanos mayores, ya casados, aportan algunos alimentos, pero eso no es permanente.
Los Araya Brenes viven en la urbanización La Capri, en San Miguel de Desamparados. Su situación está muy por debajo de la línea de la extrema pobreza, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) situó en ¢16.452 por cada persona al mes.
Apenas compran la alimentación básica y los artículos mínimos de limpieza. En muy pocas ocasiones, “cuando Dios nos repara” compramos pescado o pollo, dijo la señora.
Ana Lilliana Ríos Álvarez también vive en La Capri. Ella está operada y no puede trabajar, su esposo Maximiliano Caballero tampoco y, por tanto, dependen del salario de un hijo.
Este hogar invierte ¢22.000 mensuales en alimentos y alrededor de ¢8.000 en agua y ¢8.000 en electricidad.
“A veces mi hijo queda limpiecito; con apenas ¢2.000 o ¢3.000 para sus gastos”, afirmó Ríos.
Luis Vega Ávila estudió ingeniería civil, pero a sus 57 años ahora se dedica a confeccionar planos y diseños por contrato.
“Uno no tiene que ser malagradecido con Dios”, expresó Vega, pero reconoció que sobrevive bien pero con altibajos.
“A veces tengo ¢100.000 o más en un sólo momento, pero en otras ocasiones, como hoy, no tengo ni para la tarifa de bus”, consecuencia de su trabajo por contratos.
Vega es muy crítico de lo que “han hecho los políticos con este país” en los últimos 30 años.