Viajar en avión a Centroamérica y República Dominicana podría convertirse en una opción más asequible para el bolsillo de los costarricenses. Este martes, los diputados aprobaron en segundo debate el proyecto de vuelos baratos, que fija tarifas máximas de entre $100 y $120 para boletos ida y vuelta, según el destino. Pero, ¿qué disposiciones incluye esta medida y qué ocurrirá si el Poder Ejecutivo la veta?
Actualmente, todo pasajero que salga del país por los aeropuertos internacionales debe abonar un impuesto único de $27, según la Ley Reguladora de los Derechos de Salida del Territorio Nacional. La nueva iniciativa propone, como excepción, reducir este monto a $14 para quienes tengan como destino final Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá o República Dominicana.
Para que esta exoneración parcial sea aplicable, se establecen dos condiciones clave. En primer lugar, los impuestos y tarifas aeroportuarias no deben superar los $23, tanto en Costa Rica como en el país de destino.
En segundo lugar, la tarifa limpia del vuelo (que solo incluye el costo del asiento y un objeto personal bajo el asiento) no debe exceder los $100 para vuelos de ida y vuelta dentro de Centroamérica, o los $50 para trayectos simples. Para los vuelos hacia República Dominicana, el límite será de $120 para ida y vuelta y de $60 para vuelos de un solo trayecto.
El expediente aprobado también propone modificar uno de los tributos establecidos en la Ley para el Fortalecimiento de la Industria Turística Nacional, que actualmente fija un impuesto de $15 a favor del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) para cada persona que ingrese por vía aérea al país y haya adquirido su boleto en el exterior.
Con esta nueva iniciativa, el impuesto se reduciría a $4 para los viajeros provenientes de los países mencionados, siempre y cuando se cumplan las condiciones de tarifas e impuestos previamente establecidos.
Este proyecto de ley nació como una iniciativa del Partido Liberal Progresista (PLP) con el fin de reducir los costos de los boletos aéreos y fomentar una mayor conectividad en la región. Según la exposición de motivos, un informe del Banco Mundial señaló que los impuestos y tarifas gubernamentales para pasajeros internacionales en Centroamérica son altos en comparación con los precios de los boletos. En promedio, estos cargos son un 10% mayores que en otros países de Latinoamérica y el Caribe.
¿Qué pasa si el Ejecutivo lo veta?
La ley, al haber sido aprobada por la Asamblea Legislativa, debe ser revisada por el Poder Ejecutivo, que dispone de seis meses para emitir su reglamentación y ajustar las normativas afectadas. También tiene la opción de vetarla dentro de los 10 días hábiles posteriores a recibir el proyecto aprobado.
El veto corresponde a una facultad del presidente de la República que le permite rechazar el proyecto y devolverlo al Congreso con observaciones. Puede ser total o parcial, y los diputados tienen la opción de rechazarlo y aprobar la ley mediante el “resello”, un proceso de votación que requiere al menos dos tercios de los votos (38 a favor).
La jefa de fracción del oficialista Partido Progreso Social Democrático, Pilar Cisneros, quien votó en contra del proyecto, confirmó a La Nación que no ha conversado con el presidente Rodrigo Chaves sobre la posibilidad de vetar la ley. No obstante, destacó que los demás diputados tienen “de sobra” los votos para resellar la ley.
ICT mantiene reservas sobre iniciativa
Desde abril de 2024, el ICT expresó sus reservas y desacuerdos con la iniciativa. En un informe dirigido a la Asamblea Legislativa, el Instituto advirtió sobre un impacto negativo en su operación.
La entidad estima una pérdida de $5,1 millones en ingresos tributarios y la necesidad de 15 vuelos adicionales diarios para compensar la caída en la recaudación. Además, el documento señala que el turismo multidestino podría reducir la duración de la estadía de los turistas en el país, lo que afectaría el gasto promedio por visitante.
El ICT también destacó que la pérdida de ingresos perjudicaría su capacidad para promover la marca país y dificultaría la modernización de los aeropuertos, ya que los ingresos de concesionarias como Aeris (Aeropuerto Internacional Juan Santamaría) y Coriport (Aeropuerto Daniel Oduber) se verían comprometidos.
Volaris: ‘Vemos con mucho optimismo el proyecto de ley aprobado’
En conversación con La Nación, Ronny Rodríguez, director de Desarrollo Corporativo para Centroamérica de Volaris, expresó que la empresa recibe “con mucho optimismo el proyecto de ley aprobado”. Destacó que la reducción de impuestos y cargos elevados actuales a los pasajeros contribuirá a la baja de los precios de los boletos.
Rodríguez estimó que, con la entrada en vigencia de la ley, el precio final de los boletos de quienes viajen a Centroamérica con esta aerolínea disminuirá en un 30% o más, lo que colocaría el costo por trayecto entre $65 y $70, y el de un vuelo redondo en $130.
El director señaló que la normativa promueve la reciprocidad entre países, estableciendo una política pública regional que podría aplicarse a vuelos fuera de la zona. Además, indicó que debería extenderse a todos los vuelos internacionales, ya que la reducción de impuestos impulsaría una mayor demanda de turistas y viajeros, lo que a su vez generaría mayores ingresos por consumo.