EscucharCiudad de Guatemala. La fiscalía de Guatemala allanó este lunes cinco sedes regionales de la ONG Save the Children en el marco de una investigación por presuntos abusos a menores, casi seis meses después de registrar su oficina en la capital, según informó la entidad.
Los allanamientos fueron dirigidos por el fiscal Rafael Curruchiche, quien señaló que la investigación comenzó tras una denuncia. También indicó que solicitaron “apoyo” a la fiscalía de Texas, en el sur de Estados Unidos.
Se llevaron a cabo “cinco diligencias de allanamiento en distintos puntos del país en seguimiento a la investigación de carácter transnacional de gran trascendencia, relacionada con posibles vulneraciones y abusos en contra de la niñez guatemalteca”, dijo el fiscal en un video publicado en la red social X.
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Añadió que revisaron “las sedes de una de las organizaciones no gubernamentales mencionadas en la denuncia”.
Aunque Curruchiche no mencionó el nombre de la ONG, el portavoz de la fiscalía, Moisés Ortiz, confirmó a esta agencia que las sedes allanadas pertenecen a Save the Children. Este operativo da seguimiento al registrado el 25 de abril, cuando fue intervenida la sede principal en Ciudad de Guatemala.
Por el momento, Save the Children no se pronunció sobre los allanamientos.
Los registros ocurrieron en San José La Arada y Jutiapa, al este del país. También en los municipios indígenas de Santa Cruz del Quiché, Nebaj y Cunén, en el oeste.
El allanamiento de abril se realizó 12 días después de que la prensa local informara que la fiscalía de Guatemala solicitó a su similar de Texas informes sobre un presunto tráfico de niños guatemaltecos en la frontera sur de Estados Unidos, en el que estarían implicadas ONG como Save the Children.
“Hemos protegido a la niñez de cualquier abuso de sus derechos. No facilitamos -y nunca lo hemos hecho- el traslado de niños, niñas o adolescentes fuera de Guatemala”, aseguró la ONG en un comunicado en ese momento. Save the Children tiene sede central en el Reino Unido.
Esta organización comenzó a trabajar en Guatemala en 1976, tras un terremoto que devastó el país, y se estableció formalmente en 1983. Actualmente, lleva a cabo proyectos de educación, salud, nutrición y asistencia a familias migrantes, entre otros.
Curruchiche y la fiscal general, Consuelo Porras, fueron sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea, que los consideran “corruptos” y antidemocráticos.
