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Caracas y otras procedencias
Una avalancha de críticas de la comunidad internacional se desató este jueves contra el gobierno de Nicolás Maduro tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de asumir las competencias del Poder Legislativo, lo que fue calificado como un "golpe de Estado" por la oposición dl país suramericano.
"En Venezuela, Nicolás Maduro dio un golpe de Estado", denunció el presidente de la Asamblea, Julio Borges, quien rompió ante las cámaras el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), calificándolo de "basura".
En el pronunciamiento -que fue difundido la noche del miércoles- el Tribunal resolvió que "mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga".
Borges instó a la Fuerza Armada a no "seguir callada frente a la ruptura de la Constitución".
"Sabemos que la inmensa mayoría de los oficiales (...) están en contra del caos que sucede en Venezuela", sostuvo el diputado, y anunció que la Cámara "desconoce" a la corte.
Maduro, en tanto, habló brevemente en la televisión gubernamental en un acto en que condecoró a diplomáticos, sin pronunciarse sobre la situación.
La oposición anunció protestas a partir del sábado, mientras un grupo de diputados protagonizó una refriega con militares frente al tribunal.
En enero del 2016, tras una aplastante victoria, la oposición asumió el control del Congreso por primera vez en 17 años. Desde entonces, el TSJ ha emitido casi medio centenar de sentencias contra leyes y acuerdos aprobados por el Poder Legislativo.
Estados Unidos, la Unión Europea (UE), Luis Almagro, secretario general de la OEA, y varios países latinoamericanos (Brasil, Colombia, Chile, Perú, Argentina y México) denunciaron la decisión de la Sala Constitucional del TSJ, al que la oposición acusa de servir al gobierno de Maduro, de asumir las funciones del Parlamento.
Perú anunció el retiro de su embajador en Caracas y denunció, al igual que Brasil, una "ruptura del orden constitucional".
El Gobierno mexicano, cuya diplomacia encabezó la semana pasada una iniciativa de 14 países pidiendo una resolución a la crisis política en Venezuela, comunicó su preocupación tras la decisión del TSJ, la cual "atenta contra los principios y valores esenciales de la democracia representativa y la separación de poderes".
Reiteró su llamado del 23 de marzo, en el que junto con otros 13 países pidió a Venezuela la liberación de "presos políticos" y un calendario electoral.
Costa Rica consideró que "estas decisiones son inadmisibles y decepcionantes, por ser contrarias a la esencia de la democracia y, aceleran el deterioro de la gobernabilidad democrática en ese país".
Un comunicado de la Cancillería de San José enfatizó en que "las democracias deben garantizar y fortalecer, la separación e independencia de los poderes del Estado, los pesos y contrapesos en el ejercicio del poder y el respeto de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos".
Tras la medida, Almagro, un fuerte crítico del gobierno venezolano, denunció un "autogolpe" en el país. "Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado", indicó en un comunicado el secretario general de la OEA, quien calificó la decisión judicial como un "autogolpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional".
También recordó el carácter preventivo que tiene la Carta Democrática Interamericana, que "debió haber sido accionada con rigurosidad para no lamentar otro golpe de Estado en el hemisferio".
No hubo consenso sobre una propuesta de Almagro para suspender a Venezuela del bloque, pero la sesión celebrada el martes por el Consejo Permanente terminó con el compromiso de 20 naciones de monitorear la situación y tomar medidas para asegurar que el gobierno entable un diálogo.
La medida del TSJ también encontró repercusión al otro lado del Atlántico.
La Unión Europea (UE) pidió este jueves un "calendario electoral claro" en Venezuela y llamó a "respetar la Asamblea Nacional y a todos sus miembros", consignó en un comunicado un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior.
Arremetida contra el Parlamento. El fallo del miércoles estuvio precedido por otro, emitido el martes,que asestó un golpe a la Asamblea, al retirar la inmunidad de los diputados, lo que abrió la posibilidad de enjuiciarlos incluso ante tribunales militares.
Esa decisión coincidió con una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para debatir la grave crisis política y económica del país petrolero. La cita culminó sin acuerdos.
El TSJ declaró en desacato al Poder Legislativo en enero del 2016, debido a la juramentación de tres diputados opositores cuya elección fue suspendida por presunto fraude.
Tras ello, anuló todas las decisiones del Parlamento y ya había asumido algunas de sus competencias.
Por esa razón Diosdado Cabello, uno de los principales dirigentes del chavismo, defendió la medida del Tribunal Supremo. "No podemos estar con la Asamblea Nacional ausente porque ellos quieran", explicó.
Cabello pidió a sus seguidores prepararse para "defender" en las calles a Venezuela ante una eventual intervención militar extranjera. "Preparémonos para defender al país (...), para defender inclusive a esta gente de la oposición que está como loca llamando a que intervenga un ejército en Venezuela, que intervenga la Organización de Estados Americanos", expresó en un mitin en Monagas (este).
Por su lado, Paul Hare, de la Universidad de Boston y exdiplomático británico en Venezuela, consideró que "esto (la decisión del TSJ) es parte de un golpe que se ha ido gestando con varias medidas que fueron cerrando todas las puertas a la oposición para que cumpla el papel para el que fue elegida" en el Congreso.
"Es difícil llamar esta decisión de otra forma que no sea un autogolpe", comentó Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, quien comparó el caso con la decisión del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) de disolver el Congreso en 1992.
Una semana antes de la reunión de la OEA en Washington, el bloque opositor aprobó un acuerdo en el que pidió al organismo aplicar la Carta Democrática Interamericana, que prevé sanciones en caso de alteraciones o ruptura del hilo constitucional, lo que Maduro calificó como "traición a la patria", delito castigado con penas de hasta 30 años de cárcel.
Razón económica. La sentencia mediante la cual el TSJ adopta las funciones del Parlamento también tiene trasfondo económico. Se produjo en respuesta a un recurso de interpretación sobre la creación de empresas mixtas en el sector petrolero.
Según la Constitución, el Gobierno no puede firmar contratos de interés público "sin la aprobación de la Asamblea Nacional".
Pero al declarar "omisión legislativa", la corte indicó que no existe "impedimento alguno".
Esta cuestión resulta clave para el gobierno, que busca financiamiento para paliar un déficit fiscal que el Banco Mundial estimó en 11,5% del producto interno bruto (PIB) en el 2016.
Maduro también intenta atraer inversión extranjera para los sectores petrolero y minero, y enfrentar así la grave crisis económica, reflejada en escasez de todo tipo de bienes básicos y la inflación más alta del mundo, proyectada en 1.660% por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el 2017.
Las elecciones presidenciales están programadas para diciembre del 2018, mientras que las regionales debieron realizarse a fines del año pasado, pero el poder electoral las pospuso para 2017 y aún no fija fecha.
