San Salvador. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció el 10 de agosto la criminalización del ejercicio periodístico y de periodistas señalados por el presidente de la República, Nayib Bukele, de estar relacionados al asesor de seguridad gubernamental Alejandro Muyshondt, capturado el pasado miércoles 9 de agosto.
Al anunciar la captura de Muyshondt, Bukele mencionó en sus redes sociales que tres periodistas de medios digitales recibieron información clasificada del asesor y dejó entrever que eso podría ser considerado un delito.
“Desde la Asociación, señalamos que el pronunciamiento del presidente funciona como una amenaza tácita a un eslabón imprescindible de la libertad de prensa: las fuentes de información.
“Criminalizar a funcionarios y empleados públicos por sospechas de que conversaron con periodistas nos acerca más a sistemas de gobiernos totalitarios como el de Venezuela, Cuba y Nicaragua, donde el disenso se castiga con cárcel”, señaló la APES.
La Asociación le recordó al Ejecutivo que la prensa tiene “como norma general la reserva de la identidad de sus fuentes de información”, un derecho protegido en el Código Procesal Penal salvadoreño, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.
Según el artículo 206 del Código Procesal Penal de El Salvador los periodistas tendrán derecho de abstenerse “de revelar a cualquier autoridad policial, funcionario público o funcionario judicial; la fuente donde proviene la información que nutre las noticias, opiniones, reportajes, editoriales, que publiquen en ejercicio legítimo de su derecho a informar”.
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