EscucharCiudad de Guatemala. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, instó este martes a seleccionar a los mejores candidatos para los cargos de magistrados del poder judicial, el cual, según el mandatario, está dominado por “intereses corruptos”.
Una comisión de académicos, jueces y representantes del gremio de abogados debe entregar el lunes al Congreso las listas de candidatos para que se elijan a los 13 nuevos miembros de la Corte Suprema y a cerca de 300 jueces de tribunales de apelación. Estos nuevos magistrados deben asumir sus funciones antes del 13 de octubre.
Arévalo, en una rueda de prensa, pidió a los comisionados que realicen una evaluación objetiva y rigurosa de las hojas de vida de los aspirantes, para determinar si cumplen con los requisitos de idoneidad, capacidad y honradez establecidos por la Constitución.
Entre los candidatos para las altas cortes en el periodo 2024-2029 se encuentran jueces, fiscales y abogados que fueron sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) por corrupción.
El presidente socialdemócrata solicitó a la comisión que incluya en las listas solo a profesionales del derecho cuya trayectoria demuestre un firme compromiso con la justicia.
Arévalo destacó que el país ha manifestado un fuerte deseo de cambio y confía en que se actuará para evitar que la justicia siga siendo capturada por intereses corruptos.
Uno de los candidatos a las cortes de apelación es el cuestionado fiscal Rafael Curruchiche, quien llevó a cabo investigaciones contra Arévalo y las elecciones del año pasado, lo que amenazó la transición presidencial en enero.
Curruchiche y la fiscal general, Consuelo Porras, están sancionados por Washington y la UE, que los consideran “corruptos” y “antidemocráticos”.
El presidente afirmó que el país se encuentra en un momento crítico para la justicia y llamó a la ciudadanía a vigilar este proceso.
La Organización de Estados Americanos (OEA), a solicitud del gobierno guatemalteco, debe entregar este miércoles un informe preliminar sobre su misión de observación, iniciada en julio.
Un panel de expertos internacionales expresó la semana pasada su preocupación por indicios de “negociaciones paralelas por parte de actores económico-políticos corruptos” para favorecer a ciertos aspirantes vinculados a ellos.
