EscucharCiudad de Guatemala. La Fiscalía General de Guatemala acusó al presidente Bernardo Arévalo de vulnerar su autonomía al ordenar a la policía no ejecutar órdenes de esa institución. Este hecho marca un nuevo choque entre el mandatario y la fiscal Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos.
Según la Fiscalía, las declaraciones del presidente “constituyen un intento de vulnerar la autonomía e independencia que la Constitución y la legislación guatemalteca otorgan al Ministerio Público (MP) y al Organismo Judicial”.
La noche del domingo, Arévalo afirmó que no permitirá que la fuerza pública ejecute órdenes “ilegales” de un MP al que calificó de “criminalizador y arbitrario”. Sin embargo, no detalló cómo se evaluará la legalidad de las resoluciones de la Fiscalía.
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El mandatario anunció la medida tras el allanamiento de la vivienda de un exministro de su gobierno y dos días después de que una corte, a pedido de la Fiscalía, ordenara la vuelta a prisión del periodista José Rubén Zamora. Zamora estuvo en arresto domiciliario por un mes.
Arévalo dijo que citaría a la fiscal Consuelo Porras para que explique su papel en la “instrumentalización” de la justicia. Hasta el momento, no ha cumplido esa promesa. A inicios de año, el presidente también la citó, pero ella no acudió.
La Fiscalía subrayó en un comunicado que “ninguna autoridad podrá dar instrucciones al jefe del Ministerio Público o sus subordinados” sobre cómo llevar a cabo investigaciones penales o limitar el ejercicio de la acción judicial. Además, recordó que puede exigir a cualquier funcionario público, incluida la policía, que realice diligencias necesarias.
Porras, sancionada por Washington por supuestos actos de corrupción y prácticas antidemocráticas, impulsó procesos contra periodistas y funcionarios de justicia que investigaron casos de corrupción. Esto obligó a varios de ellos a exiliarse.
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En 11 meses de gobierno, Arévalo no consiguió destituir a Porras. La fiscal lideró en 2023 una ofensiva judicial para impedir que el presidente socialdemócrata asumiera el cargo.
Zamora, periodista de 68 años, lleva más de 800 días preso. La Fiscalía lo acusa de lavado de dinero, un cargo que él considera represalia por denunciar casos de corrupción durante el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024). Giammattei mantiene una relación cercana con Porras.
La defensa de Zamora presentó un recurso de amparo el viernes. Hasta ahora, no fue retornado a prisión.
