Brasilia. ¿Decisión drástica o censura? La suspensión de la red social X en Brasil intensificó el debate sobre los límites de la libertad de expresión en las redes sociales, en momentos en que otros países también buscan controlar plataformas como Telegram o TikTok.
El antiguo Twitter dejó de funcionar el 31 de agosto en el mayor país de América Latina, por orden del juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, quien acusó a la empresa propiedad del multimillonario Elon Musk de desinformar e incumplir reiteradamente sus decisiones.
El bloqueo afectó a 22 millones de usuarios del foro virtual, que comenzaron a migrar a redes menores, como Bluesky y Threads, para evitar cuantiosas multas.
“Brasil se unió al debate global sobre redes sociales y libertad de expresión”, afirmó Carl Tobias, profesor de Derecho de la Universidad de Richmond, en Estados Unidos.
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La disputa entre Musk y la justicia brasileña refleja preocupaciones similares sobre cuál es la mejor forma de regular estas plataformas en Estados Unidos y Europa, agregó Tobias.
En Francia, el fundador y jefe de Telegram, Pavel Durov, fue inculpado a finales de agosto por publicar contenidos ilegales en su aplicación, mientras que TikTok enfrenta en la justicia estadounidense acusaciones de violar la privacidad de sus usuarios menores de edad.
Tras su salida de Brasil, X podría enfrentar un destino similar en la Unión Europea, donde se evalúan multas millonarias y hasta la suspensión temporal del servicio, por posibles violaciones a una nueva ley que busca eliminar los espacios sin ley en internet.
Elon Musk como ‘problema global’
Para Tobias, el debate se centra en el equilibrio entre el combate a la desinformación y el discurso de odio, y el respeto a la libertad de expresión, en un contexto en que las plataformas digitales tienen un gran impacto en la sociedad.
Además de hacer campaña por el republicano Donald Trump en Estados Unidos, Musk se ha inmiscuido en el debate político de otros países, apoyando a la derecha y extrema derecha en Gran Bretaña y Brasil.
“Elon Musk es un problema global”, asegura Afonso de Albuquerque, profesor en Comunicación de la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro, para quien también se trata de una pugna entre la soberanía de los Estados frente al poder de los multimillonarios.
El magnate estadounidense “compró Twitter y lo transformó en un proyecto político, vinculado a un circuito de extrema derecha”, según Albuquerque.
En nombre de la lucha contra la desinformación, Moraes acusó al antiguo Twitter de desobedecer las órdenes judiciales de bloquear cuentas de figuras influyentes de los movimientos ultraconservadores ligados al expresidente Jair Bolsonaro.
La decisión de Moraes fue aplaudida por la izquierda, liderada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y criticada por la oposición derechista.
“¿Quién se cree que es?”, dijo Lula en referencia a Musk.
“La democracia no es el derecho de mentir, de expandir el odio ni de atentar contra la voluntad del pueblo”, afirmó el mandatario.
Musk pretende “colonizar digitalmente Brasil”, denunció a esta agencia el diputado Elvino Bohn Gass, del Partido de los Trabajadores, de Lula.
En contraste, miles de bolsonaristas protestaron el sábado en São Paulo en defensa de la “libertad”, mientras su líder calificaba a Moraes de “dictador”.
Allegados de Bolsonaro desafiaron la prohibición y continuaron publicando en X. Su hijo Eduardo, diputado federal, acusó a Moraes de “asesinar la democracia”.
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¿Motivación política?
En esta controversia, la población está dividida y no percibe solo una cuestión judicial.
Una mayoría de brasileños (56,5%) ve una “motivación política” en la decisión de Moraes y estima que las acciones de la corte sobre X “debilitaron la democracia” (54,4%), según una encuesta de AtlasIntel entre más de 1.600 entrevistados.
A pesar de todo, casi la mitad (49,7%) apoya a Moraes en su enfrentamiento con Musk.
El debate también trasciende las fronteras de Brasil.
Aunque juzgó “lamentable” el bloqueo por afectar la labor periodística, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) consideró “justificada” la medida, debido a las negativas de la red a responder los pedidos de las autoridades.
En cambio, el semanario liberal The Economist estimó que la justicia brasileña fue demasiado lejos al poner freno a la libertad de expresión, en un contexto en que incluso las “democracias ricas” están recurriendo cada vez más “a las tijeras de la censura”.