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Nicaragua tiene más de una década bajo el régimen de Daniel Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSNL). Su mandato ha generado que miles de personas huyen de ese país en busca de mejores oportunidades laborales, económicas, educativas e incluso, donde puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Los nicaragüenses salieron a las calles a protestar, exigiendo el respeto a sus derechos y la salida de la “dictadura familiar”, integrada por Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Sin embargo, la mayoría de opositores, incluyendo periodistas y sacerdotes católicos, fueron encarcelados por delitos que nunca cometieron y, recientemente, expulsados a Estados Unidos y despojados de su nacionalidad.
Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, aseguró que la organización cuenta con evidencia contundente de las graves violaciones a los derechos humanos y de lesa humanidad, cometidos por el régimen Ortega-Murillo.
“(Nicaragua cuenta con) un régimen que demuestra que está dispuesto a todo por mantenerse en el poder y seguir controlando a la población, suprimiendo todos los derechos civiles y políticos, sin la posibilidad de tener su derecho a la libertad de expresión. Se suprimen también sus derechos económicos, sociales y culturales, porque no importa lo que haga el régimen, las personas no pueden denunciarlo, de lo contrario, tendrán que asumir consecuencias devastadoras para sus vidas”, explicó Guevara.
Al tiempo que detalló que más de 300 personas han sido despojadas de su nacionalidad y a otras 322 se les cambió su continuidad en un cárcel, por un exilio forzado.
Insistió en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ICHD) y de grupos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) han investigado, a lo largo de los años, las represiones en el país vecino del norte y que no son simples suposiciones.
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Migración constante
Otro tema preocupante para Amnistía Internacional, es la constante migración de nicaragüenses, quienes huyen de la persecución política y claman por asilo en los países vecinos. Solo en el 2022, más de 674.000 personas dejaron Nicaragua, según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de la ONU.
Costa Rica es el país que más migrantes de ese país ha recibido, para un total de 350.854, y le siguen Estados Unidos, España, Panamá y Canadá.
Ante esa situación, Amnistía Internacional hizo un llamado a los gobiernos latinoamericanos para que levanten su voz en solidaridad con las víctimas. “Su silencio se convierte en un silencio cómplice que le da la espalda a las víctimas”, lamentó Erika Guevara.
Además, pidió a todos los países cumplir con la responsabilidad compartida de proteger los derechos humanos de estas personas, quienes tienen derecho a solicitar y recibir protección internacional.
“Hemos hecho un llamado a las autoridades, incluidas las costarricenses —sabiendo que es uno de los países que ha recibido un altísimo porcentaje de la población nicaragüense refugiada—, para que sigan tomando medidas para proveer esa protección integral”, agregó Guevara.
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Igualmente, la directora para las Américas de Amnistía Internacional solicitó a otros países, como Estados Unidos —que en el pasado han tomado medidas restrictivas contra los ciudadanos nicaragüenses, venezolanos o haitianos—, que colaboren y les brinden su derecho de solicitar asilo.
Finalmente, a la comunidad internacional, esta organización clama por redoblar los esfuerzos, para que a través de la jurisdicción internacional se puedan conocer las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, para así poder garantizar la justicia de las víctimas.
“Es importante seguir redoblando esfuerzos para que el régimen rinda cuentas sobre las violaciones que se siguen cometiendo y que no bajemos la guardia, ni las organizaciones, ni los Estados, en seguir denunciando todas estas violaciones”, concluyó Guevara.
