EscucharCiudad de Guatemala. El socialdemócrata Bernardo Arévalo debe asumir el domingo la presidencia de Guatemala tras enfrentar una incesante arremetida judicial que atribuyó a su promesa de rescatar la frágil democracia guatemalteca de la élite corrupta que según él se aferra al poder.
Hijo del primer presidente democrático de Guatemala, Juan José Arévalo (1945-1951), gestor de reformas sociales, el futuro gobernante prometió cerrar el grifo de dinero público que enriquece a las élites, mientras la población pasa penurias.
Uno de cada dos niños menores de cinco años sufre desnutrición, y el analfabetismo es del 18%. La mayor economía de Centroamérica expulsa cada año a decenas de miles en busca de trabajo en Estados Unidos, cuyas remesas ayudan a sostener el país (20% del PIB), según datos oficiales.
Pero para avanzar en lo social, según Arévalo, debe comenzar la “lucha sostenida y gradual” por rescatar instituciones que dice fueron “cooptadas” por las “élites corruptas”, como la Fiscalía, el Congreso, los tribunales o la Contraloría.
“Es un problema sistémico”, sostiene.
Ana María Méndez-Dardón, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), considera que la defensa de las bases democráticas es una tarea urgente en la región.
“La defensa de la democracia es uno de los objetivos principales en la región. Por ejemplo, en Honduras hay señales que vemos en el gobierno de Xiomara Castro, quien recibió un país sumamente fraccionado por el crimen organizado, en el que hay señales en el que se ha querido interferir en otros procesos, especialmente en el Legislativo, entonces no hay ese contrapeso.
”El caso de Nicaragua es el más dramático y Guatemala que desde agosto está en ‘tsunami’ con las persecuciones hacia Bernardo Arévalo y el Partido Semilla. El reto es promover sociedades que logren nutrir de oxígeno a la sociedad civil. Fomentar la independencia judicial como algo esencial en cualquier democracia, esto no lo vemos en la mayoría de países en Centroamérica”, dijo Méndez a La Nación.
Arévalo tiene entre sus estrategias incluir la creación de una comisión que proponga reformas para frenar el enriquecimiento ilícito y el clientelismo político en una Guatemala que ocupa el puesto 30 en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional, de 180 países.
“Le toca una tarea importantísima e impostergable de reconstruir la democracia” y lograr la gobernabilidad, comentó el exprocurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, exiliado en Washington.
Su experiencia en resolución de conflictos, dice Rodas, puede ayudar. Arévalo también es filósofo, estudió en Israel y Países Bajos y habla cinco idiomas.
Nació en Montevideo y vivió de niño en Venezuela, México y Chile, en el exilio de su padre tras el golpe de Estado orquestado por Washington contra el progresista Jacobo Árbenz (1951-1954).
El reto inicia el domingo
El socialdemócrata Bernardo Arévalo debe asumir el domingo la presidencia de Guatemala tras enfrentar una incesante arremetida judicial que atribuyó a su promesa de rescatar la frágil democracia guatemalteca de la élite corrupta que según él se aferra al poder.
Este exdiplomático y sociólogo de 65 años, que denunció esa ofensiva como un intento de “golpe de Estado”, será juramentado en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, en sesión solemne de un Congreso que le será adverso.
Desde que pasó en junio al balotaje contra todo pronóstico, sorteó los intentos de la Fiscalía por levantar su inmunidad y anular el resultado electoral, pero deberá encarar la suspensión de su partido Semilla y el riesgo de que sus diputados tengan poco margen de maniobra.
Respaldado por Estados Unidos, la Unión Europea, países latinoamericanos y organismos internacionales, Arévalo relevará al derechista Alejandro Giammattei, a quien sus seguidores acusan de aupar a la fiscal general Consuelo Porras, punta de lanza de la embestida judicial.
La tarea le será inmensa. “Gobernará coexistiendo con la fiscal que” lo “ha atacado” y “afectado la democracia a niveles inimaginables”, afirmó a la AFP Edie Cux, director de Acción Ciudadana, versión local de Transparencia Internacional.
Arévalo despertó enormes expectativas en una sociedad hastiada de la corrupción, azotada por la violencia de las pandillas y del narcotráfico, y donde seis de cada diez guatemaltecos vive en pobreza.
“Indudablemente es una enorme responsabilidad. Pero la gente sabe que no es una tarea que se resuelve de la noche a la mañana”, comentó Arévalo a fines de diciembre.
Un presidente “emboscado”
Durante meses se temió que los embates de la Fiscalía, que incluso allanó sedes del tribunal electoral y decomisó papeletas de votación, impidiera que Arévalo tomara el poder.
En el camino quedaron varios detenidos y exiliados, un pila de acciones legales a favor y en contra de Arévalo, y una batería de sanciones de Washington contra fiscales, jueces, funcionarios y unos 100 diputados a quienes señaló de corrupción y de socavar la democracia.
La Corte de Constitucionalidad debió exigir garantías para el traspaso de mando, e incluso el jueves otorgó un “amparo” a la vicepresidenta electa, Karin Herrera, ante rumores de una orden de captura.
Arévalo afirma que de las primeras cosas que hará como presidente será pedir la renuncia de Porras. Pero los analistas advierten que la ofensiva en su contra está lejos de acabar.
“Van a tener al presidente emboscado, al primer descuido querrán levantar su inmunidad y destituirlo”, afirmó Manfrendo Marroquín, cofundador de Acción Ciudadana.
En su ruta a la investidura, Arévalo tuvo el apoyo decisivo de los jóvenes, muy activos en redes sociales, y los indígenas, históricamente marginados y quienes son el 40% de los 17,8 millones de guatemaltecos.
Durmiendo a la intemperie, grupos de indígenas se mantuvieron más de 100 días frente a la Fiscalía para exigir la renuncia de Porras.
“Tendrá que responder a sus expectativas. Pero no se puede pretender que venga con una varita mágica”, afirmó Rodas.
Vicepresidenta blindada de detenciones
Una Corte de Guatemala blindó este jueves a la vicepresidenta electa, Karin Herrera, de cualquier orden de captura, tras rumores de su aprehensión que impediría la asunción presidencial del socialdemócrata Bernardo Arévalo el domingo.
La Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país, otorgó un "amparo provisional" a favor de Herrera, quien denunció a un juez penal y a un fiscal por el riesgo de que avalaran su captura por daños en la ocupación en 2022 de la universidad pública.
Por este caso, la Fiscalía pidió el 18 de noviembre quitar las inmunidad de Herrera y Arévalo, pero el trámite sigue pendiente de resolverse en la Corte Suprema de Justicia. Ambos son acusados de apoyar la ocupación, que duró más de un año.
"Se ordena a todas las autoridades denunciadas se abstengan de solicitar y autorizar cualquier orden de aprehensión en contra de" Herrera "sin haberse agotado el procedimiento establecido en la ley" sobre la inmunidad, indicó la Corte en un comunicado.
La orden también abarca a "cualquier otro" juzgado.
Desde el miércoles, las redes sociales y la prensa local se inundaron con rumores de la posible emisión de una orden de captura contra Herrera, de 55 años, con la intención de entorpecer el traspaso de mando presidencial.
"La Corte de Constitucionalidad nos otorgó un amparo provisional para confirmar el derecho de antejuicio (inmunidad) de Bernardo Arévalo y mi persona como el binomio presidencial electo, asegurando la transmisión de mando", indicó Herrera en la red social X, antes Twitter.
El cambio de mando está previsto para la tarde del domingo en el Teatro Nacional de la capital, donde el presidente saliente, el derechista Alejandro Giammattei, entregará el cargo tras meses de incertidumbre por acciones de la Fiscalía contra Herrera y Arévalo y el proceso electoral.
"La incertidumbre y desconfianza institucional que han acompañado a Guatemala desde los resultados de las elecciones generales de 2023 deben cesar", escribió en X el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en referencia al amparo.
“La responsabilidad democrática de todas las instituciones es imprescindible para aislar y neutralizar las acciones de boicot y conspiración del Ministerio Público contra la democracia y para desconocer el pronunciamiento del pueblo”, sentenció.
