Washington. El candidato socialdemócrata Bernardo Arévalo denunció “una escalada de persecución política” de cara al balotaje presidencial del 20 de agosto en Guatemala, durante una conversación este miércoles con el grupo de reflexión estadounidense Atlantic Council.
El país más poblado de Centroamérica vive días de tensión desde la primera vuelta electoral del 25 de junio debido a la petición de la fiscalía de suspender la personalidad jurídica del partido Semilla, de Arévalo, quien se enfrentará a Sandra Torres, también socialdemócrata.
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El fiscal Rafael Curruchiche solicitó al juez Fredy Orellana ordenar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la suspensión de Semilla. Ambos fueron sancionados por Estados Unidos, que los considera actores “corruptos y antidemocráticos”.
Arévalo explicó que no pudo viajar a Washington, sede del Atlantic Council, porque se les informó de la posibilidad de “entre 12 y 16 órdenes de detención que se suponía que iban a ser emitidas contra los miembros” del partido Semilla. Denunció que se trata de “una escalada de persecución política que estamos sufriendo en este momento”.
Añadió que es “descaradamente ilegal” ya que contraviene lo decidido por el Tribunal Constitucional y el TSE, que apoyaron claramente la celebración del balotaje.
Para Arévalo, esta campaña de desgaste judicial busca distraer e impedir que pueda “salir a hablar con la gente”. Subrayó que están seguros de que no hicieron nada malo.
La victoria electoral de Arévalo en junio sorprendió a propios y extraños. Él la atribuye a que “fue una elección que de alguna manera cataliza al pueblo guatemalteco para traducir la protesta latente contra la corrupción en una protesta activa”.
Su gran prioridad si gana el 20 de agosto es “eliminar la corrupción” para poder “rescatar las instituciones”. Sin embargo, tendría que lidiar con un Congreso de mayoría conservadora, un escollo que no le parece insalvable. “Ya hemos identificado una serie de actores y partidos en el Congreso con los que podríamos cooperar probablemente en torno a una agenda común”, declaró sin mencionar cuáles.
Además, “los incentivos para mantener las fuerzas corruptas... van a cambiar”, lo que podría provocar “una reorganización de las fuerzas” en el legislativo, vaticinó.
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