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Los bienes confiscados al Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae) por el Ministerio de Gobernación de Nicaragua el lunes 25 de setiembre, ascienden a $20 millones, según informó el diario opositor Confidencial.
Además informaron este miércoles, que incluyen las pérdidas del terreno, edificios académicos y administrativos, residencias para estudiantes y equipos, entre otros.
Aparentemente, una fuente vinculada alIinstituto, que prefirió mantenerse en el anonimato, reveló a Confidencial que el valor del campus en libros asciende a “aproximadamente $20 millones, aunque es posible que su valor de mercado y costo de reposición sean incluso mayores”.
Además, precisó que el terreno tiene una extensión de 667.350 metros cuadrados, equivalentes a 95.31 manzanas. En el lugar hay edificios académicos, administrativos y de servicios, cafetería, comedores y residencias con capacidad para 200 estudiantes.
“Esos edificios están dotados con equipos varios, muchos de los cuales fueron financiados por agencias internacionales de cooperación y donantes empresariales de Centroamérica y América del Sur”, agregó la fuente vinculada al Incae.
Ante esta situación, el Instituto emitió un comunicado a los medios de comunicación en el que asegura que seguirá “desarrollando sus actividades habituales de formación e investigación en el campus Walter Kissling Gam, en Costa Rica, y continuará trabajando sin descanso para cumplir con su misión”.
¿Por qué el gobierno de Daniel Ortega confiscó bienes del Incae?
El Ministerio de Gobernación de Nicaragua canceló, el lunes 25 de setiembre, la personería jurídica y confiscó los bienes del Instituto por el supuesto incumplimiento de las obligaciones conforme la ley, según la publicación del Acuerdo Ministerial 106-2023-OSFL publicado en La Gaceta, Diario Oficial N.° 172.
Entre los argumentos de las suspensión están la no presentación de estados financieros de 2020, 2021 y 2022, además que “se detectaron inconsistencias” en los estados financieros del periodo 2015-2019 y la obstaculización del control y vigilancia de la Dirección de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación.
El Acuerdo Ministerial, emitido el 22 de setiembre y publicado el pasado lunes, señala también que se incumplieron los requisitos legales establecidos para la recepción de donaciones y no se registraron como agentes extranjeros.
Agrega que “al no cumplir sus obligaciones, no promovieron políticas de transparencia en la administración de los fondos, desconociéndose la ejecución de sus proyectos y si fueron acorde a sus objetivos y fines, por los cuales se les otorgó personalidad jurídica y registro”.
Respecto al destino de los bienes muebles e inmuebles, el Acuerdo Ministerial, firmado por Amelia Coronel Kinloch, ministra de Gobernación, indica que corresponderá a la Procuraduría General de la República “realizar el traspaso inmediato de estos a nombre del Estado de Nicaragua”.
Hasta el momento, el gobierno de Daniel Ortega clausuró 28 universidades y más de 3.500 organismos sin fines de lucro (OSFL), según informó el diario La Prensa. Entre los casos más destacados resaltan la tensa relación del presidente con la Iglesia Católica tras la cancelación de la personalidad jurídica a la Compañía de Jesús, el más reciente de los hechos.
Al menos dos colegios pagados en Managua, el Loyola y el Centroamérica, eran manejados por la Compañía de Jesús, la misma orden a la que pertenece el papa Francisco, quien en su momento expresó preocupación por la situación en la nación centroamericana.
