EscucharCiudad de Guatemala. Grupos de manifestantes bloquearon este lunes tramos carreteros en Guatemala para exigir la renuncia de la fiscal general acusada de fraguar un supuesto golpe de Estado para impedir que asuma el presidente electo, el socialdemócrata Bernardo Arévalo.
Las agrupaciones, en su mayoría indígenas y campesinas, mantienen cerrados al menos 17 tramos de importantes carreteras del país, como la Interamericana, y las que conducen a las fronteras de México, El Salvador y Honduras, según la estatal dirección general de protección y seguridad vial.
Los allanamientos en la sede del tribunal electoral para secuestrar las actas de las elecciones pasadas, el pedido para quitar los fueros a los magistrados de ese organismo e intentar cancelar el partido Semilla de Arévalo han provocado preocupación y rechazo en la comunidad internacional.
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Las manifestaciones y bloqueos fueron convocados por los alcaldes comunales de los 48 cantones del departamento de Totonicapán, al oeste de la capital, para pedir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras. Al llamado se han sumado otros sectores.
Los manifestantes también bloquearon dos ingresos a Ciudad de Guatemala y protestarán en la sede del Ministerio Público (Fiscalía).
Además, las entidades piden la separación de los cargos del fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, quienes mantienen una cruzada legal considerada como un “golpe de Estado” por el presidente electo.
Los tres funcionarios están incluidos en una lista de “actores corruptos” y antidemocráticos de Estados Unidos.
La embestida legal comenzó después de que Arévalo quedara segundo en las elecciones generales el 25 de junio y pasara a un balotaje que ganó el 20 de agosto a la ex primera dama, Sandra Torres.
El viernes y sábado fiscales bajo el mando de Curruchiche y con una orden de Orellana, entre forcejeos, se incautaron las actas electorales, provocando una enérgica condena de Estados Unidos, que señaló que “socava” la transición pacífica del poder.
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En un comunicado, los 48 cantones aseguran que la medida se debe a que los funcionarios judiciales han tomado “acciones arbitrarias que atentan contra la democracia y autonomía del pueblo y su orden constitucional”.
La Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, España, la Unión Europea y organizaciones internacionales han expresado su rechazo a la persecución penal por considerar que atenta contra la democracia y la gobernabilidad de esta nación.
Ante los bloqueos, el Ministerio del Interior aseguró en un comunicado que instruyó a la Policía Nacional Civil a utilizar la fuerza para disolver las medidas, aunque deben hacer un análisis para no “poner en riesgo la integridad física de quienes intervengan”.
