EscucharWashington. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este miércoles los abusos en el uso de la fuerza durante el estado de excepción en El Salvador y pidió al gobierno del presidente Nayib Bukele que lo derogue, señalando que “no puede convertirse en parte de su política de seguridad permanente”.
Al menos 73.000 personas fueron detenidas entre el 27 de marzo de 2022 y noviembre de 2023, de las cuales a la gran mayoría se le impuso prisión preventiva, según el informe de la CIDH sobre el país.
La Comisión recibió denuncias de violaciones a los derechos humanos, que incluyen detenciones ilegales y arbitrarias sistemáticas, allanamientos ilegales de moradas, abusos en el uso de la fuerza y violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes.
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El organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) citó otros atropellos, como la demora en el control judicial de las detenciones, los abusos en la imposición de la prisión preventiva, las audiencias judiciales masivas y las limitaciones al derecho de defensa.
Además, indicó que dispone de información que apunta a la posible muerte de entre 189 y 200 personas privadas de libertad.
El gobierno de Bukele reaccionó señalando que “el informe destaca que el régimen de excepción ha sido una medida esencial” para proteger a los salvadoreños, pero afirmó que tiene “problemas metodológicos” y “falta de transparencia en su elaboración”.
Bukele, en el poder desde 2019, libra una guerra contra las pandillas bajo un régimen de excepción vigente desde 2022, decretado con apoyo del Congreso en respuesta a una escalada de violencia, que llevó a la detención de decenas de miles de presuntos pandilleros.
La CIDH afirma que los datos publicados por el Estado sobre una mejora en la seguridad ciudadana demostrarían que la situación de emergencia fue superada y, por lo tanto, no se justifica mantener la suspensión de derechos y garantías.
El informe insta a El Salvador a restablecer los derechos y adoptar medidas para abordar las causas y consecuencias de la criminalidad desde una perspectiva integral.
La CIDH también afirmó que este mecanismo excepcional no puede convertirse en parte de una política de seguridad permanente.
El comisionado presidencial de Derechos Humanos de El Salvador, Andrés Guzmán, señaló en un comunicado que el país analizará las recomendaciones del informe y que cualquier posible violación a los derechos humanos es y seguirá siendo gestionada a través de los mecanismos institucionales, como la fiscalía y los tribunales.
Guzmán también afirmó que tanto la CIDH como la ONG Cristosal, una de las principales fuentes del informe, reciben financiación de las mismas entidades, lo que plantea un conflicto de interés que socava la credibilidad de la Comisión.
